CCOO incrementa las movilizaciones para exigir al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos en la Administración del Estado

El sindicato mantiene la campaña que inició en junio y anuncia nuevas concentraciones en Granada, Sevilla, Cádiz y Málaga, como continuación de las protestas que pusieron en marcha con tres convocatorias llevadas a cabo en Madrid y que se extenderán al resto de provincias durante las próximas semanas, ante los flagrantes incumplimientos.

CCOO ha anunciado la continuación de la campaña ‘Cumple sin recortes’, que el sindicato puso en marcha a finales de junio para denunciar los retrasos en la ejecución de los acuerdos firmados por el Gobierno en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE), y que acumulan más de un año y medio de demora. Entre otros, destacan los recortes salariales por la no aplicación del IV Convenio Único para el personal laboral, la dejadez en la ejecución de las Ofertas de Empleo Público y de estabilización, la paralización de la negociación del III Plan de Igualdad, la distribución de los fondos adicionales 2018-2020 o el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público mediante la Ley de Función Pública AGE.

“Llevamos tres meses evidenciando estos graves y vergonzosos incumplimientos porque, además de los derechos del personal público, se está poniendo en riesgo la prestación de servicios públicos y, por tanto, la garantía de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos”, señala José Manuel Vera, secretario general del sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO. “Nos sentimos engañados por el Gobierno cuando se dilata sin justificación el desarrollo de las medidas que comprometemos”

Para el sindicato, la lista de contenido a negociar no concluye ahí. “Es urgente poner en marcha la jubilación anticipada parcial a partir del 1 de enero de 2021, ya que fue un aspecto clave para alcanzar un acuerdo en el IV Convenio Único, y a tres meses de esa fecha no tenemos ningún borrador a la vista”, lamenta Vera. CCOO considera imprescindible incorporar otras negociaciones que se han convertido en inaplazables, como la regulación del teletrabajo.

“A todo esto se suma el jarro de agua fría que recibimos la semana pasada con los comentarios de algún miembro del Gobierno sobre la posible congelación salarial en 2021. Cuando todavía no hemos recuperado el 14 % de pérdida de poder adquisitivo acumulado desde 2008, vuelven los recortes sobre el personal que, entre otros servicios públicos esenciales, tramita el IMV, los ERTE y los subsidios de empleo del hogar, atiende la reinserción en centros penitenciarios, o investiga vacunas y nuevos test para la detección de la COVID-19,”, denuncia Vera.

CCOO recuerda que, además de las concentraciones presenciales que ha realizado en Madrid los días 26 de junio y 9 y 30 de julio, convocó varias jornadas de huelga en el Ministerio de Cultura y ha llevado a cabo protestas a través de las redes sociales. “Planteamos asuntos que preocupan al personal de la Administración del Estado, como el empleo público, el desarrollo de la carrera profesional, la prevención de riesgos laborales o los incrementos retributivos”. El sindicato llevará ahora sus demandas por todo el territorio, continuando las movilizaciones en Granada el 21 de septiembre y Sevilla el 1 de octubre.

En referencia a la comunicación de CSIF y UGT, que anunciarán hoy la convocatoria de acciones por el Convenio Único, CCOO entiende que es positivo que se sumen ahora a esta visibilización del conflicto, y recuerda que ha ofrecido al resto de organizaciones sindicales unirse a la plataforma puesta en marcha, pues considera que es imprescindible abordar el total de incumplimientos del Gobierno, en lugar de desviar la atención únicamente hacia uno de ellos.

 El Área Pública de CCOO rechaza una congelación salarial para más de tres millones de empleadas y empleados públicos

El sindicato exige a la ministra de Política Territorial y Función Pública un mínimo de respeto institucional y rechaza el modelo de diálogo social que pretende recuperar de tiempos pasados: primero informar a través de los medios de comunicación de lo que pretende hacer y, posteriormente, como hechos consumados, trasladarlo a las mesas de negociación.

CCOO exige respeto institucional y abrir de manera inmediata la negociación del III Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y Condiciones de Trabajo, así como abrir una negociación real de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2021 y rechaza la congelación salarial de las empleadas y empleados públicos, una noticia filtrada por el Gobierno al diario El País, entendemos que para caldear el ambiente al mismo tiempo que se posicionan ante los PGE con el retraso de la edad de jubilación real.

Para el Área Pública de CCOO, es imprescindible la negociación ya del III Acuerdo, en el que las retribuciones, el empleo y las políticas de igualdad y prevención son materias irrenunciables. Las empleadas y empleados públicos han hecho un grandísimo esfuerzo por garantizar el mantenimiento de los servicios públicos durante la pandemia producida por la covid-19 y no merecen el desprecio del Gobierno.

