MUFACE firma un nuevo concierto, para garantizar la asistencia sanitaria a sus mutulistas, beneficiarios y beneficiarias.

 Hoy se firma el nuevo concierto de MUFACE, mutualidad enargada de la gestión de la asistencia sanitaria para los funcionarios y funcionarias de la Administración General del Estado, aproximadamente un total de un millón quinientos mil personas, por un importe total de 2.191 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,62% (114 millones) con respecto al concierto anterior. El concierto se firmará con las siguientes sociedades, DKV, ADESLAS, ASISA, IMQ.

Cuales son las novedades del nuevo concierto sanitario: El concierto, se basa en tres ejes: modernización de la gestión, incorporación de nuevas prestaciones y flexibilidad en la gestión, todo ello en aras a mejorar la asistencia a los mutualistas. Primer eje: modernización de la gestión Desde el punto de vista de la modernización de la gestión, se introduce la posibilidad de que el asegurado pueda identificarse ante su entidad no sólo con una tarjeta sanitaria sino mediante cualquier otro medio que facilite la entidad. Esta novedad abre la puerta a los nuevos sistemas de identificación digital (usuario y contraseña, acceso por huella, certificado descargado en dispositivo móvil, etc), que facilitará el uso de aplicaciones de telemedicina y un contacto más ágil para el mutualista con la entidad aseguradora de adscripción.

Se establece un comparador de medios en la Web de MUFACE que permita al mutualista elegir aseguradora sobre la base de información actualizada y comparable de los recursos sanitarios ofrecidos por cada entidad. Se obliga a las entidades a publicar en sus Webs las prestaciones y servicios adicionales, con indicación de su contenido y condiciones, de manera que se difunda activamente este beneficio para los mutualistas. En un intento de mejorar la calidad en la prestación sanitaria, en el concierto 2020/21 se crea una carpeta personal de salud del mutualista y el establecimiemto del catálogo digital.

 Segundo eje: Incoprotación de prestaciones sanitarias aprobadas por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Soical para la Cartera Básica del SNS. Financiación de las técnicas de reproducción humana asistida a colectivos de mujeres solas y mujeres lesbianas, una vez sea publicada la Orden, ya aprobada en el Consejo Interterritorial de Salud, por el Ministerio deSanidad. En relación a las prestaciones ortoprotésicas, se incluyen en la Cartera Básica las prótesis de mama externas, prótesis de restauración facial (prótesis oculares, de nariz, pabellones auriculares y maxilares), audífonos, cribado poblacional de cáncer de cérvix,micropigmentación de la areola y pezón en pacientes mastectomizadas, lectores ópticos para pacientes con imposibilidad de comunicación como secuela de determinadas enfermedades neurológicas, lentes de contacto para niños con afaquia por catarata congénita (previo a la implantación de la lente intraocular), y, por último, la inclusión de pruebas antigénicas rápidas para el diagnóstico del estreptococo A. Estas prestaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2020. Asimismo, se va a financiar el tratamiento del cáncer mediante protonterapia, según las indicaciones que apruebe el Ministerio de Sanidad.

Esta novedad entrará en vigor el 1 de enero de 2020, siempre que los centros hospitalarios en que se vaya a prestar (Clínica Quirón y la Clínica Universitaria de Navarra) tengan ya disponibles sus instalaciones en esa fecha. En la Cartera de Servicios especializada se incluye la posibilidad de que la derivación a sesiones de psicoterapia pueda indicarse por un oncólogo, y no únicamente por un psiquiatra, con el fin de que la asistencia en los procesos oncológicos seaintegral. Se especifica la obligación de las entidades de financiar sondas especiales y productos de ostomía. Tercer eje: En relación con la introducción de fórmulas de flexibilidad en la gestión. En cuanto a los medios de la entidad, se mantiene la garantía de accesibilidad a los mismos, como derecho del mutualista, en los términos tradicionales. La novedad que se añade es que si no existieran medios privados o públicos, se facilitará priorizando criterios de cercanía al domicilio del mutualista, asumiendo el coste del transporte. Si existen medios, pero no concertados, la Entidad se obliga a facilitar el acceso a alguno de los existentes y, si así no lo hiciera, el beneficiario podrá acudir a los facultativos o centros de su elección. Lo que implica, en caso de insuficiencia de medios en el nivel correspondiente, que se elimina la preferencia de medios privados sobre los públicos que había en el concierto anterior, de modo que no hay que justificar que no hay medios privados para ir a públicos.

