MUFACE firma un nuevo concierto, para garantizar la asistencia sanitaria a sus mutulistas, beneficiarios y beneficiarias.

 Hoy se firma el nuevo concierto de MUFACE, mutualidad enargada de la gestión de la asistencia sanitaria para los funcionarios y funcionarias de la Administración General del Estado, aproximadamente un total de un millón quinientos mil personas, por un importe total de 2.191 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,62% (114 millones) con respecto al concierto anterior. El concierto se firmará con las siguientes sociedades, DKV, ADESLAS, ASISA, IMQ.

Cuales son las novedades del nuevo concierto sanitario: El concierto, se basa en tres ejes: modernización de la gestión, incorporación de nuevas prestaciones y flexibilidad en la gestión, todo ello en aras a mejorar la asistencia a los mutualistas. Primer eje: modernización de la gestión Desde el punto de vista de la modernización de la gestión, se introduce la posibilidad de que el asegurado pueda identificarse ante su entidad no sólo con una tarjeta sanitaria sino mediante cualquier otro medio que facilite la entidad. Esta novedad abre la puerta a los nuevos sistemas de identificación digital (usuario y contraseña, acceso por huella, certificado descargado en dispositivo móvil, etc), que facilitará el uso de aplicaciones de telemedicina y un contacto más ágil para el mutualista con la entidad aseguradora de adscripción.

Se establece un comparador de medios en la Web de MUFACE que permita al mutualista elegir aseguradora sobre la base de información actualizada y comparable de los recursos sanitarios ofrecidos por cada entidad. Se obliga a las entidades a publicar en sus Webs las prestaciones y servicios adicionales, con indicación de su contenido y condiciones, de manera que se difunda activamente este beneficio para los mutualistas. En un intento de mejorar la calidad en la prestación sanitaria, en el concierto 2020/21 se crea una carpeta personal de salud del mutualista y el establecimiemto del catálogo digital.

 Segundo eje: Incoprotación de prestaciones sanitarias aprobadas por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Soical para la Cartera Básica del SNS. Financiación de las técnicas de reproducción humana asistida a colectivos de mujeres solas y mujeres lesbianas, una vez sea publicada la Orden, ya aprobada en el Consejo Interterritorial de Salud, por el Ministerio deSanidad. En relación a las prestaciones ortoprotésicas, se incluyen en la Cartera Básica las prótesis de mama externas, prótesis de restauración facial (prótesis oculares, de nariz, pabellones auriculares y maxilares), audífonos, cribado poblacional de cáncer de cérvix,micropigmentación de la areola y pezón en pacientes mastectomizadas, lectores ópticos para pacientes con imposibilidad de comunicación como secuela de determinadas enfermedades neurológicas, lentes de contacto para niños con afaquia por catarata congénita (previo a la implantación de la lente intraocular), y, por último, la inclusión de pruebas antigénicas rápidas para el diagnóstico del estreptococo A. Estas prestaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2020. Asimismo, se va a financiar el tratamiento del cáncer mediante protonterapia, según las indicaciones que apruebe el Ministerio de Sanidad.

Esta novedad entrará en vigor el 1 de enero de 2020, siempre que los centros hospitalarios en que se vaya a prestar (Clínica Quirón y la Clínica Universitaria de Navarra) tengan ya disponibles sus instalaciones en esa fecha. En la Cartera de Servicios especializada se incluye la posibilidad de que la derivación a sesiones de psicoterapia pueda indicarse por un oncólogo, y no únicamente por un psiquiatra, con el fin de que la asistencia en los procesos oncológicos seaintegral. Se especifica la obligación de las entidades de financiar sondas especiales y productos de ostomía. Tercer eje: En relación con la introducción de fórmulas de flexibilidad en la gestión. En cuanto a los medios de la entidad, se mantiene la garantía de accesibilidad a los mismos, como derecho del mutualista, en los términos tradicionales. La novedad que se añade es que si no existieran medios privados o públicos, se facilitará priorizando criterios de cercanía al domicilio del mutualista, asumiendo el coste del transporte. Si existen medios, pero no concertados, la Entidad se obliga a facilitar el acceso a alguno de los existentes y, si así no lo hiciera, el beneficiario podrá acudir a los facultativos o centros de su elección. Lo que implica, en caso de insuficiencia de medios en el nivel correspondiente, que se elimina la preferencia de medios privados sobre los públicos que había en el concierto anterior, de modo que no hay que justificar que no hay medios privados para ir a públicos.

 En definitiva, el objetivo de esta medida es ofrecer los servicios que resulten más idóneos. Se sustituye la obligación de ofertar medios en el municipio más cercano por la de hacerlo priorizando la cercanía al domicilio del paciente, y pagando en todo caso el transporte. El medio, también aquí, debe ser el más idóneo, dentro de los cercanos al domicilio, y no exclusivamente el del “municipio más próximo”, con la garantía de que el trasporte será a cargo de la entidad. Asimismo, se incorpora expresamente como garantía el derecho del mutualista a acudir al centro de su elección, en caso de que la entidad no oferte un medio adecuado. Se incluyen mejoras de la atención primaria en régimen domiciliario en municipios menores de 20.000 habitantes, que se prestará bajo cita previa y siempre en un plazo no superior a 48 horas. En atención primaria se sustituye la exigencia cuantitativa de profesionales sanitarios por una garantía de servicio.

En caso de incumplimiento, rige el derecho del mutualista a acudir al centro de su elección a expensas de la entidad. Se penaliza la trasferencia de riesgos y compensa a las entidades receptoras de pacientes muy costosos. De esta forma, cuando en procesos asistenciales en curso la entidad de origen del paciente desconcierta un medio asistencial, la entidad de origen del paciente soportará el gasto derivado del tratamiento hasta el inicio del siguiente periodo de cambio. Con respecto a la utilización de medios no concertados, se incluye que en situaciones de urgencia vital en las que la entidad está obligada a pagar la asistencia de medios no concertados, será ésta quien deba realizar las gestiones ante el proveedor para el pago directo y evitar así la facturación al mutualista y los trámites de reembolso Saludando las mejoras y el trabajo realizado por MUFACE, desde CCOO creemos que el incremento presupuestario de los conciertos vigentes, deberá transladarse en una mejora importante en las prestaciones y esperamos que esta nueva subida presupuestaria del 4,5% continúe mejorando la cartera y calidad de los servicios.