Es urgente recuperar el poder adquisitivo y el empleo público perdidos, ampliar las plantillas y acometer las medidas necesarias para su rejuvenecimiento, así como el desarrollo de la clasificación profesional. El Gobierno tiene una deuda con las empleadas y empleados públicos en materia salarial arrastrada desde la anterior crisis económica de 2008 que debe ser compensado.

No es de recibo -y así lo trasladaremos en el día de hoy a la reunión que nos han convocado para la negociación del teletrabajo en las administraciones públicas- el modelo de negociación que se pretende reinstaurar, del que no compartimos ni las formas ni el fondo.

CCOO no entiende un diálogo social que se hace a golpe de titular de prensa. Rechazamos la escasa voluntad de diálogo que manifiesta el equipo gubernamental de Función Pública, más preocupado por gestiones de malabarismos institucionales que por garantizar y asentar las condiciones de vida y trabajo de más de 3 millones de trabajadoras y trabajadores públicos.

Respecto al teletrabajo, para el sindicato lo primero es garantizar la prestación de los servicios públicos de manera presencial y no admitiremos una rebaja en las condiciones de trabajo, incluidos los aspectos de compensación, en los casos donde de manera excepcional se pueda llevar a cabo la modalidad de teletrabajo.

CCOO exige que se inicie ya la negociación de una normativa sobre teletrabajo en la función pública con las mismas garantías y derechos que para el resto de las personas trabajadoras

Es falso que la ministra de Política Territorial y Función Pública haya convocado a los sindicatos para la regulación del teletrabajo en la función pública.

Ante las noticias aparecidas en los medios de comunicación respecto a la convocatoria por parte del Ministerio de una reunión el 16 de septiembre para negociar la nueva normativa sobre el teletrabajo en el ámbito de la función pública, queremos aclarar que esa convocatoria no existe.

Al parecer, en dicha fecha se ha convocado a una mesa de la comisión de seguimiento de un acuerdo en la Administración General del Estado para la regulación del teletrabajo en la situación de nueva normalidad por la covid-19, un acuerdo que, por cierto, CCOO no firmó por claras deficiencias en su contenido y que ahora se han puesto de manifiesto. Esta comisión no tiene competencia alguna en materia de negociación que afecte al conjunto de las administraciones públicas.

Desde el Área Pública de CCOO seguimos insistiendo a Función Pública para que convoque de manera urgente a los sindicatos presentes en la mesa general para la negociación y regulación del teletrabajo en el ámbito del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), de tal forma que su entrada en vigor sea paralela a la de la nueva normativa sobre teletrabajo para el conjunto de las personas trabajadoras. Además, advertimos que en su contenido tiene que contemplar, al menos, las mismas garantías y derechos que las que se establezcan para el resto de las personas trabajadoras.

El personal laboral de las administraciones públicas está afectado por la normativa laboral y no puede quedar al margen de la negociación, y el personal funcionario no merece el desprecio de Función Pública por no iniciar la regulación.

CCOO, primer sindicato en la Mesa General de las Administraciones Públicas, vuelve a exigir que se abra la negociación ya. Es inadmisible que se esté cerrando la negociación del Anteproyecto de Ley del Teletrabajo en la legislación laboral y que ni siquiera se haya iniciado en la función pública. Por todo ello desde el sindicato insistimos en la convocatoria para que pueda salir a la vez y en los mismos términos, con las particularidades propias de las administraciones públicas, que lo que se cierre en el Anteproyecto de Ley.

Día Internacional de los Servicios Públicos: las personas y el planeta por encima del beneficio

Hoy más que nunca, desde FSC-CCOO destacamos el papel de los servicios públicos como garantes de todo Estado social democrático y de derecho. Porque no hay desarrollo sin unos servicios públicos adecuados capaces de llegar en todo momento a quienes más lo necesitan. No puede haber estados fuertes sin unos servicios públicos fuertes.

Hoy, 23 de junio, celebramos el día Internacional de los Servicios Públicos promovido por las Naciones Unidas, como viene siendo habitual desde 2002

Si algo ha puesto de manifiesto la pandemia del Covid-19 en los 180 países que estamos enfrentando la pandemia es la necesidad de contar con unos servicios públicos bien estructurados y fuertes, con plantillas adecuadas para hacer frente a cualquier tipo de circunstancia. Si no somos capaces de contener la pandemia, puede estar en peligro el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030.

