Día Internacional de los Servicios Públicos: las personas y el planeta por encima del beneficio

Hoy más que nunca, desde FSC-CCOO destacamos el papel de los servicios públicos como garantes de todo Estado social democrático y de derecho. Porque no hay desarrollo sin unos servicios públicos adecuados capaces de llegar en todo momento a quienes más lo necesitan. No puede haber estados fuertes sin unos servicios públicos fuertes.

Hoy, 23 de junio, celebramos el día Internacional de los Servicios Públicos promovido por las Naciones Unidas, como viene siendo habitual desde 2002

Si algo ha puesto de manifiesto la pandemia del Covid-19 en los 180 países que estamos enfrentando la pandemia es la necesidad de contar con unos servicios públicos bien estructurados y fuertes, con plantillas adecuadas para hacer frente a cualquier tipo de circunstancia. Si no somos capaces de contener la pandemia, puede estar en peligro el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030.

Las políticas de austericidio implementadas durante la crisis de 2008 en Europa han puesto de manifiesto, durante la actual, cuestiones que veníamos denunciando las y los trabajadores públicos: la precariedad en los sistemas de salud, la insuficiencia de las plantillas o de medios adecuados para poder prestar con dignidad adecuados servicios para la ciudadanía.

Así, queremos rendir homenaje a las miles de trabajadoras y trabajadores de lo público que, ante circunstancias tan adversas, han sabido poner soluciones frente al caos y la incertidumbre generados durante los primeros días de la pandemia. Personal técnico y administrativo de los servicios de empleo, SEPE, de Seguridad Social, Hacienda, Justicia, etc. que aun en estas condiciones excepcionales, han llegado a trabajar incluso en su tiempo libre, para que la administración no se paralizase y la ciudadanía pudiese seguir teniendo acceso a estos servicios esenciales, como el cobro de prestaciones, ayudas, atención telefónica o cualquier tramitación necesaria.

Vosotras y vosotros sois imprescindibles

Desde FSC-CCOO, junto con la Federación Europea de Servicios Públicos (EPSU) vamos a seguir luchando por la estabilización en el empleo, por la necesaria reducción de la temporalidad, especialmente en los servicios esenciales, y por el incremento de las plantillas en condiciones adecuadas. Necesitamos consolidar la negociación colectiva y el diálogo social en todos los ámbitos de la función pública. Las recetas a más servicios públicos no pueden salir de las externalizaciones y privatizaciones.

Necesitamos plantillas renovadas, necesitamos que los servicios públicos sean garantes de transformación de la sociedad y den nuevas oportunidades a las mujeres y hombres jóvenes del futuro.

Además, los servicios públicos tienen que ser esenciales en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de 2030. Solo a través de los servicios públicos seremos capaces de caminar hacia una transición justa en un futuro que, necesariamente, estará impregnado de políticas verdes.

La letra pequeña del "teletrabajo" en la AGE

Adjuntamos la Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública publicada ayer, 17 de junio, con el rechazo de CCOO, así como NOTA INFORMATIVA que explica la realidad de la modalidad de trabajo no presencial.

Es evidente que la Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública -que regula, entre otras materias la modalidad de trabajo no presencial (el teletrabajo, sin nombre)-aprobada ayer, 17 de junio, con el rechazo de CCOO está generando confusión. Las dudas son aún mayores con las explicaciones que los firmantes -Gobierno, UGT, CSIF y CIG- están dando a los medios de comunicación cuando el personal comprueba que esas explicaciones no encajan con el texto publicado.

Vamos a tratar de dar respuesta de forma clara a las principales preguntas que están apareciendo sobre el teletrabajo-llamémoslo así para entendernos- aunque el texto sólo habla de modalidad de trabajo no presencial-, en la Administración del Estado.

¿Qué personal público puede acogerse a esta modalidad de trabajo?

En principio, todo el personal -no sólo colectivos vulnerables, personal con menores o mayores a su cargo- podría teletrabajar.

Pero hay tantos condicionantes que, en la práctica, lasposibilidades son muy limitadas. Estas son algunas de estas excepciones recogidas en el texto que no pueden obviarse:

• La modalidad ordinaria de prestación de servicios es la presencial.
• Se articulará, por la persona titular de cada centro directivo, en aquellos puestos de trabajo cuya naturaleza lo permita y en aquellas modalidades de jornada cuyo cumplimiento no requiera la presencia física. No se configura como derecho de los trabajadores y las trabajadoras.
• Las trabajadoras y los trabajadores con menores o mayores a su cargo, así como los pertenecientes a colectivos definidos en cada momento por las autoridades sanitarias competentes como grupos vulnerables para la COVID-19, únicamente tendrán prioridad, no es una medida dirigida en exclusiva a esos colectivos.
• Si ambos progenitores o responsables son personal público en activo no podrán disfrutar de esta medida de forma coincidente.