 Los y las mutualistas de MUFACE, deben ser tratados por las diferentes sociedades médicas en igualdad de condiciones y con el mismo trato que cualquier otro usario de los servicios. No obstante, reitera la necesidad de recuperar la totalidad de las prestaciones y derechos que fueron recortados por la crisis económica, que eran prestaciones que tendían a equiparar las posibles diferencias que los y las mutualistas tenemos respecto a los usuarios del sistema nacional de salud.

                                                    NOTA INFORMATIVA
                          ACUERDO ESTABILIZACIÓN EMPLEO EN LA AGE

 El miércoles, 11 diciembre, CCOO hemos conseguido poner en marcha los procesos de estabilización del empleo temporal en la Administración General del Estado durante 2019, exigencia que planteamos a la Secretaría de Estado de Función Pública en nuestra concentración del 7 de noviembre. Un desarrollo que llega con un injustificable retraso, ya que estos procesos se comprometieron en el I Acuerdo de mejora del empleo público y condiciones de trabajo, de marzo de 2017, y se ampliaron en el II Acuerdo, de marzo de 2018.

 Buena parte de las medidas que gobernarán la estabilización dan respuesta a los criterios que CCOO planteamos desde el primer momento. Sin embargo, otras cuestiones han quedado aparcadas por una Administración más pendiente de recordarnos que va a estabilizar el empleo sin estar obligada -con una actitud conformista y remarcando que la AGE no supera el 8 % de temporalidad-, que interesada en hacer uso de una herramienta que corrija la perversión del abuso de empleo temporal que lleva años fomentando en nuestro ámbito. Esta actitud se percibe desde la negociación del preámbulo, donde ha costado que se haga una referencia exigida por CCOO a que estos procesos no pueden suponer pérdida de empleo. Es más, lo recogen como una mera “intención”. En el desarrollo del Acuerdo, se garantiza un concurso de traslados previo a la oferta de puestos en los ámbitos en que se justifique su necesidad, con especial mención al SEPE.

Se respeta la propuesta de CCOO, un concurso restringido al personal del propio organismo, orientado a la movilidad geográfica y con peso de la antigüedad como mérito principal. No sin recelo, se admite nuestro planteamiento de incluir en esta posibilidad al personal laboral. De nuevo encontramos una inexplicable resistencia a remitir de forma expresa a la negociación de la oportunidad de llevar a cabo estos concursos. No sin dificultad, CCOO conseguimos garantizar que el personal laboral que desarrolla el trabajo pueda participar en el proceso selectivo cuando la aplicación del encuadramiento del IV Convenio Único requiera una titulación superior a la exigida en el momento en que se accedió al puesto.

 En lo referente a la aplicación de la normativa específica en aquellos ámbitos que cuenten con ella, apartado en que se apunta al contenido relativo a los procesos selectivos en el marco de la Ley de la Ciencia o el personal estatutario, este planteamiento nos pone en alerta ante las posibles consecuencias, y la necesidad de articular medidas para impedir una extralimitación más allá de su estricto cumplimiento; advertimos que, si se produce esa extralimitación, defenderíamos los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en los tribunales. En cuanto al personal estatutario, CCOO entendíamos que no estaba de más una remisión a sus propios ámbitos de participación -esto es, las mesas delegadas correspondientes-, pero se deriva a una próxima reunión sobre las estructuras de negociación. CCOO seguimos insistiendo en la pérdida de oportunidad que supone mantener las convocatorias con idéntica naturaleza jurídica cuando se desarrollan funciones de personal funcionario, así como de incluir al personal laboral fuera de convenio en el IV Convenio Único. Como se ha venido produciendo durante todo el proceso de negociación, Administración y resto de organizaciones sindicales parecen cómodos con enfrentar al personal a este doble proceso selectivo.

 Los criterios para el desarrollo de los procesos selectivos, que durante la negociación se han planteado como comunes para todos los puestos, aparecen ahora únicamente para personal funcionario. De pronto, la Administración separa al personal laboral de la vía que se venía desarrollando, y nos cuesta abrir la redacción del Acuerdo para incluir una referencia a la filosofía recogida para personal funcionario, que venga a cerrar las incertidumbres que ahora planean. Así, logramos fijar una graduación en la valoración de los méritos profesionales en función del tiempo de trabajo desarrollado y la Administración Pública o sector de actividad, de manera que únicamente se permita alcanzar la puntuación máxima cuando el trabajo se desarrolle en la AGE. Será necesario continuar esta discusión en los ámbitos de negociación del personal laboral. Queda también recogida nuestra exigencia en lo referente a la coincidencia de los procesos selectivos, medida que CCOO consideramos esencial para prevenir una posible concurrencia que genere desigualdad de oportunidades y para evitar que los puestos ofertados queden vacantes por la obtención de una o un aspirante de varias plazas.

El Acuerdo recoge expresamente que al menos una prueba será coincidente, preferentemente la primera. CCOO, en la línea expuesta en el preámbulo, hemos insistido en que no podemos permitir que se produzca pérdida de empleo público como consecuencia del desarrollo de la estabilización. Aunque no es la manera que nos gustaría -entendemos que partir de la creación previa de las vacantes nos sitúa en un escenario de mayor garantía-, se establece una nueva convocatoria o su incorporación en el “real decreto escoba”, que recogerá además los puestos que continuamos identificando y continúan pendientes de certificación.

