CCOO exige salarios dignos, más empleo público y el cumplimiento inmediato de los acuerdos firmados en la Función Pública

El Área Pública de CCOO reclama una apuesta firme por los servicios públicos: subida salarial acorde con la carestía de la vida, ningún salario por debajo de 1.500 euros, fin de la temporalidad estructural y 

Concentración del Área Pública de CCOO para exiger al Gobierno una subida salarial para las empleadas y empleados públicos

El Área Pública de CCOO ha lanzado una ofensiva sindical para situar en el centro del debate político y social la necesidad de fortalecer los servicios públicos y dignificar las condiciones laborales de quienes los sostienen cada día.

Para el sindicato, la actual situación económica, marcada por el encarecimiento de la vida, la incertidumbre internacional y las crecientes demandas de la ciudadanía, exige abandonar definitivamente las políticas de restricción del gasto público y apostar por una mayor financiación de los servicios públicos. CCOO defiende que invertir en empleo público no es un gasto, sino una garantía de cohesión social, igualdad y calidad democrática.

Salarios dignos para recuperar poder adquisitivo

El Área Pública de CCOO considera prioritario que las empleadas y empleados públicos recuperen poder adquisitivo. Por ello, reclama unos salarios que tengan en cuenta la evolución del coste de la vida y que repercutan tanto en el salario base, como en el resto de complementos retributivos.

Especialmente preocupante es el impacto de la vivienda en zonas tensionadas. Las personas opositoras ven como tras años de formación, tiempo y preparación para el acceso al empleo público, a través de las distintas ofertas de empleo público, ven retrasadas su entrada en la función pública por los años que se tardan en resolver las OEP. Siendo esto de por sí grave, lo es aún más cuando muchas de estas personas se están viendo en la tesitura de renunciar a las plazas al no poder pagar una vivienda, o vivir de forma indigna con alquileres de habitaciones de precios prohibitivos o incluso en sus propios vehículos, para no renunciar. Esto está sucediendo en determinadas ciudades como puede ser Madrid, Barcelona, Málaga o las Islas Baleares o Islas Canarias.

Por ello, como eje de esta reivindicación, el sindicato impulsa una campaña clara y contundente: “No menos de 1.500 euros” y “la recuperación íntegra del 100% de las pagas extraordinarias”. CCOO exige además:

• La eliminación de la Ley de Desindexación, que limita la actualización justa de las retribuciones.
• La actualización de los haberes reguladores para el personal sujeto al régimen de clases pasivas.
• El incremento de las indemnizaciones por residencia que aún quedan pendientes y la actualización por razón del servicio, eliminando la discriminación clasista existente.
• Unificación Grupo A de los cuerpos docentes.
• Jubilación anticipada para todos los regímenes de cotización.
• La recuperación y fortalecimiento de los planes de acción social para el conjunto de las plantillas.
• La recuperación y actualización de los planes de pensiones públicos.

Trabajo decente también en los servicios públicos

Para CCOO, la mejora salarial debe ir acompañada de una apuesta decidida por el empleo público de calidad.

El sindicato reclama medidas más efectivas para acabar con la temporalidad estructural que durante décadas ha precarizado miles de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas y que, a pesar de haber podido estabilizar más de 500.000 plazas gracias a los acuerdos suscritos, sigue siendo del todo insuficiente.

La organización sindical defiende que es el momento de recuperar el empleo público perdido, reforzar las plantillas y afrontar el relevo generacional que necesitan numerosos servicios públicos para garantizar su sostenibilidad futura. En este sentido, el Área Pública de CCOO exige:

• La eliminación definitiva de la temporalidad estructural.
• Garantizar la estabilidad en el empleo.
• La recuperación de los puestos de trabajo perdidos en los últimos años.
• El rejuvenecimiento de las plantillas mediante una planificación adecuada de las ofertas de empleo.
• La garantía efectiva de los derechos a la promoción interna y a la carrera profesional.
• La actualización de la clasificación profesional de acuerdo con la realidad de las funciones desempeñadas.
• La eliminación de la tasa de reposición, poniendo en marcha un nuevo instrumento de planificación de recursos humanos que contemple las necesidades reales de personal.

