Comisión Paritaria Extraordinaria IV Convenio Único: CCOO rechaza la firma a un acuerdo de encuadramiento incompleto

• Se abandona a más de mil personas que no percibirán los beneficios del Convenio

Hoy, 28 septiembre, ha continuado la reunión de la Comisión Paritaria Extraordinaria que quedó interrumpida a mediados de junio para pronunciarse sobre la propuesta de encuadramiento de la Administración. Una propuesta que CCOO ha rechazado porque no recoge a todo el personal del Convenio Único.

Tras año y medio desde la firma del convenio, se retrasa aún más la decisión final para más de 1.000 trabajadores y trabajadoras que quedarán pendientes de su futura clasificación tras meses de espera y ello sin causa justificada.

Los trabajadores y trabajadoras afectados han sido ignorados por los firmantes, tratados como números y segregados del resto, añadiendo más incertidumbre a su situación y el hartazgo lógico. La Administración no quiere aclarar sicobrarán los atrasos al tiempo que el resto del personal laboral, no hay garantías de que esta nueva espera sirva para un encuadramiento mejor del que pueda resultar, no hay garantías de que puedan ejercer otros derechos en igualdad de condiciones que el resto y al mismo tiempo.

No hay argumentos a favor para creer que la Administración vaya a ser ágil en su compromiso de resolver esta situación cuanto antes y ello porque ha hecho méritos más que suficientes para restar la credibilidad de sus compromisos.

Además, algunos de los puestos encuadrados tampoco lo son conforme a las propuestas de CCOO, para éstos, defendemos un encuadramiento en grupo profesional distinto coincidiendo o mejorando los Acuerdos de las Subcomisiones Paritarias de los Departamentos Ministeriales, ya que fueron propuestos “a la baja”.

Pero no son estas las únicas deficiencias del encuadramiento. Los puestos vacantes o los ocupados por personal temporal no han sido objeto de encuadramiento. ¿Qué significa esto? Ni más ni menos que la Administración, cuando convoque esos puestos, podrá hacerlo con la especialidad que considere conveniente.

No se puede alardear de firmar un Acuerdo justificado en el hecho de que Hacienda cumpla con lo que debiera haber hecho hace tiempo. No es ningún logro que nos den lo que es nuestro, lo que ya estaba pactado. El abono de las retribuciones y atrasos acumulados tenía que haberse hecho efectivo en el año 2019, poco después de la entrada en vigor del IV Convenio Único, pero, por lo expuesto, no podemos asegurar nada hasta que el dinero esté en los bolsillos de todos y todas. “Presuntamente” será, según la Administración, antes de la finalización del año 2020.

No podemos compartir, en definitiva, una demora en un Acuerdo que, en calidad, no responde a su elevada tardanza ni compensa el freno que ha supuesto en la aplicación del Convenio Único. Sin duda el retraso en la aplicación de las retribuciones pactadas es uno de estos elementos, pero no el único. La puesta en marcha del concurso de traslados abierto y permanente; la revisión del sistema de retribuciones complementarias; los cambios a personal funcionario o, muy especialmente, la falta de noticias y garantías sobre la aplicación de la jubilación anticipada parcial, son tan importantes o más y dejan claras las pretensiones dela Administración.

CCOO hemos anunciado un voto particular que se anexará al acta de la reunión explicando los motivos. Un Acuerdo muy cuestionado que representantes de la Administración en algunos Departamentos no comparten y tampoco el sindicato CIG. Pero, como venimos denunciando, el nivel de incumplimiento de los Acuerdos en la AGE es extremo y, por ello, CCOO, llevamos meses movilizándonos y realizando concentraciones en numerosas provincias.

Ahora otros sindicatos han anunciado también movilizaciones para “teatralizar” su interés por los trabajadores y trabajadoras; sin embargo, está por ver en qué quedan esos anuncios tras la firma de hoy.