Finalmente, CCOO seguimos manifestando que no admitimos que se usen vacantes para la creación de los puestos que así lo requieran. Como es habitual, la culpa se aleja, en este caso al tejado de la CECIR, que procederá como considere oportuno -sin transparencia y sin participación sindical-. Advertimos de las situaciones que esto puede generar en las RPT de algunos organismos, pero no parece que haya intención de adoptar una posición lógica por más que recordemos que estas plazas ya cuentan con dotación presupuestaria. Aunque reconocemos ciertos avances, los planteamientos que recoge la Administración no coinciden plenamente con las propuestas que CCOO entendemos que deben gobernar estos procesos. Sin embargo, un importante número de cuestiones serán objeto de discusión en la Comisión de seguimiento, que terminará de definir estos procesos, así como en los correspondientes ámbitos de negociación de personal laboral. Consideramos, por tanto, que no es posible renunciar a continuar defendiendo lo que entendemos lógico y avalamos el Acuerdo con el compromiso de mantener nuestros criterios como garantía para las personas aspirantes que participen en los procesos de estabilización.

Logramos poner en marcha la Estabilización, la firma del Acuerdo es necesaria para garantizar su desarrollo

El Acuerdo presentado por la Administración recoge buena parte de las cuestiones que CCOO habíamos exigido, recordamos que la negociación sobre los procesos de estabilización se retomaron después de nuestra concentración del 7 de noviembre, tras cuatro meses sin reuniones al respecto. Conseguimos así nuestra exigencia de impulsar los procesos antes de que termine 2019. 

12/12/2019.

TEMAS

• EMPLEO PÚBLICO

Acuerdo sobre los procesos de estabilización en la AGE

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Este miércoles, 11 diciembre, CCOO hemos conseguido poner en marcha los procesos de estabilización del empleo temporal en la Administración General del Estado durante 2019, exigencia que planteamos a la Secretaría de Estado de Función Pública en nuestra concentración del 7 de noviembre. Un desarrollo que llega con un injustificable retraso, ya que estos procesos se comprometieron en el I Acuerdo de mejora del empleo público y condiciones de trabajo, de marzo de 2017, y se ampliaron en el II Acuerdo, de marzo de 2018.

Buena parte de las medidas que gobernarán la estabilización dan respuesta a los criterios que CCOO planteamos desde el primer momento. Sin embargo, otras cuestiones han quedado aparcadas por una Administración más pendiente de recordarnos que va a estabilizar el empleo sin estar obligada -con una actitud conformista y remarcando que la AGE no supera el 8 % de temporalidad-, que interesada en hacer uso de una herramienta que corrija la perversión del abuso de empleo temporal que lleva años fomentando en nuestro ámbito.

Esta actitud se percibe desde la negociación del preámbulo, donde ha costado que se haga una referencia exigida por CCOO a que estos procesos no pueden suponer pérdida de empleo. Es más, lo recogen como una mera “intención”.

En el desarrollo del Acuerdo, se garantiza un concurso de traslados previo a la oferta de puestos en los ámbitos en que se justifique su necesidad, con especial mención al SEPE. Se respeta la propuesta de CCOO, un concurso restringido al personal del propio organismo, orientado a la movilidad geográfica y con peso de la antigüedad como mérito principal. No sin recelo, se admite nuestro planteamiento de incluir en esta posibilidad al personal laboral. De nuevo encontramos una inexplicable resistencia a remitir de forma expresa a la negociación de la oportunidad de llevar a cabo estos concursos.

No sin dificultad, CCOO conseguimos garantizar que el personal laboral que desarrolla el trabajo pueda participar en el proceso selectivo cuando la aplicación del encuadramiento del IV Convenio Único requiera una titulación superior a la exigida en el momento en que se accedió al puesto.

En lo referente a la aplicación de la normativa específica en aquellos ámbitos que cuenten con ella, apartado en que se apunta al contenido relativo a los procesos selectivos en el marco de la Ley de la Ciencia o el personal estatutario, este planteamiento nos pone en alerta ante las posibles consecuencias, y la necesidad de articular medidas para impedir una extralimitación más allá de su estricto cumplimiento; advertimos que, si se produce esa extralimitación, defenderíamos los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en los tribunales. En cuanto al personal estatutario, CCOO entendíamos que no estaba de más una remisión a sus propios ámbitos de participación -esto es, las mesas delegadas correspondientes-, pero se deriva a una próxima reunión sobre las estructuras de negociación.

CCOO seguimos insistiendo en la pérdida de oportunidad que supone mantener las convocatorias con idéntica naturaleza jurídica cuando se desarrollan funciones de personal funcionario, así como de incluir al personal laboral fuera de convenio en el IV Convenio Único. Como se ha venido produciendo durante todo el proceso de negociación, Administración y resto de organizaciones sindicales parecen cómodos con enfrentar al personal a este doble proceso selectivo.

Los criterios para el desarrollo de los procesos selectivos, que durante la negociación se han planteado como comunes para todos los puestos, aparecen ahora únicamente para personal funcionario. De pronto, la Administración separa al personal laboral de la vía que se venía desarrollando, y nos cuesta abrir la redacción del Acuerdo para incluir una referencia a la filosofía recogida para personal funcionario, que venga a cerrar las incertidumbres que ahora planean. Así, logramos fijar una graduación en la valoración de los méritos profesionales en función del tiempo de trabajo desarrollado y la Administración Pública o sector de actividad, de manera que únicamente se permita alcanzar la puntuación máxima cuando el trabajo se desarrolle en la AGE. Será necesario continuar esta discusión en los ámbitos de negociación del personal laboral.

Queda también recogida nuestra exigencia en lo referente a la coincidencia de los procesos selectivos, medida que CCOO consideramos esencial para prevenir una posible concurrencia que genere desigualdad de oportunidades y para evitar que los puestos ofertados queden vacantes por la obtención de una o un aspirante de varias plazas. El Acuerdo recoge expresamente que al menos una prueba será coincidente, preferentemente la primera.

CCOO, en la línea expuesta en el preámbulo, hemos insistido en que no podemos permitir que se produzca pérdida de empleo público como consecuencia del desarrollo de la estabilización. Aunque no es la manera que nos gustaría -entendemos que partir de la creación previa de las vacantes nos sitúa en un escenario de mayor garantía-, se establece una nueva convocatoria o su incorporación en el “real decreto escoba”, que recogerá además los puestos que continuamos identificando y continúan pendientes de certificación.