CCOO insiste especialmente en la necesidad de poner fin al agravio que sufre el personal técnico de grado medio y grado superior al no haberse llevado a cabo el correcto encuadramiento, conforme al artículo 76 y la disposición transitoria tercera del TREBEP, que incluye la incorporación del Grupo B.

Cumplir los acuerdos para fortalecer los servicios públicos

El Área Pública de CCOO recuerda que muchas de estas reivindicaciones forman parte de compromisos adquiridos en los distintos acuerdos suscritos con el Gobierno y que su cumplimiento no puede seguir demorándose.

El sindicato considera que las Administraciones Públicas deben asumir una responsabilidad clara: reforzar los servicios públicos mediante la creación de más empleo, mejores condiciones laborales y salarios que reconozcan el valor del trabajo que realizan más de tres millones y medio de empleadas y empleados públicos.

CCOO seguirá desarrollando las acciones sindicales necesarias para que estas reivindicaciones se conviertan en derechos efectivos.

Más empleo público. Más derechos. Más salarios.

Porque unos servicios públicos fuertes sólo son posibles con empleadas y empleados públicos reconocidos, valorados y justamente retribuidos.

 Negociación del V Convenio Único de la AGE

La Dirección General de Función Pública propone un 0,0% de subida salarial

En la reunión de la Comisión Negociadora celebrada ayer la Administración sigue sin aportar medidas en materia económica.

02/10/2026.

0%

El bloqueo de la negociación que acontece en la negociación del V Convenio Único del personal laboral de la AGE deja en muy mal lugar a quien ostenta la máxima responsabilidad, por parte del Ministerio, de llevar a buen puerto esta negociación. Realmente no sorprende esta pasividad pues es la tónica que acontece en otras materias que, incluso ya sustanciadas en acuerdos, cuesta desarrollarlas en los tiempos y de la forma esperada.

CCOO cuestionamos dicha inacción y nos lleva a plantear movilizaciones si la situación se mantiene y no se acomete una verdadera negociación empezando desde ya por la estructura salarial, reiteramos que nuestros salarios netos en Convenio están, en casos, por debajo del salario mínimo interprofesional y, otros muchos, lo rozan.

Estamos a la cola en cuanto a retribuciones dentro del conjunto de convenios de las Administraciones Autonómicas y la diferencia no hace más que aumentar, incluso en el concepto de antigüedad salimos perdiendo.

El empleado público de la AGE sigue perdiendo poder adquisitivo, por ello, en lo que respecta a esta negociación que sigue abierta y pendiente de resolver para el personal laboral, es preciso acordar una subida de salarios por diferentes vías incluso las que ya están habilitadas normativamente como la carrera profesional.

Los empleados públicos de la AGE como parte de esta sociedad también sufrimos el problema de acceso a la vivienda, cada vez más, nos encontramos con opositores que renuncian a las plazas obtenidas porque, si el puesto adjudicado implica cambio de residencia, les tocará poner dinero.

Urge acometer la negociación en cuestiones que venimos reiterando:

• Es necesario revisar el salario base de todos los grupos profesionales. 1500 euros salario mínimo en Convenio.
• Implantar la carrera profesional.
• Mejorar el sistema de retribuciones complementarias e incluir nuevas modalidades.
• Integrar el INAEM en el articulado del Convenio.
• Revisar el valor del trienio.

 CCOO rechaza el abordaje bilateral y sectorial del Gobierno sobre las clases pasivas

El sindicato califica de “absolutamente inaceptable” la decisión del Gobierno de negociar de forma bilateral y sectorial la mejora de los haberes reguladores del personal sujeto al régimen de clases pasivas, y exige que esa negociación se lleve al grupo de trabajo aprobado en el Acuerdo marco para la mejora del empleo público y servicio a la ciudadanía.

