CCOO exige un salario mínimo de 1.500 € netos en la AGE

La pérdida de poder adquisitivo y los bajos salarios en la Administración General del Estado están provocando una crisis sin precedentes: el 30% de las plazas de oposición y más del 60% de las de promoción interna quedan vacantes ante la imposibilidad de afrontar el coste de la vida con sueldos de 1.200 euros. Con cerca de 30.000 empleados públicos rozando el SMI, CCOO inicia movilizaciones el próximo 9 de junio en Madrid para exigir retribuciones dignas y garantizar la eficiencia de unos servicios públicos esenciales que hoy se encuentran bajo mínimos.

01/06/2026.

Cartel concentración

EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO NO MENOS DE 1500 EUROS NETOS

La pérdida de poder adquisitivo de los salarios no solamente representa un rápido empeoramiento de las condiciones de vida de los empleados y empleadas públicas. Son un factor que condiciona la prestación y eficiencia de los servicios públicos a la ciudadanía.

En estos momentos miles de empleadas y empleados públicos ven que a pesar de negociar subidas que tratan de acompañar el IPC, su poder adquisitivo merma porque el crecimiento del coste de la vida es superior.

La crisis provocada por la especulación con la vivienda, el incremento de gastos derivados del conflicto por el control de los recursos, hace cada vez más pobres a las empleadas y empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE).

El conjunto de las categorías laborales y de funcionarios del personal de la AGE padecemos esta situación, pero, es sin lugar a duda en las categorías de menores ingresos donde es más dramática. Cerca de 30.000 empleados de la Administración del Estado, un 15% de la plantilla, tienen unos ingresos cercanos al SMI.

Estas retribuciones bajas, notablemente inferiores a las del resto de las administraciones públicas, están provocando un impacto directo sobre los servicios públicos como demuestran los datos de los procesos selectivos convocados por el Estado, donde aproximadamente el 30% de las plazas quedan vacantes al conocer la localidad de destino, renunciando a la toma de posesión en la plaza a pesar de haber superado una oposición. Con ingresos netos de 1.200 euros no hay muchas opciones para hacer frente a cambios de domicilio.

En el caso de la promoción interna los porcentajes aún son mayores por la misma razón, unos ingresos que lo impiden quedando más del 60% de las plazas de promoción interna vacantes.

Consecuentemente las Ofertas de Empleo Público proclaman unos datos y la realidad de las plantillas son otras, teniendo déficits importantes en los departamentos más sensibles de la AGE, lo que consecuentemente empeora los servicios públicos, decae la eficiencia y la ciudadanía tiene peores servicios.

Para CCOO mantener salarios extremadamente bajos en la AGE es el camino más corto para el desmantelamiento de los servicios públicos, castigar a la ciudadanía con menos recursos y menos cohesión social.

CCOO defendemos servicios públicos eficaces, fuertes y con capacidad para gestionar un Estado comprometido con su ciudadanía, donde nadie se quede atrás, por ello, además de mejoras organizativas en la gestión, defendemos que el personal de la AGE tenga un reconocimiento salarial mínimo acorde a su servicio.

El próximo día 9 de junio nos movilizamos en Madrid por la DEFENSA DE UNA EQUIPARACIÓN SALARIAL EN LA AGE CON LA DIGNIDAD. QUE NADIE COBRE MENOS DE 1.500 € NETOS.

Fecha: Martes, 9 de junio de 2026.Hora: 12:30 h.Lugar: Concentración frente al Ministerio de Hacienda (Calle Alcalá, 5, Madrid).

 CCOO denuncia el bloqueo intolerable de la Secretaría de Estado de Seguridad Social a la jubilación parcial en las Administraciones Públicas

Según los sindicatos, la Secretaría de Estado de Seguridad Social tiene paralizado desde hace más de dos meses un acuerdo pactado con las organizaciones sindicales UGT y CCOO y mantiene secuestrado un derecho de miles de empleadas y empleados públicos.

27/05/2026.

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La Federación de Servicios Públicos de UGT y el Área Pública de CCOO denuncian “la actitud injustificable de la Secretaría de Estado de Seguridad Social, que continúa bloqueando la solución para garantizar la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones Públicas, negándose a aprobar mediante real decreto ley un acuerdo ya consensuado con ambos sindicatos”.

CCOO y UGT recuerdan que existe un acuerdo cerrado que resuelve plenamente esta situación y permite hacer efectivo el derecho a la jubilación parcial del personal laboral mediante una fórmula clara y viable, incluyendo que el contrato de relevo pueda ser cubierto por personal temporal o interino. “No existe, por tanto, ningún impedimento técnico ni jurídico que justifique seguir retrasando su aprobación. Lo que existe es una falta absoluta de voluntad política y una incomprensible pasividad por parte de Seguridad Social ante una reivindicación legítima y urgente de miles de trabajadoras y trabajadores públicos”.