Finalmente, CCOO seguimos manifestando que no admitimos que se usen vacantes para la creación de los puestos que así lo requieran. Como es habitual, la culpa se aleja, en este caso al tejado de la CECIR, que procederá como considere oportuno -sin transparencia y sin participación sindical-. Advertimos de las situaciones que esto puede generar en las RPT de algunos organismos, pero no parece que haya intención de adoptar una posición lógica por más que recordemos que estas plazas ya cuentan con dotación presupuestaria.

Aunque reconocemos ciertos avances, los planteamientos que recoge la Administración no coinciden plenamente con las propuestas que CCOO entendemos que deben gobernar estos procesos. Sin embargo, un importante número de cuestiones serán objeto de discusión en la Comisión de seguimiento, que terminará de definir estos procesos, así como en los correspondientes ámbitos de negociación de personal laboral. Consideramos, por tanto, que no es posible renunciar a continuar defendiendo lo que entendemos lógico y avalamos el Acuerdo con el compromiso de mantener nuestros criterios como garantía para las personas aspirantes que participen en los procesos de estabilización.

NOTA INFORMATIVA FONDOS ADICIONALES: UNA MALA CARICATURA DE NEGOCIACIÓN 

Ha costado sacar a la Administración de la sorprendente e injustificada fase de parálisis en la que estaba y del incumplimiento de acuerdos que llevaban firmados más de nueve meses. Ha sido necesario gastar esfuerzo y tiempo exigiéndolo, recurrir al inicio de movilizaciones por parte de CCOO y poner de manifiesto que ese camino colocaba las cosas en clave de conflicto. El trabajo ha servido para desatascar la situación, para que la Administración saliese de su inactividad, pero aquí acaban las bondades del cambio. Función Pública ha despertado, pero lo ha hecho con un desprecio absoluto por los elementos esenciales que debieran guiar una negociación.

 En la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de fondos adicionales se denunciaba por CCOO el lío que está generando la Administración en la aplicación de cada una de las medidas pactadas con cargo a los fondos adicionales. Todas las dirigidas a niveles y complementos específicos mínimos, medidas que pretendía ordenar ese grupo de retribuciones complementarias, se han hecho con criterios equivocados que van a contribuir a desordenar aún más las retribuciones en nuestra Administración. La situación se repite con la que afecta a las Oficinas de atención al público en donde va a ser difícil saber porque unos puestos pasan al nivel 17 y otros se mantienen en el nivel 15.

 Todo se ha transformado en un pequeño caos, un caos interesado y que busca minimizar el gasto, aunque sea a costa de que se pierda toda la coherencia de aquello que se acordó. Para poder perpetrar este despropósito, la Administración anula todo lo que huela a negociación.

 ¿Se discuten los criterios con los que se va a aplicar cada medida con carácter previo? NO. ¿Se proporciona información sobre las modificaciones que se van a realizar con cargo a los fondos adicionales? NO.

¿Se sabe cuánto cuesta cada una de las medidas aplicadas y el número de efectivos o puestos que ha quedado afectado? NO.

Estamos hablando de un fondo finito y concreto. En sus resoluciones, en las de CECIR, la Administración identifica el coste pactado de cada una de las medidas como límite máximo de gasto, pero ¿cuánto nos gastamos realmente? Función Pública y Costes, con desparpajo y sin sonrojo dicen no saberlo. Cuando desde CCOO señalamos esta respuesta como una burla a la inteligencia, terminan aceptando, a regañadientes, que habrá que calcularlo y si no se ha gastado lo que se había comprometido deberá existir un remanente al que se tendrá que dar salida. Lamentable, se mire por donde se mire.

 Preocupante que este bochornoso modelo de negociación no desasosiegue al resto de organizaciones sindicales. Desesperante que esos mismos modos de discusión se pretendan imponer en una de las medidas más importantes del acuerdo de fondos adicionales, como es la medida 3 que debiera ordenar los complementos específicos y dar un primer paso en la configuración de una cierta carrera profesional en el propio puesto en la AGE.

 Esta medida, la que actúa sobre los complementos específicos, se alimenta de fondos correspondientes a 2018, 2019 y 2020. La parte más importante del presupuesto es la de 2020 en donde debería contarse con una cuantía superior a los 15 millones de euros. Pero no, primera imposición de la Administración, solo se va a discutir y a repartir los escasos dos millones que se acumulan para esta cuestión entre el 2018 y 2019. Poco les importa que estemos a pocos días de estrenar el año 2020, es más, todo apunta al interés de demorar la discusión y el reparto del fondo más cuantioso, el que corresponde a 2020, un año más y desvirtuar la medida hasta hacerla irreconocible. La segunda imposición nos deja boquiabiertos. En la propia reunión se nos entrega una tabla de los complementos específicos que se van a utilizar de referencia y se acabó. Ni un solo dato más que acompañe a la tabla. Ni número de efectivos, ni frecuencias de cada uno de los complementos específicos para poder colocar la referencia en el punto más adecuado, nada. Ninguna posibilidad de negociación.

 Los efectos económicos de todas las modificaciones que afecten a niveles 17 e inferiores serán desde el 1 de enero de 2018 y desde el nivel 18 en adelante la revisión se retrotraerá al 1 de enero de 2019. Un nuevo despropósito que vamos a intentar frenar desde CCOO, aunque el nivel de desprecio por la negociación al que ha llegado la Dirección General de Función Pública deja poco espacio para suponerle capacidad de rectificación. Detrás de estas prisas, detrás de estos simulacros de ninguneo hay un interés económico y de reducción del gasto que no nos deben pasar desapercibidos. Estamos en un momento en el que no solo se trata del contenido de los acuerdos, no se trata solo del objeto sobre el que se quiera discutir, se trata primordialmente de los modos, de las formas, de los métodos que se utilicen para concretar el acuerdo o incluso el desacuerdo.
La forma en la que se aborda la negociación en estos momentos por parte de la Administración es insultante y solo puede concebirse como aceptable si lo que se pretende es un modelo de relaciones laborales basado en el vasallaje y en servilismo. Por ese camino, siempre nos van a encontrar enfrente a CCOO, no lo vamos a permitir, no lo vamos a aceptar. Si ese es el modelo, si los aires de modernidad y de cambio van por esa senda, vamos a trabajar todo lo que sea necesario para cambiarla.