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Las Federaciones de Servicios a la Ciudadanía y de Enseñanza de CCOO han conocido que el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, está manteniendo negociaciones con organizaciones representativas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para introducir importantes modificaciones que afectan al sistema de jubilación y, en particular, a la cuantía de los haberes reguladores del Régimen de Clases Pasivas del Estado.

Según la información hecha pública por estas organizaciones, la Secretaría de Estado de Seguridad ha planteado una nueva metodología de cálculo dirigida a incrementar sustancialmente los haberes reguladores de los Grupos A1, A2 y C1 aplicables a estos colectivos, que alcanzarían al personal integrado en clases pasivas. La propia información señala que la negociación se encuentra ya en su “recta final”, estando previsto su cierre en una próxima reunión a celebrar el 11 de noviembre.

“Desde CCOO queremos dejar absolutamente claro que no cuestionamos que policías nacionales y guardias civiles puedan reivindicar y obtener mejoras en sus pensiones, algo que obviamente podemos compartir. Lo que consideramos absolutamente inadmisible es que el Gobierno aborde de manera bilateral y sectorial esta cuestión con un solo colectivo, ya que afecta a todo el personal sujeto al régimen de clases pasivas”.

Los haberes reguladores no solo son de aplicación a policías nacionales y guardias civiles que accedieron a la función pública antes del 1 de enero de 2011, sino también a todos los colectivos de personal funcionario que establece el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado. Se incluyen, entre otros, los cuerpos de la Administración de Justicia, de la Administración General del Estado, del sector docente o del sector postal.

En enero de 2026, CCOO ya situó públicamente la mejora de las pensiones de clases pasivas entre sus prioridades para el desarrollo del Acuerdo marco. Y precisamente para desarrollar esta materia se constituyó, el pasado 3 de julio, el Grupo de trabajo específico de Mutualismo y Clases Pasivas, al que CCOO ha trasladado propuestas concretas dirigidas al conjunto del personal funcionario afectado. Según se comprometieron en dicha reunión, el grupo de trabajo debería haberse reunido nuevamente a mitad del presente mes de septiembre, cosa que hasta la fecha no se ha cumplido. El sindicato considera urgente que se celebre esa reunión y que las negociaciones se puedan cerrar antes de final de año, en la línea preacordada por el Ministerio del Interior y las organizaciones representativas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Por todo ello, CCOO ha dirigido un escrito a la Secretaría de Estado de Función Pública para exigir que cualquier modificación que afecte a los elementos estructurales del Régimen de clases pasivas sea negociada con carácter general en el grupo de trabajo constituido al efecto y resulte aplicable, en condiciones de igualdad, al conjunto del personal funcionario incluido en dicho régimen cuando concurra la misma situación jurídica.

“El Gobierno no puede defender un Acuerdo marco y, al mismo tiempo, vaciar de contenido los ámbitos de negociación creados para desarrollarlo mediante acuerdos paralelos con determinados colectivos”, advierten.

 COMISIÓN PARITARIA IV CONVENIO ÚNICO

La aplicación de la jubilación parcial para el personal laboral del IV Convenio Único ya está en marcha

Nota informativa avanzando información sobre jubilación parcial, cambio de régimen jurídico y concurso de traslados para puestos de los anexos I y II.

30/09/2026.

IV CUAGE

Se han resuelto más de 400 solicitudes y parece viable atender sucesivamente todas las presentadas hasta la fecha con la vía que habilita el Real Decreto aprobado.

El Real Decreto recordemos permite vincular las solicitudes a contratos ya formalizados en anteriores ofertas de empleo.

Los adjudicatarios serán, a los efectos, considerados como relevistas, de esta manera, se agiliza la gestión que se reinició a mediados del mes de agosto y se ha intensificado durante este mes de septiembre.

La Administración manifiesta, a partir de la vía habilitada, tener margen para acometer las solicitudes si bien, desde CCOO, hemos recordado que la gestión debe ser eficaz para que, a futuro, ningún solicitante de acceso a la jubilación parcial sufra demoras como las ya vividas.