 En definitiva, el objetivo de esta medida es ofrecer los servicios que resulten más idóneos. Se sustituye la obligación de ofertar medios en el municipio más cercano por la de hacerlo priorizando la cercanía al domicilio del paciente, y pagando en todo caso el transporte. El medio, también aquí, debe ser el más idóneo, dentro de los cercanos al domicilio, y no exclusivamente el del “municipio más próximo”, con la garantía de que el trasporte será a cargo de la entidad. Asimismo, se incorpora expresamente como garantía el derecho del mutualista a acudir al centro de su elección, en caso de que la entidad no oferte un medio adecuado. Se incluyen mejoras de la atención primaria en régimen domiciliario en municipios menores de 20.000 habitantes, que se prestará bajo cita previa y siempre en un plazo no superior a 48 horas. En atención primaria se sustituye la exigencia cuantitativa de profesionales sanitarios por una garantía de servicio.

En caso de incumplimiento, rige el derecho del mutualista a acudir al centro de su elección a expensas de la entidad. Se penaliza la trasferencia de riesgos y compensa a las entidades receptoras de pacientes muy costosos. De esta forma, cuando en procesos asistenciales en curso la entidad de origen del paciente desconcierta un medio asistencial, la entidad de origen del paciente soportará el gasto derivado del tratamiento hasta el inicio del siguiente periodo de cambio. Con respecto a la utilización de medios no concertados, se incluye que en situaciones de urgencia vital en las que la entidad está obligada a pagar la asistencia de medios no concertados, será ésta quien deba realizar las gestiones ante el proveedor para el pago directo y evitar así la facturación al mutualista y los trámites de reembolso Saludando las mejoras y el trabajo realizado por MUFACE, desde CCOO creemos que el incremento presupuestario de los conciertos vigentes, deberá transladarse en una mejora importante en las prestaciones y esperamos que esta nueva subida presupuestaria del 4,5% continúe mejorando la cartera y calidad de los servicios.

 Los y las mutualistas de MUFACE, deben ser tratados por las diferentes sociedades médicas en igualdad de condiciones y con el mismo trato que cualquier otro usario de los servicios. No obstante, reitera la necesidad de recuperar la totalidad de las prestaciones y derechos que fueron recortados por la crisis económica, que eran prestaciones que tendían a equiparar las posibles diferencias que los y las mutualistas tenemos respecto a los usuarios del sistema nacional de salud.

                                                    NOTA INFORMATIVA
                          ACUERDO ESTABILIZACIÓN EMPLEO EN LA AGE

 El miércoles, 11 diciembre, CCOO hemos conseguido poner en marcha los procesos de estabilización del empleo temporal en la Administración General del Estado durante 2019, exigencia que planteamos a la Secretaría de Estado de Función Pública en nuestra concentración del 7 de noviembre. Un desarrollo que llega con un injustificable retraso, ya que estos procesos se comprometieron en el I Acuerdo de mejora del empleo público y condiciones de trabajo, de marzo de 2017, y se ampliaron en el II Acuerdo, de marzo de 2018.

 Buena parte de las medidas que gobernarán la estabilización dan respuesta a los criterios que CCOO planteamos desde el primer momento. Sin embargo, otras cuestiones han quedado aparcadas por una Administración más pendiente de recordarnos que va a estabilizar el empleo sin estar obligada -con una actitud conformista y remarcando que la AGE no supera el 8 % de temporalidad-, que interesada en hacer uso de una herramienta que corrija la perversión del abuso de empleo temporal que lleva años fomentando en nuestro ámbito. Esta actitud se percibe desde la negociación del preámbulo, donde ha costado que se haga una referencia exigida por CCOO a que estos procesos no pueden suponer pérdida de empleo. Es más, lo recogen como una mera “intención”. En el desarrollo del Acuerdo, se garantiza un concurso de traslados previo a la oferta de puestos en los ámbitos en que se justifique su necesidad, con especial mención al SEPE.

Se respeta la propuesta de CCOO, un concurso restringido al personal del propio organismo, orientado a la movilidad geográfica y con peso de la antigüedad como mérito principal. No sin recelo, se admite nuestro planteamiento de incluir en esta posibilidad al personal laboral. De nuevo encontramos una inexplicable resistencia a remitir de forma expresa a la negociación de la oportunidad de llevar a cabo estos concursos. No sin dificultad, CCOO conseguimos garantizar que el personal laboral que desarrolla el trabajo pueda participar en el proceso selectivo cuando la aplicación del encuadramiento del IV Convenio Único requiera una titulación superior a la exigida en el momento en que se accedió al puesto.