Las políticas de austericidio implementadas durante la crisis de 2008 en Europa han puesto de manifiesto, durante la actual, cuestiones que veníamos denunciando las y los trabajadores públicos: la precariedad en los sistemas de salud, la insuficiencia de las plantillas o de medios adecuados para poder prestar con dignidad adecuados servicios para la ciudadanía.

Así, queremos rendir homenaje a las miles de trabajadoras y trabajadores de lo público que, ante circunstancias tan adversas, han sabido poner soluciones frente al caos y la incertidumbre generados durante los primeros días de la pandemia. Personal técnico y administrativo de los servicios de empleo, SEPE, de Seguridad Social, Hacienda, Justicia, etc. que aun en estas condiciones excepcionales, han llegado a trabajar incluso en su tiempo libre, para que la administración no se paralizase y la ciudadanía pudiese seguir teniendo acceso a estos servicios esenciales, como el cobro de prestaciones, ayudas, atención telefónica o cualquier tramitación necesaria.

Vosotras y vosotros sois imprescindibles

Desde FSC-CCOO, junto con la Federación Europea de Servicios Públicos (EPSU) vamos a seguir luchando por la estabilización en el empleo, por la necesaria reducción de la temporalidad, especialmente en los servicios esenciales, y por el incremento de las plantillas en condiciones adecuadas. Necesitamos consolidar la negociación colectiva y el diálogo social en todos los ámbitos de la función pública. Las recetas a más servicios públicos no pueden salir de las externalizaciones y privatizaciones.

Necesitamos plantillas renovadas, necesitamos que los servicios públicos sean garantes de transformación de la sociedad y den nuevas oportunidades a las mujeres y hombres jóvenes del futuro.

Además, los servicios públicos tienen que ser esenciales en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de 2030. Solo a través de los servicios públicos seremos capaces de caminar hacia una transición justa en un futuro que, necesariamente, estará impregnado de políticas verdes.

La letra pequeña del "teletrabajo" en la AGE

Adjuntamos la Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública publicada ayer, 17 de junio, con el rechazo de CCOO, así como NOTA INFORMATIVA que explica la realidad de la modalidad de trabajo no presencial.

Es evidente que la Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública -que regula, entre otras materias la modalidad de trabajo no presencial (el teletrabajo, sin nombre)-aprobada ayer, 17 de junio, con el rechazo de CCOO está generando confusión. Las dudas son aún mayores con las explicaciones que los firmantes -Gobierno, UGT, CSIF y CIG- están dando a los medios de comunicación cuando el personal comprueba que esas explicaciones no encajan con el texto publicado.

Vamos a tratar de dar respuesta de forma clara a las principales preguntas que están apareciendo sobre el teletrabajo-llamémoslo así para entendernos- aunque el texto sólo habla de modalidad de trabajo no presencial-, en la Administración del Estado.

¿Qué personal público puede acogerse a esta modalidad de trabajo?

En principio, todo el personal -no sólo colectivos vulnerables, personal con menores o mayores a su cargo- podría teletrabajar.

Pero hay tantos condicionantes que, en la práctica, lasposibilidades son muy limitadas. Estas son algunas de estas excepciones recogidas en el texto que no pueden obviarse:

• La modalidad ordinaria de prestación de servicios es la presencial.
• Se articulará, por la persona titular de cada centro directivo, en aquellos puestos de trabajo cuya naturaleza lo permita y en aquellas modalidades de jornada cuyo cumplimiento no requiera la presencia física. No se configura como derecho de los trabajadores y las trabajadoras.
• Las trabajadoras y los trabajadores con menores o mayores a su cargo, así como los pertenecientes a colectivos definidos en cada momento por las autoridades sanitarias competentes como grupos vulnerables para la COVID-19, únicamente tendrán prioridad, no es una medida dirigida en exclusiva a esos colectivos.
• Si ambos progenitores o responsables son personal público en activo no podrán disfrutar de esta medida de forma coincidente.

¿Cuánto tiempo de la jornada se puede teletrabajar?

Si la persona titular del centro directivo considera que el puesto es susceptible de teletrabajo, si el trabajador o la trabajadora quiere, se dan tres supuestos distintos:

• Hasta un 20% de la jornada semanal -1 día a la semana o 1,5 horas diarias, por ejemplo- será una posibilidad para el personal que esté en modalidad presencial.
• Un máximo del 80%de la jornada semana -por ejemplo 4 días en semana- para el personal que, en general, sean de modalidad no presencial.
• Desde el 80% al 100% de la jornada semanal -podrían incluso no acudir físicamente al centro- paracolectivos considerados vulnerables, con menores de 14 años o personas mayores a su cargo.