Se cifra en torno a 1500 solicitudes activas, si el ritmo es continuado, se debieran agilizar en plazo la totalidad priorizando las solicitudes en función de la fecha de acceso a la jubilación parcial y, mes a mes, se debe ir vinculando y ordenando las solicitudes acumuladas tratando de evitar los periodos de espera.

Las futuras ofertas de empleo deben incluir la previsión de puestos necesarios para este fin, para ello, apelamos a una adecuada planificación en la confección de los Reales Decretos de oferta de empleo público y que sirva para la creación real de empleo.

También hemos promovido la convocatoria del grupo de trabajo para actualizar la información, conocer y promover soluciones para posibles incidencias que estén teniendo lugar y que implican a la Seguridad Social, la aplicación informática por la que se lleva a cabo la solicitud y las modificaciones que permite realizar, así como posibles condicionantes a la acumulación que debiera ser posible que fuera total desde el principio si así lo desea la trabajadora o trabajador solicitante.

En cuanto al concurso de traslados, como ya expusimos en nota informativa anterior, la resolución con la adjudicación definitiva de puestos del anexo I y II se producirá en las próximas semanas y se está trabajando, para que a lo largo del mes de octubre, se publique la tercera fase para puestos del anexo I y en noviembre para puestos del anexo II.

CCOO hemos insistido que se ha de facilitar la información previa de las plazas a incluir en dichos traslados para solventar posibles dudas en las características de los puestos ofertados como puede ser la tipología de jornada o la presencia/ausencia de retribuciones complementarias. También porque, sin estar normalizado en Convenio el procedimiento, estamos detectando asignación de complementos y de jornadas al margen de los procesos de movilidad establecidos lo que conlleva posibles conflictos de intereses y daño a terceros.

También se va a convocar el grupo de trabajo de cambio de régimen jurídico en el mes de octubre, mientras tanto, se nos actualiza someramente la situación de los procesos del grupo 2G cuyo listado de aprobados ya quedó publicado y se está recabando la documentación para la formalización de los contratos a la par que se está trabajando para la reconversión de los puestos y su inclusión en la estructura de personal funcionario.

En el caso del grupo 1G, recientemente, fue publicado el listado de admitidos y excluidos provisionales junto con la constitución del Tribunal, la inscripción en las acciones formativas y el material de estudio elaborado los pondrá el INAP a disposición de los participantes a mediados del mes de octubre.

Por último, en relación al proceso para acceso a los cuerpos de informática de los grupos 3G, 2G y 1G, se sigue trabajando en la revisión de las solicitudes para poder proceder con la publicación de los listados de admitidos y excluidos provisionales.

CCOO, reiteramos la queja por el retraso acumulado y, tras tanto tiempo transcurrido sin resolver definitivamente esta cuestión, necesitamos actualizar información y, por ello, hemos solicitado el dato del número de efectivos por grupo profesional del anexo II susceptibles de poder participar en futuras convocatorias.

Adjuntamos nota informativa dando cuenta de la resolución de los expedientes fundamentalmente de retribuciones complementarias vistos en la Comisión Paritaria y Negociadora celebradas en el día de ayer.

 CCOO denuncia el cese fraudulento de personal interino

“La temporalidad no la crea el personal interino, la crea la mala gestión de las Administraciones Públicas. Basta ya de utilizar a las personas trabajadoras”.

Empleo público

El Área Pública de CCOO denuncia las decisiones que se están adoptando en determinadas Administraciones Públicas y organismos del sector público respecto a la contratación de personal interino. “Bajo falsos argumentos en cumplimiento del Estatuto Básico del Empleo Público y evitar posibles reclamaciones judiciales, se pretende cesar a personas interinas, a la vez que bloquean o retrasan contrataciones necesarias para el funcionamiento del servicio público”. Para CCOO el problema no es el personal interino o temporal, el problema es la incapacidad o dejadez de las Administraciones Públicas para gestionar adecuadamente sus plantillas y cumplir sus propias obligaciones legales.