 En lo referente a la aplicación de la normativa específica en aquellos ámbitos que cuenten con ella, apartado en que se apunta al contenido relativo a los procesos selectivos en el marco de la Ley de la Ciencia o el personal estatutario, este planteamiento nos pone en alerta ante las posibles consecuencias, y la necesidad de articular medidas para impedir una extralimitación más allá de su estricto cumplimiento; advertimos que, si se produce esa extralimitación, defenderíamos los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en los tribunales. En cuanto al personal estatutario, CCOO entendíamos que no estaba de más una remisión a sus propios ámbitos de participación -esto es, las mesas delegadas correspondientes-, pero se deriva a una próxima reunión sobre las estructuras de negociación. CCOO seguimos insistiendo en la pérdida de oportunidad que supone mantener las convocatorias con idéntica naturaleza jurídica cuando se desarrollan funciones de personal funcionario, así como de incluir al personal laboral fuera de convenio en el IV Convenio Único. Como se ha venido produciendo durante todo el proceso de negociación, Administración y resto de organizaciones sindicales parecen cómodos con enfrentar al personal a este doble proceso selectivo.

 Los criterios para el desarrollo de los procesos selectivos, que durante la negociación se han planteado como comunes para todos los puestos, aparecen ahora únicamente para personal funcionario. De pronto, la Administración separa al personal laboral de la vía que se venía desarrollando, y nos cuesta abrir la redacción del Acuerdo para incluir una referencia a la filosofía recogida para personal funcionario, que venga a cerrar las incertidumbres que ahora planean. Así, logramos fijar una graduación en la valoración de los méritos profesionales en función del tiempo de trabajo desarrollado y la Administración Pública o sector de actividad, de manera que únicamente se permita alcanzar la puntuación máxima cuando el trabajo se desarrolle en la AGE. Será necesario continuar esta discusión en los ámbitos de negociación del personal laboral. Queda también recogida nuestra exigencia en lo referente a la coincidencia de los procesos selectivos, medida que CCOO consideramos esencial para prevenir una posible concurrencia que genere desigualdad de oportunidades y para evitar que los puestos ofertados queden vacantes por la obtención de una o un aspirante de varias plazas.

El Acuerdo recoge expresamente que al menos una prueba será coincidente, preferentemente la primera. CCOO, en la línea expuesta en el preámbulo, hemos insistido en que no podemos permitir que se produzca pérdida de empleo público como consecuencia del desarrollo de la estabilización. Aunque no es la manera que nos gustaría -entendemos que partir de la creación previa de las vacantes nos sitúa en un escenario de mayor garantía-, se establece una nueva convocatoria o su incorporación en el “real decreto escoba”, que recogerá además los puestos que continuamos identificando y continúan pendientes de certificación.

Finalmente, CCOO seguimos manifestando que no admitimos que se usen vacantes para la creación de los puestos que así lo requieran. Como es habitual, la culpa se aleja, en este caso al tejado de la CECIR, que procederá como considere oportuno -sin transparencia y sin participación sindical-. Advertimos de las situaciones que esto puede generar en las RPT de algunos organismos, pero no parece que haya intención de adoptar una posición lógica por más que recordemos que estas plazas ya cuentan con dotación presupuestaria. Aunque reconocemos ciertos avances, los planteamientos que recoge la Administración no coinciden plenamente con las propuestas que CCOO entendemos que deben gobernar estos procesos. Sin embargo, un importante número de cuestiones serán objeto de discusión en la Comisión de seguimiento, que terminará de definir estos procesos, así como en los correspondientes ámbitos de negociación de personal laboral. Consideramos, por tanto, que no es posible renunciar a continuar defendiendo lo que entendemos lógico y avalamos el Acuerdo con el compromiso de mantener nuestros criterios como garantía para las personas aspirantes que participen en los procesos de estabilización.

Logramos poner en marcha la Estabilización, la firma del Acuerdo es necesaria para garantizar su desarrollo

El Acuerdo presentado por la Administración recoge buena parte de las cuestiones que CCOO habíamos exigido, recordamos que la negociación sobre los procesos de estabilización se retomaron después de nuestra concentración del 7 de noviembre, tras cuatro meses sin reuniones al respecto. Conseguimos así nuestra exigencia de impulsar los procesos antes de que termine 2019. 