¿Pierde derechos el personal que teletrabaja?

El texto recoge alusiones generales al mantenimiento de derechos. Sin embargo, esto tiene letra pequeña. A continuación algunos ejemplos:

• ¿Se pierden retribuciones? No se asegura que la Administración proporcione los medios-ordenador, conexión a internet, software…- para teletrabajar. Si se obliga al personal a sufragar esos gastos, supone una clara merma salarial. ¿Qué pasará cuando si se estropea tu ordenador? Tendrás que pagar la reparación para seguir trabajando.
• Se aclara que no puede haber menoscabo de la jornada y horario, pero no se prohíbe superarla. ¿Cómo se delimitan estos horarios y se hace el control, de forma que se garantice el derecho a la desconexión? La realidad es que estás a disposición de la Administracióntodo el día y todos los días.
• No hay ninguna referencia a la normativa de prevención de riesgos laborales, ¿cómo se asegura su cumplimiento? ¿Es tu silla adecuada? ¿Y tu mesa? ¿Tienes mayor cansancio y dolor muscular?
• Si se produce un accidente en el periodo de teletrabajo, ¿qué derechos tiene el trabajador o la trabajadora?

¿Hasta cuándo se aplica esta regulación “excepcional”?

Es de aplicación durante lo que se ha llamado “nueva normalidad”, que finalizará cuando se determine el fin de la crisis sanitaria producida por la COVID-19. Una circunstancia que puede suceder en meses o en años, por lo que estamos convirtiendo lo excepcional en indefinido.

Todo esto en un escenario que, como venimos viendo, cambia casi a cada semana. CCOO propusimos revisar y actualizar periódicamente, en función de la situación epidemiológica y sanitaria.

Resumiendo:

Para una duración desconocida, se regula de forma supuestamente de forma excepcional el teletrabajo de forma que:

• Es la persona titular del centro directivo quien determina si se puede o no teletrabajar. No se genera un derecho para el personal, ni siquiera para colectivos vulnerables o con menores o mayores a cargo.
• Hay materias importantes que no se reflejan en el texto lo que va a significar recorte de derechos: gastos de los medios; horarios y desconexión; prevención de riesgos… etc.

El teletrabajo necesita una regulación urgente, y no este parche.

Función Pública utiliza la nueva normalidad para eliminar derechos del personal público de la AGE

• CCOO rechaza la firma del acuerdo que sale adelante gracias al apoyo de UGT, CSIF y CIG

TEMAS

• COVID-19

Nota informativa

Esta noche hemos tenido la última reunión para abordar las medidas organizativas a adoptar en la nueva normalidad en la Administración General del Estado. Una negociación compleja, por la metodología que viene imponiendo la Administración, con reuniones e intercambios de borradores en tres días, y por el contenido restrictivo de derechos que se plantea.

CCOO hemos logrado incluir algunos aspectos que vienen a mejorar la propuesta inicial de la Administración.

• Flexibilidad horaria. Aunque no se recupera totalmente la Instrucción de jornada y horarios, queda bastante claro en la redacción que es la persona trabajadora quien adaptará el horario para evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas a los centros de trabajo.
• Turnos de trabajo. Se determina el consentimiento como elemento ante cualquier modificación con respecto al turno que se viniera desarrollando previamente.
• Necesidades del servicio. Se elimina su incidencia arbitraria en el total del documento, limitando su aplicación estrictamente a lo recogido en el EBEP.
• Teletrabajo. Se garantiza su carácter voluntario -que deberá constar por escrito- y reversible. Sin embargo, se pierde la oportunidad de establecer temporalmente unas características mínimas para su desempeño: no discriminación por razón de sexo, dotación de medios por la Administración o compensación económica, garantía de condiciones retributivas, jornada definida y sin disponibilidad, mecanismos para asegurar que se cumplen los requisitos de seguridad y salud, y comunicación con la representación sindical, entre otros.

En este sentido, hay múltiples elementos que añaden incertidumbre y que limitan los derechos de las empleadas públicas y los empleados públicos.

