28 de abril: Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
Para CCOO el derecho a la salud es un derecho fundamental que ha de ser promovido con singular intensidad desde el Estado, siendo ejemplares con sus servidores públicos y tener la autoridad moral de exigir ese mismo trato para el resto de la sociedad. Sin lugar a duda en esta dirección uno de los principales retos actuales es el de la salud mental.
La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) en su Documento Base del Grupo de Trabajo Psicosociales y Salud Mental (2025) señala: En la actualidad, la evidencia sobre los problemas de salud atribuibles a la exposición nociva a los riesgos psicosociales de origen laboral es muy extensa y de gran calidad desde el punto de vista científico, en tanto que se basa en investigaciones longitudinales (seguimiento de trabajadores y trabajadoras sanas a lo largo de parte de su vida laboral).
Según la Organización Mundial de la Salud, se entiende salud mental como “un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad”. Es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos. La salud mental es, además, un derecho humano fundamental. Y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico.
CCOO defiende un trabajo saludable en los servicios públicos, que garantice la salud del personal, haga más eficientes los servicios públicos y sea un acicate para la extensión de la cultura preventiva a otras áreas del trabajo.
Todo el conocimiento preventivo sitúa a los riesgos psicosociales en el centro de la prevención y protección de la salud del personal de la Administración General del Estado (AGE).
Sin lugar a duda, para CCOO una de las asignaturas pendientes en la AGE es la falta de una política preventiva integral que se comprometa eficazmente con los principios preventivos de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales.
Los riesgos psicosociales son, sin ningún género de duda, uno de los riesgos más prevalentes en la AGE, y qué menos respuestas preventivas está teniendo.
Esta situación se debe a la visión administrativista de los gestores que ejecutan formalmente las evaluaciones, pero carecen de consecuencias preventivas prácticas que modifiquen la organización del trabajo que es la causa principal del daño psicosocial.
La investigación ha aportado hasta hoy, una amplia evidencia del efecto sobre la salud y el bienestar de los factores laborales de naturaleza psicosocial. Estamos hablando básicamente del bajo control sobre el contenido de las tareas, las altas exigencias psicológicas o el bajo apoyo social de los compañeros y de los superiores. Más recientemente, disponemos también de evidencias de que la escasez de recompensas o compensaciones también afecta la salud.
CCOO ha denunciado que no se toma el impulso necesario para dotar de los recursos humanos necesarios para la labor preventiva de la AGE, por ejemplo, los servicios de prevención propios tienen vacantes más del 30% de las plazas.
La falta de medidas de cambio en la organización del trabajo de la AGE provoca un incremento de los riesgos psicosociales y sus consecuencias son graves: perjudican la salud de los trabajadores y trabajadoras, causando estrés y a largo plazo enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, endocrinológicas, musculoesqueléticas y mentales. Son consecuencia de unas malas condiciones de trabajo, concretamente de una deficiente organización del trabajo.
El estrés, el acoso y el malestar físico y psíquico que sufren muchos trabajadores y trabajadoras son resultado de una mala organización del trabajo y no de un problema individual, de personalidad o que responda a circunstancias personales o familiares.
El deterioro de la salud mental, las incapacidades transitorias y el sufrimiento de las personas afectadas deberían de ser sobrados motivos para abordar la prevención de los riesgos psicosociales.
CCOO vuelve a insistir en la necesidad de un compromiso de la Administración General del Estado para el abordaje de los riesgos psicosociales y evitar que los daños que provocan se continúen extendiendo entre las plantillas.
Modernizar la AGE pasa ineludiblemente por respetar y proteger la salud del personal, y necesariamente por cambiar hacia una organización del trabajo más saludable y comprometida con las personas.
Para CCOO este 28 de abril debería de ser el punto de salida de ese compromiso colectivo para lograr una mejor salud laboral para el personal de la AGE.