12/12/2019.

TEMAS

• EMPLEO PÚBLICO

Acuerdo sobre los procesos de estabilización en la AGE

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Este miércoles, 11 diciembre, CCOO hemos conseguido poner en marcha los procesos de estabilización del empleo temporal en la Administración General del Estado durante 2019, exigencia que planteamos a la Secretaría de Estado de Función Pública en nuestra concentración del 7 de noviembre. Un desarrollo que llega con un injustificable retraso, ya que estos procesos se comprometieron en el I Acuerdo de mejora del empleo público y condiciones de trabajo, de marzo de 2017, y se ampliaron en el II Acuerdo, de marzo de 2018.

Buena parte de las medidas que gobernarán la estabilización dan respuesta a los criterios que CCOO planteamos desde el primer momento. Sin embargo, otras cuestiones han quedado aparcadas por una Administración más pendiente de recordarnos que va a estabilizar el empleo sin estar obligada -con una actitud conformista y remarcando que la AGE no supera el 8 % de temporalidad-, que interesada en hacer uso de una herramienta que corrija la perversión del abuso de empleo temporal que lleva años fomentando en nuestro ámbito.

Esta actitud se percibe desde la negociación del preámbulo, donde ha costado que se haga una referencia exigida por CCOO a que estos procesos no pueden suponer pérdida de empleo. Es más, lo recogen como una mera “intención”.

En el desarrollo del Acuerdo, se garantiza un concurso de traslados previo a la oferta de puestos en los ámbitos en que se justifique su necesidad, con especial mención al SEPE. Se respeta la propuesta de CCOO, un concurso restringido al personal del propio organismo, orientado a la movilidad geográfica y con peso de la antigüedad como mérito principal. No sin recelo, se admite nuestro planteamiento de incluir en esta posibilidad al personal laboral. De nuevo encontramos una inexplicable resistencia a remitir de forma expresa a la negociación de la oportunidad de llevar a cabo estos concursos.

No sin dificultad, CCOO conseguimos garantizar que el personal laboral que desarrolla el trabajo pueda participar en el proceso selectivo cuando la aplicación del encuadramiento del IV Convenio Único requiera una titulación superior a la exigida en el momento en que se accedió al puesto.

En lo referente a la aplicación de la normativa específica en aquellos ámbitos que cuenten con ella, apartado en que se apunta al contenido relativo a los procesos selectivos en el marco de la Ley de la Ciencia o el personal estatutario, este planteamiento nos pone en alerta ante las posibles consecuencias, y la necesidad de articular medidas para impedir una extralimitación más allá de su estricto cumplimiento; advertimos que, si se produce esa extralimitación, defenderíamos los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en los tribunales. En cuanto al personal estatutario, CCOO entendíamos que no estaba de más una remisión a sus propios ámbitos de participación -esto es, las mesas delegadas correspondientes-, pero se deriva a una próxima reunión sobre las estructuras de negociación.

CCOO seguimos insistiendo en la pérdida de oportunidad que supone mantener las convocatorias con idéntica naturaleza jurídica cuando se desarrollan funciones de personal funcionario, así como de incluir al personal laboral fuera de convenio en el IV Convenio Único. Como se ha venido produciendo durante todo el proceso de negociación, Administración y resto de organizaciones sindicales parecen cómodos con enfrentar al personal a este doble proceso selectivo.

Los criterios para el desarrollo de los procesos selectivos, que durante la negociación se han planteado como comunes para todos los puestos, aparecen ahora únicamente para personal funcionario. De pronto, la Administración separa al personal laboral de la vía que se venía desarrollando, y nos cuesta abrir la redacción del Acuerdo para incluir una referencia a la filosofía recogida para personal funcionario, que venga a cerrar las incertidumbres que ahora planean. Así, logramos fijar una graduación en la valoración de los méritos profesionales en función del tiempo de trabajo desarrollado y la Administración Pública o sector de actividad, de manera que únicamente se permita alcanzar la puntuación máxima cuando el trabajo se desarrolle en la AGE. Será necesario continuar esta discusión en los ámbitos de negociación del personal laboral.

Queda también recogida nuestra exigencia en lo referente a la coincidencia de los procesos selectivos, medida que CCOO consideramos esencial para prevenir una posible concurrencia que genere desigualdad de oportunidades y para evitar que los puestos ofertados queden vacantes por la obtención de una o un aspirante de varias plazas. El Acuerdo recoge expresamente que al menos una prueba será coincidente, preferentemente la primera.