CCOO exige ya la subida salarial del 2% acordada para tres millones de empleadas y empleadas públicos

El Área Pública del sindicato reclama que el Gobierno cumpla sin más demoras lo pactado mediante un Real Decreto Ley que garantice el incremento con fecha 1 de enero de 2020.


No valen más excusas. Es hora de actuar. El Gobierno en funciones debe cumplir lo comprometido y debe hacerlo ya, usando si es preciso la fórmula del Real Decreto Ley. Se trata de garantizar que los tres millones de trabajadoras y trabajadores públicos reciban, con fecha 1 de enero de 2020, la subida salarial del 2% comprometida. Por eso desde el Área Pública de CCOO reclamamos que el Gobierno cumpla y que garantice ese 2% ya.

La semana pasada, el ministro de Función Pública en funciones, Luis Planas, dijo que hasta que no se forme un nuevo Gobierno no se llevará adelante esta subida y dejó entrever que podría hacerse con efectos retroactivos desde principios de año para todo el personal al servicio de las administraciones públicas. Sin embargo, desde CCOO rechazamos esta maniobra dilatoria por parte del ministro, que se escuda en que el Ejecutivo actual, en funciones, no puede aprobar esta medida.

Hay razones de urgencia que justifican sobradamente la utilización de la fórmula del Real Decreto Ley. Las empleadas y empleados públicos no pueden seguir soportando la inacción de los dirigentes políticos. Es urgente. Es necesario. Es justo. Es el momento de abandonar las excusas y cumplir para poder #RecuperarLoArrebatado.

Movilización Mundial por el Clima

Movilización Mundial por el Clima

En Madrid está convocada una gran manifestación la tarde del 6 de diciembre

CCOO llama a la ciudadanía a participar en los actos convocados para plantar cara ante la emergencia climática y a sumarse a la movilización mundial que tendrá lugar en Santiago de Chile y Madrid, tras la decisión unilateral del gobierno chileno de cancelar la COP25 y su posterior acogida en España. Leer+

• Cumbre Social por el Clima

CCOO insiste en exigir que se garantice la subida salarial y logra el compromiso de avanzar en los acuerdos ya alcanzados

CCOO insiste en exigir que se garantice la subida salarial y logra el compromiso de avanzar en los acuerdos ya alcanzados

Función Pública dice a CCOO que subirá el sueldo de las y los empleados públicos desde el 1 de enero, cuando se forme Gobierno

El Área Pública de CCOO exige al Gobierno un mayor compromiso con los tres millones de empleadas y empleados públicos y que se garantice el 2% de incrementos retributivos el 1 de enero de 2020, tal y como recoge el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de Trabajo. Leer+

FONDOS ADICIONALES: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.

 22/11/19
 Este jueves, 21 de noviembre, hemos mantenido la segunda reunión de la Comisión de seguimiento del Acuerdo para la distribución de los fondos adicionales 2018-2020, de la que forman parte los sindicatos firmantes del acuerdo CCOO junto a UGT y USO. Pese a los intentos de algún sindicato no firmante, se han puesto sobre la mesa las primeras propuestas para el desarrollo de la carrera profesional.

 La Administración ha abierto el debate sobre los criterios para la normalización de los complementos específicos dentro de cada nivel de complemento de destino, aunque con un importante punto de conflicto: plantea, directa e indirectamente, sacar del Acuerdo a ciertos organismos, por el elevado coste de aplicación de la medida en los mismos. Específicamente se indica como excluido en la propuesta realizada a la AEAT y parece insinuarse, advirtiendo de su elevado coste en relación a Seguridad Social. CCOO hemos manifestado nuestra total oposición a este planteamiento que significaría modificar el texto del acuerdo y el espíritu de su negociación.

Nuestra exigencia para avalar el Acuerdo era que las mejoras retributivas debían aplicarse a todo el personal que cumpliese los requisitos, independientemente del ámbito en que desarrolle su trabajo, así lo recogió el texto suscrito. De seguir adelante con este planteamiento, la Administración traiciona de nuevo los compromisos pactados.

 Respecto al estudio inicial de la administración para la normalización de específicos, aunque podemos coincidir en algunos de los criterios y en la filosofía para determinar los escalones de complementos específicos propiamente dichos, la realidad es que preferimos estudiar los datos con las tablas en la mano, evaluando el volumen de efectivos de que se trata en cada uno. Nuestra intención es elaborar una contrapropuesta que mantenga la necesaria progresividad y al tiempo evite las injustas distorsiones que presenta el cuadro inicial.

 En cuanto a la aplicación del resto de medidas, que como venimos denunciando se van poniendo en marcha con meses de retraso y con una aplicación cuanto menos injusta por parte de la Administración, CCOO planteamos algunas cuestiones que siguen sin respuesta. Con carácter general, consideramos que la interpretación de los criterios para determinar el cumplimiento o no de los requisitos de cada una de las medidas es función de esta Comisión de seguimiento del Acuerdo, y no puede ser potestad exclusiva de la Administración. Más cuando se está llevando a cabo una aplicación restrictiva y cicatera de los compromisos firmados. CCOO entendemos que esto obliga a revisar en este foro cómo se han ejecutado las medidas puestas en marcha hasta ahora, a fin de reordenar las injusticias derivadas de la interpretación unilateral que ha hecho Función Pública.
No encontramos apoyo en la parte social, que acepta este atropello a los derechos del personal. Acerca de la medida 2 -incremento de niveles de complemento de destino y específico mínimos para cada subgrupo-, consideramos que se nos deben entregar las resoluciones de la CECIR para estudiar cómo se está produciendo la aplicación del Acuerdo.

 Parece que la Administración no está por la labor de facilitar este trabajo, que permitiría entre otras cosas comprobar si se ha incluido en la medida al personal de la AEAT -cuestión que la Administración no tiene clara, aunque reconoce que CCOO tenemos razón ya que no hay exclusión previa de ningún organismo-. En este mismo sentido, recordamos que esta medida busca establecer un nuevo nivel y específico de entrada para cada subgrupo.