Durante años, las Administraciones Públicas han recurrido a la contratación temporal para cubrir necesidades estructurales. “De forma irresponsable, han hecho dejación de sus obligaciones, como la de planificar, convocar ofertas de empleo, resolver procesos selectivos en tiempo y forma, estabilizar las plantillas y cubrir las necesidades de las mismas”, critica CCOO. “Así, cuando llegan las consecuencias de esa mala gestión, parece que algunas pretenden trasladar toda la responsabilidad a quienes no tienen responsabilidad: los empleados y empleadas públicas que han prestado servicio a la ciudadanía y han sostenido el funcionamiento de las mismas”.

Para el sindicato, el miedo a las demandas judiciales no puede justificar el cese del personal o el bloqueo de las contrataciones porque consideran que no es la solución. “Va en perjuicio del propio personal y en detrimento del servicio público, con el agravio que se infringe a la ciudadanía española y a la satisfacción de sus derechos en un Estado social de derecho”.

CCOO incide en que cada contratación que no se realiza, repercute directamente en las condiciones laborales, en la conciliación, en la organización del trabajo del personal y, finalmente, en la calidad del servicio que recibe la ciudadanía.

Además, el sindicato considera que existe un discurso cada vez más preocupante que parece convertir a las y los trabajadores interinos en el origen de todos los problemas de la temporalidad. “El personal ha accedido a sus puestos mediante los procedimientos establecidos por la propia Administración Pública, ha trabajado cuando se le ha requerido, contribuyendo al mantenimiento de servicios esenciales en muchas ocasiones en condiciones difíciles. Pretender ahora presentarles como un riesgo jurídico o como un problema organizativo es una falta de respeto intolerable. Es la consecuencia de años de falta de planificación y de la incapacidad o desidia de las Administraciones Públicas para dotarse de mecanismos eficaces para la cobertura definitiva de plazas”.

El Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y servicio a la ciudadanía que firmó CCOO junto al resto de sindicatos, incide precisamente en esa incapacidad de planificación de los recursos humanos por parte de las Administraciones Públicas, instando a cambiar las limitaciones establecidas respecto a la tasa de reposición y su sustitución por una herramienta de gestión integral y plurianual de los recursos humanos. Por ello CCOO propone soluciones, no busca culpables donde solo hay damnificados.

“Desde el Área Pública de CCOO defendemos el acceso al empleo público bajo los principios constitucionales y garantía de la igualdad de oportunidades. Igualmente entendemos que es necesario perfeccionar la actual normativa, fundamentalmente en lo referente a la estabilidad en el empleo y la responsabilidad. Las consecuencias del incumplimiento deben recaer sobre quien incumple, no sobre quien trabaja. Si durante años no se han convocado plazas suficientes, si los procesos selectivos se han retrasado o si las necesidades estructurales se han cubierto con temporalidad, la responsabilidad es exclusivamente de los órganos gestores. No vamos a aceptar que se utilice la ley como coartada para amortizar puestos, reducir contrataciones, perjudicar al personal o generar incertidumbre entre las plantillas”.

CCOO cree que la solución no pasa por cesar las contrataciones sino por cubrir todas las necesidades reales de personal; convocar y resolver con agilidad los procesos selectivos pendientes; garantizar la estabilidad en el empleo; reforzar, atender nuevas necesidades, y renovar las plantillas en un colectivo con una edad media alta; garantizar el derecho a la promoción y carrera profesional; proteger los derechos de las personas trabajadoras; y garantizar un servicio público de calidad para la ciudadanía.

“Todo lo demás son excusas para ocultar problemas de gestión que vienen de lejos. La Administración no puede incumplir durante años sus obligaciones y después pretender resolver el problema sacrificando a quienes han contribuido a mantener en pie los servicios públicos. Desde CCOO no lo vamos a permitir”.