Desde CCOO seguimos exigiendo el cumplimiento del Convenio Único en todos sus aspectos y hay cuestiones que no admiten más demora: el personal que el 1 de enero de 2021 cumpla los requisitos puede solicitar la jubilación parcial desde el día 1 de octubre y la Administración se niega a negociar cómo se hace efectivo este derecho. Igualmente seguimos reclamando el cumplimiento de todos los acuerdos firmados para el personal de la AGE y, por eso continuamos con las movilizaciones.

 CCOO denuncia graves retrasos en la incorporación de 20.000 trabajadores y trabajadoras en la Administración del Estado

El sindicato exige la inmediata negociación de la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2020 y reclama al Gobierno celeridad a la hora de desarrollar las convocatorias, que se demoran más de dos años desde la firma del acuerdo a la toma de posesión, con un grave riesgo de colapso de los servicios públicos.

CCOO denuncia la paralización que sufren las Ofertas de Empleo Público (OEP) aprobadas por el Gobierno para la Administración General del Estado, y que supondrían la incorporación de casi 20.000 trabajadores y trabajadoras, la estabilización de más de 5.000 puestos temporales y la promoción de más de 14.000. El sindicato advierte del riesgo de colapso que se está produciendo en los servicios públicos, que ha perdido 43.000 empleadas y empleados públicos en los últimos 10 años.

“La destrucción de empleo en la Administración del Estado se acerca al 20 %, una situación agravada por las nulas OEP entre 2010 y 2014, y el establecimiento de las tasas de reposición, que han frenado el mantenimiento de una plantilla que ahora se demuestra como indispensable para tramitar el IMV, los ERTE y los subsidios de empleo del hogar, vigilar y cuidar de reclusos y reclusas en centros penitenciarios, o investigar vacunas y nuevos test para la detección de la COVID-19, entre otros servicios públicos esenciales”, recuerda José Manuel Vera, secretario general del sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO. “Esto afecta directamente a la garantía de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos”.

CCOO advierte de que se están produciendo multitud de casos “terribles” cuando parte de las personas que han superado los procesos selectivos se encuentra en situación de desempleo, con una oposición aprobada desde hace meses y sin percibir ingresos de ningún tipo. “El Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Arqueología es un ejemplo escandaloso, porque deriva de la OEP de 2017. Hasta marzo de 2020, casi tres años después, no se publicó la lista de aspirantes que han superado las pruebas, y desde entonces estas 13 personas están a la espera de elegir destino e incorporarse a la Administración”.

Una situación similar se produce en lo referente a los cuerpos administrativo y auxiliar. “La convocatoria de las ofertas de 2018 y 2019 se acumuló para, supuestamente, agilizar los procesos. Ha pasado casi un año desde la realización del primer ejercicio, y estos 4.000 aspirantes aprobados siguen esperando para su incorporación, cuando en este momento serían indispensables en el SEPE o la Seguridad Social, entre otros”.

El sindicato lamenta que el Gobierno opte por privatizar servicios públicos en lugar de desarrollar en un plazo razonable las OEP e incorporar a personal público. “En este momento hay 19.792 plazas de ingreso libre comprometidas entre 2018 y 2019 que no avanzan, cuando alrededor de la mitad de los procesos ya cuenta con aspirantes que han superado las pruebas selectivas, y llevan meses esperando la selección de destinos y la publicación de sus nombramientos”, recuerda Vera.

Pero los problemas del empleo público en la Administración del Estado no quedan ahí. CCOO recuerda que los procesos de promoción interna y estabilización del empleo público de carácter temporal también continúan frenados. “Cuando aprobamos 14.131 plazas de promoción interna es porque detectamos una necesidad de personal con mayor cualificación para realizar tareas concretas. No es de recibo que el personal, que ya trabaja en la Administración, ha superado las pruebas selectivas y en su mayor parte no tiene que elegir destino, sufra aún más demora que los procesos de ingreso libre”, evidencia Vera.