Aplicar la modificación de los puestos y a continuación convocar plazas con niveles y específicos por debajo de lo acordado es hacerse trampas. Aún mayores distorsiones se producen en la aplicación de la medida 4 -reclasificación a nivel 17 de puestos de trabajo de prestación directa de servicios a la ciudadanía-. Introducen de manera unilateral el criterio de permanencia en un único puesto de trabajo durante el período de dos años inmediatamente anteriores al 1 de enero de 2018. Esto deja fuera al personal que haya ejercido su derecho a la movilidad o promoción profesional, o haya estado en comisión de servicios, entre otros. CCOO recordamos que estos requisitos no figuran en el Acuerdo, que recoge como única exigencia que se hayan ocupación “durante dos años o más, puestos de trabajo de nivel inferior a 17”. Una vez más, nos quedamos solos en la denuncia de lo que consideramos una perversión más de la medida, usando los criterios del Acuerdo de 2006 cuando son del interés de la Administración y mirando a otro lado cuando esas pautas no son de su agrado.

 Finalmente, insistimos en la necesidad de revisar la aplicación de los efectos económicos, en un doble sentido. Primero, cuando sobre un puesto confluyen más de una causa de modificación; consideramos que es de aplicación la medida correspondiente a 2018 independientemente de que también lo sea otra imputable a 2019. No hay nada que justifique la decisión de implementar únicamente una de ellas.

Por otro lado, cuando las cuantías tienen fecha de efectos de 1 de enero de 2018, el importe recogido en el Acuerdo debe ser de aplicación a esa fecha, beneficiándose de los incrementos previstos en el II Acuerdo para la mejora del empleo público -un 0,25 % en julio de 2018, un 2,25 % en enero de 2019 y un 0,25 en julio de 2019-. Las tablas que aprueba la CECIR adjudican esa cuantía a 1 de enero de 2019, lo que reduce en un 2,5 % las retribuciones firmadas. Aquí la Administración no es que tenga otro criterio, es que ni entiende qué se le está planteando. CCOO terminamos la reunión exigiendo el compromiso de que se ponga en conocimiento de esta Comisión la información sobre el total de las medidas aplicadas, de manera que tengamos datos fiables sobre el grado de ejecución y adecuación al contenido del Acuerdo firmado con el Gobierno socialista.

NOTA INFORMATIVA ESTABILIZACIÓN: COMISIÓN TÉCNICA DE TEMPORALIDAD Y EMPLEO
21/11/19
Tras el parón que llevábamos en materia de estabilización ayer, 20 de noviembre, se volvió a reanudar el proceso de discusión. La Administración traía algunas propuestas que tenía pendientes, en un intento de superar los obstáculos que ella misma ha venido creando en las reuniones anteriores. La pretensión era avanzar de una manera definitiva en esta cuestión pero lo cierto es que el desorden con el que se aborda la discusión por parte de Función Pública, la cantidad de cuestiones que quedan en claroscuro o con sobre entendidos peligros, dificulta clarificar definitivamente todo lo que afecta a la estabilización. Se acepta que existan concursos de provisión de puestos con carácter previo a la resolución del proceso de estabilización.

 Estos concursos de traslados se concretarán en aquellos ámbitos en donde se entiendan necesarios y en donde existan factores específicos que los justifiquen. Está meridianamente clara su aplicación en el SEPE pero no tiene por qué ser el único ámbito. Encima de la mesa se han colocado las situaciones de IIPP, de la AEAT, del IMSERSO y alguna otra. Habrá que determinar si son necesarios o no y con ello cerrar su convocatoria. En el concurso se recogerán los puestos a estabilizar y la resolución del proceso selectivo que conlleve la estabilización se realizará sobre la base del conjunto de plazas que queden vacantes tras la asignación de destinos de dicho concurso.

 En el tiempo, resolución del concurso de traslados y del proceso selectivo será simultánea. Se tratará de un concurso “dirigido” y por lo tanto orientado al organismo o departamento en donde se encuentran las vacantes. Sobre este concurso no caben dudas a la hora de configurarlo para el personal funcionario, más quimérico se demuestra si lo que se pretende es arbitrarlo para personal laboral en donde la falta de cierre en lo afecta al encuadramiento se transforma en una dificultad que la Administración casi la considera insuperable.

 Por fin, se marca la necesidad de que Concurso, los procesos para dotar de estructuralidad al Personal Indefinido No Fijo, los que correspondan a la Oferta Libre y los que correspondan a la Oferta de Estabilización, deben de coincidir en el tiempo. No solo las convocatorias, también el inicio del proceso selectivo con el objetivo de conseguir el marco más razonable posible y evitar niveles excepcionalmente competitivos. Hay planteamientos alrededor de estas cuestiones que desde CCOO no podemos compartir. Como hay concurso, ¿significa que se van a crear todas las plazas que sean necesarias? No. Tienen el empeño de no crear las plazas hasta que no se haya resuelto la convocatoria de estabilización. Lo lógico sería crearlas en estos momentos, nombrar a todo el personal interino que no esté ocupando ya una vacante como interino por vacante y desde dicha situación abordar el resto de procesos.

La Administración no lo acepta y cuidado, en esa negativa se maneja la hipótesis de que no se cubran la totalidad de las plazas, situación en la que, de no existir la vacante, la plaza desaparece. Por parte de CCOO se ha planteado la necesidad de establecer una garantía: No puede existir pérdida de empleo derivado del proceso de estabilización. La Administración no lo compromete y el resto de la parte social parece confiar en que dicha situación no se va a producir. Todo lo que hemos podido arrancar por parte de CCOO en este apartado, es el compromiso de que aquél empleo que no quede cubierto en los procesos de estabilización que ahora se convoquen derivados de los dos reales decretos estabilización publicados (RD 19/2019 y RD 954/2018) quedará nuevamente recogido en el Real Decreto “escoba” que se habilita a través de la Disposición adicional segunda del RD 19/2019. Apoyándose en ese Real Decreto “escoba” la Administración justifica su falta de contestación a cuestiones que en buena lógica debería haberse aclarado hoy.