CCOO, en la línea expuesta en el preámbulo, hemos insistido en que no podemos permitir que se produzca pérdida de empleo público como consecuencia del desarrollo de la estabilización. Aunque no es la manera que nos gustaría -entendemos que partir de la creación previa de las vacantes nos sitúa en un escenario de mayor garantía-, se establece una nueva convocatoria o su incorporación en el “real decreto escoba”, que recogerá además los puestos que continuamos identificando y continúan pendientes de certificación.

Finalmente, CCOO seguimos manifestando que no admitimos que se usen vacantes para la creación de los puestos que así lo requieran. Como es habitual, la culpa se aleja, en este caso al tejado de la CECIR, que procederá como considere oportuno -sin transparencia y sin participación sindical-. Advertimos de las situaciones que esto puede generar en las RPT de algunos organismos, pero no parece que haya intención de adoptar una posición lógica por más que recordemos que estas plazas ya cuentan con dotación presupuestaria.

Aunque reconocemos ciertos avances, los planteamientos que recoge la Administración no coinciden plenamente con las propuestas que CCOO entendemos que deben gobernar estos procesos. Sin embargo, un importante número de cuestiones serán objeto de discusión en la Comisión de seguimiento, que terminará de definir estos procesos, así como en los correspondientes ámbitos de negociación de personal laboral. Consideramos, por tanto, que no es posible renunciar a continuar defendiendo lo que entendemos lógico y avalamos el Acuerdo con el compromiso de mantener nuestros criterios como garantía para las personas aspirantes que participen en los procesos de estabilización.

NOTA INFORMATIVA FONDOS ADICIONALES: UNA MALA CARICATURA DE NEGOCIACIÓN 

Ha costado sacar a la Administración de la sorprendente e injustificada fase de parálisis en la que estaba y del incumplimiento de acuerdos que llevaban firmados más de nueve meses. Ha sido necesario gastar esfuerzo y tiempo exigiéndolo, recurrir al inicio de movilizaciones por parte de CCOO y poner de manifiesto que ese camino colocaba las cosas en clave de conflicto. El trabajo ha servido para desatascar la situación, para que la Administración saliese de su inactividad, pero aquí acaban las bondades del cambio. Función Pública ha despertado, pero lo ha hecho con un desprecio absoluto por los elementos esenciales que debieran guiar una negociación.

 En la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de fondos adicionales se denunciaba por CCOO el lío que está generando la Administración en la aplicación de cada una de las medidas pactadas con cargo a los fondos adicionales. Todas las dirigidas a niveles y complementos específicos mínimos, medidas que pretendía ordenar ese grupo de retribuciones complementarias, se han hecho con criterios equivocados que van a contribuir a desordenar aún más las retribuciones en nuestra Administración. La situación se repite con la que afecta a las Oficinas de atención al público en donde va a ser difícil saber porque unos puestos pasan al nivel 17 y otros se mantienen en el nivel 15.

 Todo se ha transformado en un pequeño caos, un caos interesado y que busca minimizar el gasto, aunque sea a costa de que se pierda toda la coherencia de aquello que se acordó. Para poder perpetrar este despropósito, la Administración anula todo lo que huela a negociación.

 ¿Se discuten los criterios con los que se va a aplicar cada medida con carácter previo? NO. ¿Se proporciona información sobre las modificaciones que se van a realizar con cargo a los fondos adicionales? NO.

¿Se sabe cuánto cuesta cada una de las medidas aplicadas y el número de efectivos o puestos que ha quedado afectado? NO.

Estamos hablando de un fondo finito y concreto. En sus resoluciones, en las de CECIR, la Administración identifica el coste pactado de cada una de las medidas como límite máximo de gasto, pero ¿cuánto nos gastamos realmente? Función Pública y Costes, con desparpajo y sin sonrojo dicen no saberlo. Cuando desde CCOO señalamos esta respuesta como una burla a la inteligencia, terminan aceptando, a regañadientes, que habrá que calcularlo y si no se ha gastado lo que se había comprometido deberá existir un remanente al que se tendrá que dar salida. Lamentable, se mire por donde se mire.

 Preocupante que este bochornoso modelo de negociación no desasosiegue al resto de organizaciones sindicales. Desesperante que esos mismos modos de discusión se pretendan imponer en una de las medidas más importantes del acuerdo de fondos adicionales, como es la medida 3 que debiera ordenar los complementos específicos y dar un primer paso en la configuración de una cierta carrera profesional en el propio puesto en la AGE.