“Mientras tanto”, añaden, “muchas empleadas y empleados públicos ven cómo se les niega en la práctica un derecho reconocido, acumulando incertidumbre, frustración y perjuicios personales y laborales totalmente evitables”.

UGT y CCOO advierten que si la Seguridad Social no desbloquea esta situación, instarán a la Secretaría de Estado de Función Pública a que sea este ámbito quien efectivamente proceda a la aprobación urgente de la jubilación parcial del personal laboral mediante real decreto ley, el único instrumento capaz de garantizar una solución inmediata y efectiva”.

Asimismo, los sindicatos reclaman que el Gobierno articule otra vía para la jubilación parcial del personal funcionario, estatutario y del resto del personal sometido a Derecho administrativo, paralizada dentro del Proyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado, actualmente bloqueado en el Congreso de los Diputados.

CCOO y UGT consideran inaceptable que los derechos de las empleadas y empleados públicos queden atrapados por los bloqueos parlamentarios y las disputas políticas. Por ello, exigen retirar esta materia del proyecto de ley y aprobarla en el mismo real decreto ley, garantizando sin más dilaciones el acceso a la jubilación parcial para el conjunto del personal de las Administraciones Públicas.

Ambas organizaciones advierten que los derechos laborales “no pueden seguir siendo utilizados como moneda de cambio, ni permanecer paralizados por la inacción política y administrativa”.

De no obtener repuesta, UGT y CCOO afirman que retomarán las movilizaciones, sin descartar acciones judiciales hasta lograr que el Gobierno dé una solución definitiva al atropello que ha supuesto la paralización unilateral de la jubilación parcial en las Administraciones Públicas.

 Balance de la Comisión Paritaria del IV Convenio Único: CCOO exige mejoras urgentes en promoción interna, jubilación parcial y retribuciones

CCOO denuncia la inacción de la Administración en la reunión del 27 de mayo y reclama soluciones definitivas para el desarrollo profesional y salarial del personal laboral de la AGE.

27/05/2026.

IV CUAGE

Ayer, 27 de mayo de 2026, se celebró una intensa jornada de las Comisiones Paritaria y Negociadora del IV Convenio Único. Durante el encuentro, CCOO trasladó el malestar general de la plantilla ante la falta de avances, la opacidad informativa y la pérdida de poder adquisitivo que sufre el personal laboral de la Administración General del Estado (AGE).

El sindicato ha fijado posturas firmes en tres ejes fundamentales:

• Promoción interna y turno libre (2023-2024): CCOO ha propuesto eliminar por completo la fase de oposición en la promoción interna, defendiendo que el concurso sea la vía general para agilizar los procesos y revertir las bajísimas tasas de cobertura actuales. Asimismo, critica que la Administración siga sin facilitar el desglose de las plazas que prevé convocar en junio.
• Acceso a la jubilación parcial: Ante la falta de respuestas claras por parte de la Administración, el sindicato advierte que la tasa de reposición extraordinaria es una solución lenta e insuficiente. Aunque se espera la publicación de la resolución en el BOE para junio a través de FUNCIONA, CCOO recomienda a las trabajadoras y trabajadores tener listos sus medios telemáticos de acceso.
• Agonía retributiva y fondos para el V Convenio: CCOO ha exigido la dotación de fondos presupuestarios que acaben con los "salarios de pobreza" en la AGE mediante la negociación del próximo convenio. Durante la sesión también se revisaron numerosos expedientes ministeriales sobre encuadramientos y asignación de complementos salariales (RCT, CSP y E1).

A continuación, puedes descargar las notas informativas completas de cada uno de los bloques tratados:

[Descargar PDF] Nota 1: Procesos de Promoción Interna y Turno Libre

[Descargar PDF] Nota 2: Situación y dudas sobre la Jubilación Parcial

 [Descargar PDF] Nota 3: Agonía Retributiva y Expedientes de Complementos

 Reunión Comisión de Seguimiento del Acuerdo de la MGNAGE sobre promoción interna

El 14 de mayo se reunió esta Comisión con la asistencia de CCOO, UGT, CSIF y GIC para analizar el cumplimiento de las medidas acordadas para retener el talento interno de la organización y las expectativas de progreso en el desarrollo de la carrera profesional del personal funcionario y laboral.

18/05/2026.

Promoción Interna

La Administración nos ha entregado los datos de cobertura de promoción interna OEP 2022 y 2023 desglosados por Cuerpos funcionariales y son demoledores, tan sólo el 27,44% de las plazas ofertadas a promoción interna se ha cubierto. Hay muy pocos cuerpos cuya cobertura se acerque al 100%.

En el caso del personal laboral del IV CUAGE, los datos facilitados son desde la OEP 2018 a 2022 y aún es peor ya que la cobertura de plazas de promoción interna es de un 5%. 