¿Cuánto tiempo de la jornada se puede teletrabajar?

Si la persona titular del centro directivo considera que el puesto es susceptible de teletrabajo, si el trabajador o la trabajadora quiere, se dan tres supuestos distintos:

• Hasta un 20% de la jornada semanal -1 día a la semana o 1,5 horas diarias, por ejemplo- será una posibilidad para el personal que esté en modalidad presencial.
• Un máximo del 80%de la jornada semana -por ejemplo 4 días en semana- para el personal que, en general, sean de modalidad no presencial.
• Desde el 80% al 100% de la jornada semanal -podrían incluso no acudir físicamente al centro- paracolectivos considerados vulnerables, con menores de 14 años o personas mayores a su cargo.

¿Pierde derechos el personal que teletrabaja?

El texto recoge alusiones generales al mantenimiento de derechos. Sin embargo, esto tiene letra pequeña. A continuación algunos ejemplos:

• ¿Se pierden retribuciones? No se asegura que la Administración proporcione los medios-ordenador, conexión a internet, software…- para teletrabajar. Si se obliga al personal a sufragar esos gastos, supone una clara merma salarial. ¿Qué pasará cuando si se estropea tu ordenador? Tendrás que pagar la reparación para seguir trabajando.
• Se aclara que no puede haber menoscabo de la jornada y horario, pero no se prohíbe superarla. ¿Cómo se delimitan estos horarios y se hace el control, de forma que se garantice el derecho a la desconexión? La realidad es que estás a disposición de la Administracióntodo el día y todos los días.
• No hay ninguna referencia a la normativa de prevención de riesgos laborales, ¿cómo se asegura su cumplimiento? ¿Es tu silla adecuada? ¿Y tu mesa? ¿Tienes mayor cansancio y dolor muscular?
• Si se produce un accidente en el periodo de teletrabajo, ¿qué derechos tiene el trabajador o la trabajadora?

¿Hasta cuándo se aplica esta regulación “excepcional”?

Es de aplicación durante lo que se ha llamado “nueva normalidad”, que finalizará cuando se determine el fin de la crisis sanitaria producida por la COVID-19. Una circunstancia que puede suceder en meses o en años, por lo que estamos convirtiendo lo excepcional en indefinido.

Todo esto en un escenario que, como venimos viendo, cambia casi a cada semana. CCOO propusimos revisar y actualizar periódicamente, en función de la situación epidemiológica y sanitaria.

Resumiendo:

Para una duración desconocida, se regula de forma supuestamente de forma excepcional el teletrabajo de forma que:

• Es la persona titular del centro directivo quien determina si se puede o no teletrabajar. No se genera un derecho para el personal, ni siquiera para colectivos vulnerables o con menores o mayores a cargo.
• Hay materias importantes que no se reflejan en el texto lo que va a significar recorte de derechos: gastos de los medios; horarios y desconexión; prevención de riesgos… etc.

El teletrabajo necesita una regulación urgente, y no este parche.

Función Pública utiliza la nueva normalidad para eliminar derechos del personal público de la AGE

• CCOO rechaza la firma del acuerdo que sale adelante gracias al apoyo de UGT, CSIF y CIG

TEMAS

• COVID-19

Nota informativa

Esta noche hemos tenido la última reunión para abordar las medidas organizativas a adoptar en la nueva normalidad en la Administración General del Estado. Una negociación compleja, por la metodología que viene imponiendo la Administración, con reuniones e intercambios de borradores en tres días, y por el contenido restrictivo de derechos que se plantea.

CCOO hemos logrado incluir algunos aspectos que vienen a mejorar la propuesta inicial de la Administración.