En cuanto a la estabilización, “a la que nos obliga la Unión Europea por la alta temporalidad”, el retraso es tan grave que existe riesgo de caducidad de las ofertas, que suman 5.390 puestos. “El propio Gobierno se ha visto obligado a ampliar el plazo de tres años para evitar esta situación”.

Esta denuncia se enmarca en la campaña de movilizaciones que CCOO inició en junio para exigir al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos firmados en la Administración General del Estado. El sindicato considera injustificables los retrasos, en muchos casos superiores al año y medio, y mantiene un calendario de concentraciones que, tras las de Madrid y Granada, se replicarán en Ferrol, Cádiz, Málaga, Albacete, Sevilla y, de nuevo, Madrid. Entre otros, aluden a los recortes salariales por la no aplicación del IV Convenio Único para el personal laboral, la ausencia de avances respecto a la jubilación anticipada parcial, la paralización de la negociación del III Plan de Igualdad, la no publicación del protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, las deficiencias en la ejecución de la distribución de los Fondos Adicionales 2018-2020 o el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público mediante la Ley de Función Pública AGE.

 CCOO consigue un acuerdo de teletrabajo que asegura los derechos de 3 millones de empleadas/os públicos y garantiza la prestación presencial de los servicios

El acuerdo se ratificará el próximo lunes en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.

El sindicato ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, tras intensas jornadas de negociación, para la modificación del EBEP que regula el teletrabajo en las administraciones públicas. El acuerdo será ratificado el lunes 21 de septiembre en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas..

El texto final incluye muchas de los puntos fundamentales para el sindicato, que ha defendido que la modalidad de teletrabajo nunca puede suponer la no prestación presencial de los servicios públicos o una limitación en el acceso a ellos por parte de la ciudadanía. Para CCOO era absolutamente imprescindible que el teletrabajo no pudiera suponer, en ningún caso, una merma en los derechos (individuales o colectivos) de las empleadas y empleados públicos, una reducción en el empleo o pudiera dar lugar a privatizaciones o externalizaciones. Además, debían quedar salvaguardadas las garantías en materia de salud laboral, protección de datos y derecho a la desconexión digital.

Todas estas cuestiones se contemplan en la propuesta de nuevo artículo, junto con la voluntariedad y reversibilidad, los criterios objetivos en el acceso y la necesidad de salvaguardar la igualdad entre hombres y mujeres.

CCOO considera un gran logro del sindicato en la negociación que se explicite que los medios tecnológicos y su mantenimiento deben correr a cargo de la administración.

También queda recogida en el texto final la necesidad de que la regulación de esta modalidad para un sector concreto debe ser fruto de una negociación colectiva específica. El sindicato ha pedido al Ministerio de Política Territorial y Función Pública que inste al resto de administraciones, tanto estatales como autonómicas, a que inicien inmediatamente las negociaciones sobre esta cuestión en sus respectivos ámbitos.

Para CCOO, no obstante, quedan aspectos que clarificar y trabajar, como la regulación negociada de las circunstancias excepcionales.

El sindicato considera imprescindible que se ponga encima de la mesa un calendario y se inicie inmediatamente la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado y de un III Acuerdo para la mejora del empleo y las condiciones de trabajo de las empleadas y empleados públicos que permita avanzar en temas como el empleo, la estabilidad de las plantillas, los derechos laborales y la recuperación del poder adquisitivo perdido en estos años.

CCOO incrementa las movilizaciones para exigir al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos en la Administración del Estado

El sindicato mantiene la campaña que inició en junio y anuncia nuevas concentraciones en Granada, Sevilla, Cádiz y Málaga, como continuación de las protestas que pusieron en marcha con tres convocatorias llevadas a cabo en Madrid y que se extenderán al resto de provincias durante las próximas semanas, ante los flagrantes incumplimientos.