• No hay limitación de su vigencia. Se vincula a la declaración de pandemia, por lo que su duración puede ir desde semanas a años. CCOO entendemos que, visto lo cambiante de la situación sanitaria y epidemiológica, es esencial acotar su caducidad y revisar su contenido periódicamente.
• No garantiza la seguridad en los centros de trabajo de atención al público. Hemos insistido en la necesidad de garantizar la seguridad de las empleadas y empleados públicos ante la situación de incertidumbre en la apertura de estos centros, limitación de aforos y control de la cita previa, entre otros. El propio Gobierno sabe que existe problema de seguridad –especialmente en organismos como el SEPE o el INSS- cuando anuncian que pedirán a los ayuntamientos la colaboración de las policías locales y, sin embargo, se niegan a adoptar medidas. CCOO no puede ser cómplice de ese despropósito.
• No dota de medios para el teletrabajo, ni establece compensaciones económicas. CCOO hemos recordado que esto supone una pérdida salarial. Es indecente plantear que el personal perteneciente a grupos vulnerables y con menores, mayores, dependientes, personas con discapacidad a cargo -colectivos prioritarios para el teletrabajo- si quieren permanecer “voluntariamente” en situación de actividad no presencial tendrán que financiar los medios para trabajar, sin compensación, indefinidamente.
• No garantiza la recuperación de la negociación colectiva. Se establece para los trabajadores y trabajadoras la actividad presencial como ordinaria y, sin embargo, la Administración restringe la participación de las organizaciones sindicales a una persona representante, consolidando un modelo de reuniones de negociación en que se siente cómoda, y que redunda en una pérdida del derecho de representación del personal público.

Ante esta lista de elementos que entendemos inadmisibles, CCOO nos oponemos a esta resolución, que sale adelante con el apoyo de UGT - incluso lo ha manifestado en una nota previa a la última reunión- así como de CSIF y CIG. Entendemos que ha sido una oportunidad perdida para regular de manera excepcional, transitoria y temporal el teletrabajo; para garantizar la seguridad de los trabajadores y trabajadoras de las oficinas de atención al público y que dota a la Administración de un instrumento para perpetuar la pérdida de derechos laborales en la AGE sin fecha de caducidad.

CCOO denuncia que el Gobierno comienza con los recortes al personal público

El sindicato anuncia su rechazo y el inicio de movilizaciones, y lamenta que, más de un año después de la entrada en vigor del IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, el Gobierno niegue a 40.000 trabajadoras y trabajadores la actualización de sus nóminas y el abono de los atrasos acumulados, que supondrían unos 35 millones de euros.

.CCOO denuncia que el Gobierno está incumpliendo el IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado (AGE), que entró en vigor en mayo de 2019 tras tres años de negociación. Ni las mejoras retributivas, que venían a iniciar la recuperación después de una pérdida de poder adquisitivo superior al 14 % desde 2008, ni otras mejoras laborales comprometidas se están aplicando, lo que supone una grave vulneración de derechos del personal afectado, alrededor de 40.000 empleadas públicas y empleados públicos.

Después de más de un año, no se ha concluido la adaptación y encuadramiento de los puestos al nuevo sistema de clasificación profesional, algo que debería haber sido prácticamente automático”, manifiesta José Manuel Vera, secretario general de FSC-CCOO en la AGE. “Esta ha sido la excusa que ha esgrimido hasta ahora el Gobierno para no actualizar las tablas retributivas y abonar atrasos acumulados desde el 1 de enero de 2019”. El sindicato lamenta que, tras haber impulsado el avance de ese encuadramiento, se informe de la falta de disponibilidad presupuestaria y acusa al Gobierno de falta de lealtad con su personal.

La representación de Hacienda ha alegado en la reunión mantenida este martes que la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 y 2020 y la consiguiente prórroga por dos veces de los correspondientes a 2018, hacen imposible llevar a cabo las medidas económicas acordadas. CCOO reitera que el Gobierno ha tenido tiempo suficiente para habilitar una partida destinada a la mejora salarial plasmada en las tablas retributivas, como se ha hecho con otros colectivos, por lo que manifiesta su absoluto rechazo a este nuevo obstáculo.

El sindicato defiende los logros alcanzados con la firma del Convenio, y lamenta esta nueva muestra del desprecio del Gobierno por el personal laboral de su propia Administración. “Parece que hay empleadas públicas y empleados públicos que no son una prioridad, como tampoco lo son los servicios públicos que prestan. Se ha dejado pasar más de año para afirmar ahora que el dinero comprometido se ha usado para otras partidas”, denuncia Vera.

CCOO exige la inmediata recuperación de este presupuesto, para que el personal laboral vea actualizadas sus retribuciones. “En un momento como el actual, añadir incertidumbre sobre cuándo se pagarán los atrasos de más de un año es un varapalo para estas trabajadoras y trabajadores públicos, y supone una pérdida de confianza en las intenciones del Gobierno”, concluye Vera, que no descarta movilizaciones cuando finalice el estado de alarma.