• Flexibilidad horaria. Aunque no se recupera totalmente la Instrucción de jornada y horarios, queda bastante claro en la redacción que es la persona trabajadora quien adaptará el horario para evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas a los centros de trabajo.
• Turnos de trabajo. Se determina el consentimiento como elemento ante cualquier modificación con respecto al turno que se viniera desarrollando previamente.
• Necesidades del servicio. Se elimina su incidencia arbitraria en el total del documento, limitando su aplicación estrictamente a lo recogido en el EBEP.
• Teletrabajo. Se garantiza su carácter voluntario -que deberá constar por escrito- y reversible. Sin embargo, se pierde la oportunidad de establecer temporalmente unas características mínimas para su desempeño: no discriminación por razón de sexo, dotación de medios por la Administración o compensación económica, garantía de condiciones retributivas, jornada definida y sin disponibilidad, mecanismos para asegurar que se cumplen los requisitos de seguridad y salud, y comunicación con la representación sindical, entre otros.

En este sentido, hay múltiples elementos que añaden incertidumbre y que limitan los derechos de las empleadas públicas y los empleados públicos.

• No hay limitación de su vigencia. Se vincula a la declaración de pandemia, por lo que su duración puede ir desde semanas a años. CCOO entendemos que, visto lo cambiante de la situación sanitaria y epidemiológica, es esencial acotar su caducidad y revisar su contenido periódicamente.
• No garantiza la seguridad en los centros de trabajo de atención al público. Hemos insistido en la necesidad de garantizar la seguridad de las empleadas y empleados públicos ante la situación de incertidumbre en la apertura de estos centros, limitación de aforos y control de la cita previa, entre otros. El propio Gobierno sabe que existe problema de seguridad –especialmente en organismos como el SEPE o el INSS- cuando anuncian que pedirán a los ayuntamientos la colaboración de las policías locales y, sin embargo, se niegan a adoptar medidas. CCOO no puede ser cómplice de ese despropósito.
• No dota de medios para el teletrabajo, ni establece compensaciones económicas. CCOO hemos recordado que esto supone una pérdida salarial. Es indecente plantear que el personal perteneciente a grupos vulnerables y con menores, mayores, dependientes, personas con discapacidad a cargo -colectivos prioritarios para el teletrabajo- si quieren permanecer “voluntariamente” en situación de actividad no presencial tendrán que financiar los medios para trabajar, sin compensación, indefinidamente.
• No garantiza la recuperación de la negociación colectiva. Se establece para los trabajadores y trabajadoras la actividad presencial como ordinaria y, sin embargo, la Administración restringe la participación de las organizaciones sindicales a una persona representante, consolidando un modelo de reuniones de negociación en que se siente cómoda, y que redunda en una pérdida del derecho de representación del personal público.

Ante esta lista de elementos que entendemos inadmisibles, CCOO nos oponemos a esta resolución, que sale adelante con el apoyo de UGT - incluso lo ha manifestado en una nota previa a la última reunión- así como de CSIF y CIG. Entendemos que ha sido una oportunidad perdida para regular de manera excepcional, transitoria y temporal el teletrabajo; para garantizar la seguridad de los trabajadores y trabajadoras de las oficinas de atención al público y que dota a la Administración de un instrumento para perpetuar la pérdida de derechos laborales en la AGE sin fecha de caducidad.

CCOO denuncia que el Gobierno comienza con los recortes al personal público

El sindicato anuncia su rechazo y el inicio de movilizaciones, y lamenta que, más de un año después de la entrada en vigor del IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, el Gobierno niegue a 40.000 trabajadoras y trabajadores la actualización de sus nóminas y el abono de los atrasos acumulados, que supondrían unos 35 millones de euros.

.CCOO denuncia que el Gobierno está incumpliendo el IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado (AGE), que entró en vigor en mayo de 2019 tras tres años de negociación. Ni las mejoras retributivas, que venían a iniciar la recuperación después de una pérdida de poder adquisitivo superior al 14 % desde 2008, ni otras mejoras laborales comprometidas se están aplicando, lo que supone una grave vulneración de derechos del personal afectado, alrededor de 40.000 empleadas públicas y empleados públicos.

Después de más de un año, no se ha concluido la adaptación y encuadramiento de los puestos al nuevo sistema de clasificación profesional, algo que debería haber sido prácticamente automático”, manifiesta José Manuel Vera, secretario general de FSC-CCOO en la AGE. “Esta ha sido la excusa que ha esgrimido hasta ahora el Gobierno para no actualizar las tablas retributivas y abonar atrasos acumulados desde el 1 de enero de 2019”. El sindicato lamenta que, tras haber impulsado el avance de ese encuadramiento, se informe de la falta de disponibilidad presupuestaria y acusa al Gobierno de falta de lealtad con su personal.