CCOO ha anunciado la continuación de la campaña ‘Cumple sin recortes’, que el sindicato puso en marcha a finales de junio para denunciar los retrasos en la ejecución de los acuerdos firmados por el Gobierno en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE), y que acumulan más de un año y medio de demora. Entre otros, destacan los recortes salariales por la no aplicación del IV Convenio Único para el personal laboral, la dejadez en la ejecución de las Ofertas de Empleo Público y de estabilización, la paralización de la negociación del III Plan de Igualdad, la distribución de los fondos adicionales 2018-2020 o el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público mediante la Ley de Función Pública AGE.

“Llevamos tres meses evidenciando estos graves y vergonzosos incumplimientos porque, además de los derechos del personal público, se está poniendo en riesgo la prestación de servicios públicos y, por tanto, la garantía de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos”, señala José Manuel Vera, secretario general del sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO. “Nos sentimos engañados por el Gobierno cuando se dilata sin justificación el desarrollo de las medidas que comprometemos”

Para el sindicato, la lista de contenido a negociar no concluye ahí. “Es urgente poner en marcha la jubilación anticipada parcial a partir del 1 de enero de 2021, ya que fue un aspecto clave para alcanzar un acuerdo en el IV Convenio Único, y a tres meses de esa fecha no tenemos ningún borrador a la vista”, lamenta Vera. CCOO considera imprescindible incorporar otras negociaciones que se han convertido en inaplazables, como la regulación del teletrabajo.

“A todo esto se suma el jarro de agua fría que recibimos la semana pasada con los comentarios de algún miembro del Gobierno sobre la posible congelación salarial en 2021. Cuando todavía no hemos recuperado el 14 % de pérdida de poder adquisitivo acumulado desde 2008, vuelven los recortes sobre el personal que, entre otros servicios públicos esenciales, tramita el IMV, los ERTE y los subsidios de empleo del hogar, atiende la reinserción en centros penitenciarios, o investiga vacunas y nuevos test para la detección de la COVID-19,”, denuncia Vera.

CCOO recuerda que, además de las concentraciones presenciales que ha realizado en Madrid los días 26 de junio y 9 y 30 de julio, convocó varias jornadas de huelga en el Ministerio de Cultura y ha llevado a cabo protestas a través de las redes sociales. “Planteamos asuntos que preocupan al personal de la Administración del Estado, como el empleo público, el desarrollo de la carrera profesional, la prevención de riesgos laborales o los incrementos retributivos”. El sindicato llevará ahora sus demandas por todo el territorio, continuando las movilizaciones en Granada el 21 de septiembre y Sevilla el 1 de octubre.

En referencia a la comunicación de CSIF y UGT, que anunciarán hoy la convocatoria de acciones por el Convenio Único, CCOO entiende que es positivo que se sumen ahora a esta visibilización del conflicto, y recuerda que ha ofrecido al resto de organizaciones sindicales unirse a la plataforma puesta en marcha, pues considera que es imprescindible abordar el total de incumplimientos del Gobierno, en lugar de desviar la atención únicamente hacia uno de ellos.

 El Área Pública de CCOO rechaza una congelación salarial para más de tres millones de empleadas y empleados públicos

El sindicato exige a la ministra de Política Territorial y Función Pública un mínimo de respeto institucional y rechaza el modelo de diálogo social que pretende recuperar de tiempos pasados: primero informar a través de los medios de comunicación de lo que pretende hacer y, posteriormente, como hechos consumados, trasladarlo a las mesas de negociación.

CCOO exige respeto institucional y abrir de manera inmediata la negociación del III Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y Condiciones de Trabajo, así como abrir una negociación real de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2021 y rechaza la congelación salarial de las empleadas y empleados públicos, una noticia filtrada por el Gobierno al diario El País, entendemos que para caldear el ambiente al mismo tiempo que se posicionan ante los PGE con el retraso de la edad de jubilación real.