Fundamentalmente, cuestiones de identificación de empleo a estabilizar que no ha quedado recogido en ninguno de los dos reales decretos antes mencionados. Una situación que afecta, entre otros, al Personal Estatutario del Hospital Gómez Ulla, la Agencia Estatal del Medicamento y Producto Sanitario (AEMPS), al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a Cultura. Eso sí, señalan que de ninguno de estos ámbitos se han dirigido a Función Pública exigiendo analizar la situación de precariedad que les afecta. Se molestan severamente cuando se les indica que no se trata ni de preguntar ni de esperar a que vengan a decirnos la situación existente, se entiende que Función Pública y Costes debería conocerla y tener criterio sobre ello. Pues no. A pesar de llevar estas aclaraciones pendientes desde hace meses, siguen sin saber si tenemos empleo precario susceptible de ser incorporado al proceso de estabilización.

 Pocas cosas más ha sido posible tratar en la reunión de hoy. Alguna pincelada sobre lo que sigue:
a) El proceso selectivo de estabilización deberá parecerse bastante a los procesos de promoción interna.

b) Si las plazas han sido identificadas como de personal funcionario de cuerpos generales, la fase de oposición se gestionará por parte de la Comisión Permanente de Selección y la fase de concurso por el organismo o departamento en donde esté ubicado ese empleo.

c) La forma de estabilización va a respetar los vínculos actuales. Lo que esté como Funcionario a Funcionario, lo que esté como Laboral a Laboral y de estos, lo que esté fuera de convenio a fuera de convenio. No lo compartimos desde CCOO -aunque es cierto que se desprende de los Reales Decretos de Oferta de estabilización- y, especialmente, en relación al personal fuera de convenio, continuaremos defendiendo que la situación ha cambiado con la firma del IV Convenio Único.

d) Para todos los casos, el proceso será de concurso-oposición con una distribución de puntuación del 40%-60% respectivamente.

e) Por último, se cerrarán todos los criterios en este ámbito antes de arrancar con ninguna convocatoria.

Por parte de CCOO se han señalado algunas otras cuestiones que no podemos perder de vista pero que han quedado sin contestación en la reunión de hoy:  En Personal laboral es necesario garantizar la participación de quien ocupa la plaza con independencia de la especialidad que finalmente se recoja para el puesto.  La planificación que se realice debe contemplar el tiempo necesario para una correcta preparación del proceso.  La estabilización debe soportarse en las vacantes que esté ocupadas por el personal interino o temporal existente y cuando éste no esté ocupando una plaza estructural, deberán crearse la misma. No estamos dispuestos a aceptar que la estabilización quede cubierta por otro tipo de vacantes y que con ello queden afectados otros derechos del personal. La próxima reunión para continuar y cerrar todo lo que afecta a los concursos de traslado y empezar con los elementos de logística de las convocatorias ha quedado programada para el próximo 26 de noviembre a las 12 horas.

                                                     NOTA INFORMATIVA

FUNCIÓN PÚBLICA CONVOCA REUNIÓN PARA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO Y DE SEGUIMIENTO DEL ACUERDO DE FONDOS ADICIONALES
18/11/19 

Una de las denuncias más intensas que desde CCOO se ha venido realizando en el último periodo en la Administración General del Estado era la parálisis absoluta del proceso de negociación en nuestro ámbito. 

Una denuncia que formaba parte de los argumentos que justificaba el arranque del proceso de movilizaciones que tuvo su primera acción con la concentración de protesta de delegados y delegadas de CCOO ante la Secretaria de Estado de Función Pública el pasado 7 de noviembre.

Pues bien, si ya esta actuación dio sus frutos con carácter previo obligando a publicar dos de las resoluciones de CECIR pendientes para concretar las medidas pactadas con cargo a los fondos adicionales, nivel y complemento específico mínimo para los grupos C2 y C1, también ha tenido su efecto en la dinamización del proceso negociador.  

Función Pública ha convocado para el próximo miércoles, 20 de noviembre, la Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo con un único punto del orden del día, la estabilización de Empleo y para el día siguiente también ha quedado convocada la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Fondos Adicionales.

No es para estar satisfechos, tanto una convocatoria como la otra llegan con un retraso imperdonable, el trabajo de discusión que está pendiente de realizar en materia de estabilización de empleo o en lo que afecta al reparto de los fondos adicionales debería estar finalizado hace ya algunos meses, pero al menos hemos conseguido sacar estas dos cuestiones y a la propia mecánica de negociación del bloqueo en el que se encontraba por imposición de la Administración. 

Habrá que valorar los contenidos y los tiempos que se desprenda de las dos reuniones convocadas, esperemos encontrar una Administración con voluntad de cerrar ambas cuestiones en clave de consenso y avanzar con ello en las soluciones que es urgente concretar en la AGE. 

Os seguiremos informando tras la conclusión de cada una de las reuniones convocadas.

NOTA INFORMATIVA FONDOS ADICIONALES: TAMBIÉN SE PUBLICA LA RESOLUCIÓN QUE AFECTA AL C1

 06/11/19 La efectividad del proceso de movilizaciones convocado por CCOO está siendo sorprendente. Empieza a rayar en lo cómico si no fuera porque en el fondo lo que aflora es la falta de voluntad política que ha puesto de manifiesto la Dirección General de Función Pública y la Dirección General de Costes durante estos últimos seis meses y el bloqueo que ha conllevado de todas las mejoras retributivas que estaban comprometidas en el Acuerdo de reparto de Fondos Adicionales.
Todo estaba parado. Nada se podía hacer porque no había Gobierno y la prioridad de los órganos de esta Administración en este periodo, era otra. Pues bien, damos un paso adelante desde CCOO, arrancamos con el proceso de movilizaciones, ponemos fecha al primer hito en el conflicto y en cascada se van desbloqueando por parte de la Administración cuestiones que estaban completamente empantanadas.