La representación de Hacienda ha alegado en la reunión mantenida este martes que la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 y 2020 y la consiguiente prórroga por dos veces de los correspondientes a 2018, hacen imposible llevar a cabo las medidas económicas acordadas. CCOO reitera que el Gobierno ha tenido tiempo suficiente para habilitar una partida destinada a la mejora salarial plasmada en las tablas retributivas, como se ha hecho con otros colectivos, por lo que manifiesta su absoluto rechazo a este nuevo obstáculo.

El sindicato defiende los logros alcanzados con la firma del Convenio, y lamenta esta nueva muestra del desprecio del Gobierno por el personal laboral de su propia Administración. “Parece que hay empleadas públicas y empleados públicos que no son una prioridad, como tampoco lo son los servicios públicos que prestan. Se ha dejado pasar más de año para afirmar ahora que el dinero comprometido se ha usado para otras partidas”, denuncia Vera.

CCOO exige la inmediata recuperación de este presupuesto, para que el personal laboral vea actualizadas sus retribuciones. “En un momento como el actual, añadir incertidumbre sobre cuándo se pagarán los atrasos de más de un año es un varapalo para estas trabajadoras y trabajadores públicos, y supone una pérdida de confianza en las intenciones del Gobierno”, concluye Vera, que no descarta movilizaciones cuando finalice el estado de alarma.

CCOO reclama el crecimiento de los Servicios Públicos y la estabilización de sus plantillas

CCOO reclama que, de forma urgente, se retome la interlocución y se convoquen las mesas de negociación y las comisiones de seguimiento oportunas para abordar esta u otras cuestiones críticas.

La crisis en la que nos encontramos por la pandemia del Covid-19 ha puesto claramente de manifiesto la necesidad de los Servicios Públicos como única forma de asegurar los derechos y el bienestar de la ciudadanía y, por tanto, deben ser claramente reforzados y asegurar las buenas condiciones de sus profesionales. Los Servicios Públicos han demostrado ser más necesarios que nunca y también más eficaces y garantistas.

Para CCOO, el sindicato mayoritario en todas las administraciones públicas, en el proceso de reconstrucción y en las medidas que se tomen ante la crisis económica el sector público debe ser absolutamente central y, por tanto, tiene que ser reforzado con crecimiento en el empleo, buenas condiciones y recursos para sus trabajadoras y trabajadores, y estabilización de sus plantillas.

En este sentido, CCOO ya ha remitido varios escritos al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a lo largo de esta complicada etapa, para retomar la interlocución y la negociación para el seguimiento y mejora de los acuerdos suscritos, y para trabajar con los diferentes territorios y administraciones esta situación.

Los datos de los procesos de estabilización y consolidación del empleo previos al inicio de esta pandemia son alarmantes como se puede ver en el siguiente cuadro:

Situación de las ofertas de empleo público de los años 2017, 2018 y 2019 (incluidas Tasa Reposición, Estabilización/consolidación, Indefinido No fijo)

ORGANISMOS	OPE	2017	2018	2019	Total aprobado	Ejecutadas	Pendientes
Admón. G. Justicia	Reposición	3.074	3.116	1.368	7.558	0	7.558
	Estabilización			2.237	2.237	0	2.237
Admón. G. Estado	Reposición	10.806	17.676	11.338	39.820	0	39.820
	Estabilización		5.110	2.528	7.638	0	7.638
Fuerza/Cuerpo SE	Reposición	5.561			5.561	0	5.561
Fuerzas Armadas	Reposición	1.814			1.814	0	1.814
CCAA	Reposición	4.683	9.567	8.721	22.971	0	22.971
	Estabilización	12.529	10.942	7.250	30.721	0	30.721
	Consolidación	3.560	27		3.587	0	3.587
	Indefinido No Fijo	1.867	249	34	2.150	0	2.150
Admón. Local (*)	Reposición	2.591	3.386		5.977	0	5.977
	Estabilización	321	156		477	0	477
Enseñanza (no universitaria) (**)	Reposición				36.092	24.558	11.534
	Estabilización				56.946	30.654	26.292
Sanidad (***)	Totales (TS/E)				156.783	4.863	151.920
TOTALES	Reposición				119.793
	Estabilización				233.539
	Total				353.332	60.075	293.257