Para el Área Pública de CCOO, es imprescindible la negociación ya del III Acuerdo, en el que las retribuciones, el empleo y las políticas de igualdad y prevención son materias irrenunciables. Las empleadas y empleados públicos han hecho un grandísimo esfuerzo por garantizar el mantenimiento de los servicios públicos durante la pandemia producida por la covid-19 y no merecen el desprecio del Gobierno.

Es urgente recuperar el poder adquisitivo y el empleo público perdidos, ampliar las plantillas y acometer las medidas necesarias para su rejuvenecimiento, así como el desarrollo de la clasificación profesional. El Gobierno tiene una deuda con las empleadas y empleados públicos en materia salarial arrastrada desde la anterior crisis económica de 2008 que debe ser compensado.

No es de recibo -y así lo trasladaremos en el día de hoy a la reunión que nos han convocado para la negociación del teletrabajo en las administraciones públicas- el modelo de negociación que se pretende reinstaurar, del que no compartimos ni las formas ni el fondo.

CCOO no entiende un diálogo social que se hace a golpe de titular de prensa. Rechazamos la escasa voluntad de diálogo que manifiesta el equipo gubernamental de Función Pública, más preocupado por gestiones de malabarismos institucionales que por garantizar y asentar las condiciones de vida y trabajo de más de 3 millones de trabajadoras y trabajadores públicos.

Respecto al teletrabajo, para el sindicato lo primero es garantizar la prestación de los servicios públicos de manera presencial y no admitiremos una rebaja en las condiciones de trabajo, incluidos los aspectos de compensación, en los casos donde de manera excepcional se pueda llevar a cabo la modalidad de teletrabajo.

CCOO exige que se inicie ya la negociación de una normativa sobre teletrabajo en la función pública con las mismas garantías y derechos que para el resto de las personas trabajadoras

Es falso que la ministra de Política Territorial y Función Pública haya convocado a los sindicatos para la regulación del teletrabajo en la función pública.

Ante las noticias aparecidas en los medios de comunicación respecto a la convocatoria por parte del Ministerio de una reunión el 16 de septiembre para negociar la nueva normativa sobre el teletrabajo en el ámbito de la función pública, queremos aclarar que esa convocatoria no existe.

Al parecer, en dicha fecha se ha convocado a una mesa de la comisión de seguimiento de un acuerdo en la Administración General del Estado para la regulación del teletrabajo en la situación de nueva normalidad por la covid-19, un acuerdo que, por cierto, CCOO no firmó por claras deficiencias en su contenido y que ahora se han puesto de manifiesto. Esta comisión no tiene competencia alguna en materia de negociación que afecte al conjunto de las administraciones públicas.

Desde el Área Pública de CCOO seguimos insistiendo a Función Pública para que convoque de manera urgente a los sindicatos presentes en la mesa general para la negociación y regulación del teletrabajo en el ámbito del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), de tal forma que su entrada en vigor sea paralela a la de la nueva normativa sobre teletrabajo para el conjunto de las personas trabajadoras. Además, advertimos que en su contenido tiene que contemplar, al menos, las mismas garantías y derechos que las que se establezcan para el resto de las personas trabajadoras.

El personal laboral de las administraciones públicas está afectado por la normativa laboral y no puede quedar al margen de la negociación, y el personal funcionario no merece el desprecio de Función Pública por no iniciar la regulación.

CCOO, primer sindicato en la Mesa General de las Administraciones Públicas, vuelve a exigir que se abra la negociación ya. Es inadmisible que se esté cerrando la negociación del Anteproyecto de Ley del Teletrabajo en la legislación laboral y que ni siquiera se haya iniciado en la función pública. Por todo ello desde el sindicato insistimos en la convocatoria para que pueda salir a la vez y en los mismos términos, con las particularidades propias de las administraciones públicas, que lo que se cierre en el Anteproyecto de Ley.