 Os hicimos conocer recientemente que la resolución de CECIR por la que se aplicaba el Nivel de Complemento de Destino y el Complemento Específico mínimo al grupo C2 había quedado concretada el pasado 31 de octubre. Además, también se ha firmado la resolución por la que se aplica nivel y complemento específico mínimo al grupo C1 y que también quedaba recogida en la medida número 2. En este caso conlleva que todos los puestos adscritos al grupo C1 o a los grupos C1/C2 pasan a tener como referencia mínima un nivel de complemento de destino 16 y un complemento específico de 4.157,93 euros.

 La medida se retrotrae al 1 de enero de 2019 y por lo tanto, más allá de actualizarse las retribuciones de cada puesto comprometido, deberán abonarse los atrasos que correspondan desde dicha fecha. Afecta la medida a todos los puestos que cumplan las condiciones en cualquiera de los organismos y departamentos de la Administración General del Estado. En algunos tiene una especial incidencia por el número de puestos afectados como ocurre con Instituciones Penitenciarias aunque nos vamos a encontrar que su efecto toca a casi la totalidad de los centros salvo a las oficinas de atención al ciudadano cuya características de puestos y de mejora va a través de otra medida.

 El específico que se establece, teniendo en cuenta las diferentes subidas que le afectan, es el siguiente: Medida 2 del Acuerdo AdministraciónSindicatos de 4 de marzo de 2019 Cuantía Mensual enero-junio 2019 Cuantía mensual a partir de julio de 2019 Complemento de Destino de Nivel 16 371,41 372,32 Complemento Específico 296,63 297,36 Pero como decíamos en nuestra nota anterior, si bien ahora parecen querer darse prisa, también es cierto que lo hacen de forma unilateral, aplicando criterios e interpretaciones que recortan lo acordado, despreciando los ámbitos de negociación, despreciando la búsqueda de consensos y poniendo de manifiesto un modelo de relaciones laborales completamente inaceptable. Seguimos con la movilización, el próximo día 7 de noviembre vamos a estar denunciando la situación ante la Secretaría de Estado de Función Pública y seguiremos dando los pasos necesarios hasta conseguir el respeto por los derechos de quienes trabajamos en esta Administración sea una realidad.

Fondos Adicionales: CECIR aprueba la subida de nivel y específico mínimo para el grupo C2

Para todos los puestos adscritos exclusivamente al grupo C2 se establece, como nivel de complemento de destino mínimo, el 14 y un complementos específico mínimo de 4.157,93 euros. Nivel y Específico que deberían revisarse desde el 1 de enero de 2018. Aún quedan pendientes los niveles y específicos mínimos de los grupos C1, A2 y A1.

04/11/2019.

Secretaría de Estado de Función Pública

La convocatoria de movilizaciones planteada por CCOO, que arranca con una concentración ante la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas el próximo 7 de noviembre, ya está dando sus frutos.

La absoluta parálisis en la que se movía la gestión de los diferentes acuerdos en el ámbito de la Administración General del Estado, se va desatascando y, aunque de una forma excesivamente torpe y lenta, se cumplen algunos de los compromisos que estaban pendientes.

Prueba de ello es la resolución emitida por la CECIR el pasado 31 de octubre, en la que se recoge la modificación por la que se debe aplicar el nivel y el complemento específico mínimo al personal funcionario del grupo de titulación C2, en todos los centros de trabajo de la AGE.

Para todos los puestos adscritos exclusivamente al grupo C2, se establece como nivel de complemento de destino mínimo, el 14 y un complementos específico mínimo de 4.157,93 euros. Nivel y Específico que deberían revisarse desde el 1 de enero de 2018.

El cuadro de cuantías mensuales que propone la CECIR, teniendo en cuenta las diferentes subidas salariales y el momento en el que se producen, es el siguiente:

Medida 2 del Acuerdo Admón-Sindicatos de 4 de marzo de 2019	Cuantía mensual Enero-Junio 2018	Cuantía mensual Julio-Diciembre 2018	Cuantía mensual Enero-Junio 2019	Cuantía mensual Julio-Diciembre 2019
Complemento de destino de nivel 14	315,83	316,61	324,54	296,63
Complemento Específico	289,38	323,74	290,10	297,36

Un cuadro en donde se repiten ciertas incongruencias, la principal es la siguiente: La cantidad que se estableció como complemento específico mínimo fue la de 4.152,82 euros. Una cuantía que quedaba referenciada al 1 de enero de 2018 desde el momento en que la medida pactada se retrotraía a dicha fecha. La Administración, CECIR vuelve a jugar con las fechas, los criterios y referencia la cuantía del específico mínimo a enero de 2019 y con ella concreta un ahorro miserable.

En una aplicación razonable del acuerdo, ¿cuáles deberían ser las cuantías?

Medida 2 del Acuerdo Admón-Sindicatos de 4 de marzo de 2019	Cuantía mensual Enero-Junio 2018	Cuantía mensual Julio-Diciembre 2018	Cuantía mensual Enero-Junio 2019	Cuantía mensual Julio-Diciembre 2019
Resolución CECIR	289,38	290,10	296,63	297,36
Interpretación lógica	296,63	297,37	304,06	304,82

La unilateralidad en la interpretación de cualquiera de los acuerdos, en la aplicación de los criterios, sigue estando presente tanto en Función Pública como en la Dirección General de Costes en Hacienda. Una unilateralidad que no debemos permitir y que debe desaparecer. Es inaceptable que en todas las medidas nos estemos encontrando con criterios de aplicación que pretende abaratar la medida aunque sea en cuantías poco significativas. El acuerdo para el reparto de fondos adicionales recoge la existencia de una comisión de seguimiento para solventar todas las incertidumbres que puedan surgir en torno a la aplicación de cualquiera de las medidas y es en esa comisión en donde deben tomarse las decisiones de forma consensuada.

Como veis, son muchas las cuestiones que siguen pendientes; es necesario centrar la atención de la Administración en nuestras justas exigencias y para ello es imprescindible abordar el proceso de movilizaciones oportuno que impida que a la Administración le salgan gratis sus incumplimientos, sus imposiciones y el menosprecio que demuestra por la plantilla de la AGE. El 7 de noviembre, desde CCOO, daremos un primer paso e iniciamos un camino que es necesario para darle la vuelta a la situación.