(*) Los datos de la Administración Local son los primeros datos que disponemos, con más de 8.000 municipios dificulta tener los datos por lo que estamos seguros de que estas cifras son de mínimos habiendo muchas más plazas ya ofertadas que esperemos poder ir completando. (**) Los datos de Educación son globales de las ofertas aprobadas. Del total de plazas aprobadas, 93.038, se han ejecutado ya un total de 55.212 (entre reposición, 24.558, y estabilización, 30.654), faltan por tanto por ejecutar 37.826. Los datos totales son exactos, pero el desglose entre reposición y estabilización es estimado al resolverse por el mismo procedimiento y no diferenciar entre los dos conceptos algunas CCAA en sus ofertas. (***) Los datos de Sanidad son totales, convocándose todas las plazas por el mismo procedimiento. El desglose de las cifras sería: 4.863 plazas ya resueltas, 66.143 en ejecución y 85.777 publicadas pero no iniciadas. Están todas incluidas en el total de estabilización/consolidación al ir por el mismo procedimiento.

Como se puede comprobar, en estos momentos tenemos contabilizadas 293.257 plazas publicadas en todo el Estado (correspondientes a las OEP 2017, 2018 y 2019) que están pendientes aún de resolverse, a las que habría que sumar las que aún están pendientes y que entendemos deberían publicarse en cuanto se pase esta situación de crisis sanitaria. Para CCOO resulta imprescindible tomar las medidas que sean necesarias para que puedan resolverse sin que se ponga en peligro la caducidad de ninguna de las ofertas de empleo público en ninguno de sus conceptos.

Además, a estas plazas hay que sumar el incremento de efectivos que es necesario para afrontar la actual situación y las que están por venir en los diferentes sectores, especialmente en los sectores esenciales, en los que estamos hablando, al menos, de incrementos de entre un 20% y un 33% en relación con las plantillas actuales. Para poder abordarlo con garantías es necesario eliminar el concepto de tasa de reposición para poder hacer estructurales los incrementos de plantilla y no aumentar de nuevo, y aún más, la temporalidad y la precariedad en el sector público.

Esa temporalidad era ya alarmante en los datos oficiales del último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, publicado en julio de 2019. En dicho documento el número total de empleadas y empleados públicos se situaba en 2.595.575, de los cuales 500.615 estaban categorizados como temporales, funcionarias/os interinos y personal laboral temporal, lo que da al menos un 19,29% de temporalidad. Esta cifra podría ser mucho mayor, pues hay categorías de personal que no están especificadas y/o desglosadas. En cualquier caso las cifras estaban muy lejos, ya antes de esta crisis, del 8% máximo de temporalidad comprometido.

Es una evidencia que la crisis de la pandemia ha visibilizado la escasez de efectivos en servicios esenciales para la ciudadanía y que, por tanto, necesitan urgentemente un incremento en su volumen de plantillas, sobre todo para tener en cuenta el retorno a la actividad en la “nueva normalidad”, garantizando una atención adecuada a la población consuficiente seguridad. Por ello es inaplazable la decisión de eliminar la tasa de reposición para sectores esenciales.

Desde CCOO volvemos a reclamar que, de forma urgente, se retome la interlocución y se convoquen las mesas de negociación y las comisiones de seguimiento oportunas para abordar estas cuestiones críticas. También es necesario que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública tranquilice a todas las empleadas y empleados públicos en relación con sus condiciones laborales y retributivas, para que se ponga fin a todos los bulos e informaciones falsas y engañosas que se están difundiendo.

CCOO considera los Servicios Públicos como la única manera de garantizar los derechos de la ciudadanía, y son además pieza clave para dinamizar la economía y favorecer la cohesión social y territorial de nuestro país. Para ello resulta imprescindible dar también dar el impulso necesario en materia de infraestructuras, transporte, telecomunicaciones, medioambiente, desarrollo de nuevas tecnologías e invertir en ciencia, investigación, innovación y desarrollo, y propiciar un cambio en el modelo productivo.

Para CCOO, además, es necesario acometer un ambicioso proceso para devolver a la gestión directa pública los diferentes servicios, en especial en aquellos que más han sufrido la catástrofe de la privatización. Esta ha supuesto una mayor precarización del empleo y también una pésima prestación del servicio. El riesgo para las personas usuarias ha llegado a unos niveles intolerables en una sociedad democrática social y de derecho como es la nuestra, donde el caso de determinadas residencias de personas mayores es un claro ejemplo de ello.