 Esta medida, la que actúa sobre los complementos específicos, se alimenta de fondos correspondientes a 2018, 2019 y 2020. La parte más importante del presupuesto es la de 2020 en donde debería contarse con una cuantía superior a los 15 millones de euros. Pero no, primera imposición de la Administración, solo se va a discutir y a repartir los escasos dos millones que se acumulan para esta cuestión entre el 2018 y 2019. Poco les importa que estemos a pocos días de estrenar el año 2020, es más, todo apunta al interés de demorar la discusión y el reparto del fondo más cuantioso, el que corresponde a 2020, un año más y desvirtuar la medida hasta hacerla irreconocible. La segunda imposición nos deja boquiabiertos. En la propia reunión se nos entrega una tabla de los complementos específicos que se van a utilizar de referencia y se acabó. Ni un solo dato más que acompañe a la tabla. Ni número de efectivos, ni frecuencias de cada uno de los complementos específicos para poder colocar la referencia en el punto más adecuado, nada. Ninguna posibilidad de negociación.

 Los efectos económicos de todas las modificaciones que afecten a niveles 17 e inferiores serán desde el 1 de enero de 2018 y desde el nivel 18 en adelante la revisión se retrotraerá al 1 de enero de 2019. Un nuevo despropósito que vamos a intentar frenar desde CCOO, aunque el nivel de desprecio por la negociación al que ha llegado la Dirección General de Función Pública deja poco espacio para suponerle capacidad de rectificación. Detrás de estas prisas, detrás de estos simulacros de ninguneo hay un interés económico y de reducción del gasto que no nos deben pasar desapercibidos. Estamos en un momento en el que no solo se trata del contenido de los acuerdos, no se trata solo del objeto sobre el que se quiera discutir, se trata primordialmente de los modos, de las formas, de los métodos que se utilicen para concretar el acuerdo o incluso el desacuerdo.
La forma en la que se aborda la negociación en estos momentos por parte de la Administración es insultante y solo puede concebirse como aceptable si lo que se pretende es un modelo de relaciones laborales basado en el vasallaje y en servilismo. Por ese camino, siempre nos van a encontrar enfrente a CCOO, no lo vamos a permitir, no lo vamos a aceptar. Si ese es el modelo, si los aires de modernidad y de cambio van por esa senda, vamos a trabajar todo lo que sea necesario para cambiarla.

CCOO exige ya la subida salarial del 2% acordada para tres millones de empleadas y empleadas públicos

El Área Pública del sindicato reclama que el Gobierno cumpla sin más demoras lo pactado mediante un Real Decreto Ley que garantice el incremento con fecha 1 de enero de 2020.


No valen más excusas. Es hora de actuar. El Gobierno en funciones debe cumplir lo comprometido y debe hacerlo ya, usando si es preciso la fórmula del Real Decreto Ley. Se trata de garantizar que los tres millones de trabajadoras y trabajadores públicos reciban, con fecha 1 de enero de 2020, la subida salarial del 2% comprometida. Por eso desde el Área Pública de CCOO reclamamos que el Gobierno cumpla y que garantice ese 2% ya.

La semana pasada, el ministro de Función Pública en funciones, Luis Planas, dijo que hasta que no se forme un nuevo Gobierno no se llevará adelante esta subida y dejó entrever que podría hacerse con efectos retroactivos desde principios de año para todo el personal al servicio de las administraciones públicas. Sin embargo, desde CCOO rechazamos esta maniobra dilatoria por parte del ministro, que se escuda en que el Ejecutivo actual, en funciones, no puede aprobar esta medida.

Hay razones de urgencia que justifican sobradamente la utilización de la fórmula del Real Decreto Ley. Las empleadas y empleados públicos no pueden seguir soportando la inacción de los dirigentes políticos. Es urgente. Es necesario. Es justo. Es el momento de abandonar las excusas y cumplir para poder #RecuperarLoArrebatado.

Movilización Mundial por el Clima

Movilización Mundial por el Clima

En Madrid está convocada una gran manifestación la tarde del 6 de diciembre

CCOO llama a la ciudadanía a participar en los actos convocados para plantar cara ante la emergencia climática y a sumarse a la movilización mundial que tendrá lugar en Santiago de Chile y Madrid, tras la decisión unilateral del gobierno chileno de cancelar la COP25 y su posterior acogida en España. Leer+

• Cumbre Social por el Clima