Desde CCOO hemos puesto de manifiesto que el cumplimiento de las medidas por los departamentos ministeriales no ha sido homogéneo, los temarios no se ha reducido sino que se han concentrado, la prueba de supuestos prácticos no se valora conforme a criterios objetivos ni se establece una ponderación en cada uno de ellos, no se ha eliminado la prueba de lectura en sesión pública, a lo que hay que sumar la falta voluntad de la administración de cubrir la totalidad de las plazas de promoción interna estableciendo notas de corte superiores al 5. 

La Administración comparte con los sindicatos que los datos son muy malos, les preocupa la situación, nos trasladan que las causas son multifactoriales, entre ellas es la falta de participación del personal en estos procesos, en algunos de ellos convocan más plazas que personas se presentan. Como novedad este año en el RD 387/2026 que aprobó la OEP 2026 se incluyó la obligación de que los centros gestores de los procesos selectivos envíen un informe a Función Pública si la cobertura de plazas de promoción interna es inferior al 30% para que analicen los motivos y tengamos más información. 

CCOO hemos defendido la necesidad de negociar unos nuevos criterios comunes que sirvan de base para cubrir la totalidad de las plazas de promoción interna, que se aprueban en las OEP anuales, trasladando algunas de nuestras propuestas:

Eliminar la fase de oposición, introduciendo el concurso de méritos como un sistema más en la promoción interna, para los puestos de trabajo de doble adscripción o susceptibles de reclasificación que ya vienen realizando funciones superiores. 

• Desarrollo profesional mediante itinerarios formativos y formación impartida por la propia Administración.
• Mejorar los cursos selectivos o introducir cursos habilitantes.
• Adaptar la clasificación de los grupos, un único grupo A y C y desarrollar el grupo B en la Función Pública del Estado.
• Eliminar el carácter eliminatorio de las pruebas.
• Prevalencia en la selección de destinos.
• Garantía retributiva y posibilidad de reclasificación del puesto.
• Profesionalización de los Tribunales calificadores. Participación sindical en ellos.
• Garantizar la participación del personal funcionario, laboral y del PLEX. 

Nos hemos emplazado al 10 de junio de 2026 para tener una segunda reunión y enviar más propuestas a la Administración. Además hemos solicitado los datos de cobertura hasta el año 2025 y el número de excedencias por incompatibilidad y renuncias que se han producido después de superar un proceso de promoción interna. 

 La temporalidad abusiva en las Administraciones Públicas no puede seguir saliendo gratis

La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2026 (STS 475/2026), dictada por la Sala de lo Social, ratifica la fijeza si se ha superado un proceso selectivo, en la lucha contra el abuso de la contratación temporal en las Administraciones Públicas.

Tribunal Supremo

El Área Pública de CCOO valora esta resolución como un movimiento importante que evidencia la presión ejercida por la jurisprudencia europea y por años de reivindicación sindical frente a un modelo de precariedad estructural instalado en el empleo público.

Durante demasiado tiempo, miles de trabajadoras y trabajadores han sostenido servicios esenciales bajo contratos temporales fraudulentos, encadenando nombramientos y contratos durante años, e incluso décadas, sin que las Administraciones Públicas asumieran consecuencias reales por este abuso.

La sentencia viene a reconocer una realidad que el sindicalismo lleva denunciando desde hace años: la temporalidad abusiva no es una anomalía puntual, sino un sistema de precarización que se ha institucionalizado por la desidia de las Administraciones Públicas.

El punto de inflexión de esta nueva doctrina se encuentra en las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la última de ellas del 14 de abril de 2026, que ha sido contundente respecto al modelo español del personal “indefinido no fijo”.

Europa considera que esta figura sigue siendo temporal, algo que CCOO venía denunciado y, por tanto, insuficiente para sancionar el abuso cometido por las Administraciones Públicas.

El TJUE ha reiterado además que existe fraude de ley incluso con un único contrato cuando su duración resulta desproporcionadamente larga.

Asimismo, el tribunal europeo ha rechazado que la indemnización de 20 días por año trabajado al finalizar el contrato constituya una medida suficientemente disuasoria. En otras palabras: en opinión del TJUE, las Administraciones Públicas podían seguir abusando de la temporalidad porque las consecuencias económicas eran mínimas o asumibles, opinión que ha sido mantenida desde siempre por CCOO.

A ello se suma la creciente presión de la Comisión Europea, que ha dado a España un ultimátum de dos meses para adaptar plenamente su normativa a la Directiva europea sobre empleo temporal. De no hacerlo, el Estado se enfrenta nuevamente a un procedimiento ante el TJUE y a posibles sanciones económicas.

La STS 475/2026 analiza el caso de una trabajadora laboral que permaneció encadenando contratos temporales durante catorce años para atender necesidades estructurales de la Administración.

El Tribunal Supremo reconoce finalmente su condición de trabajadora fija y no simplemente de indefinida no fija, siempre y cuando se haya superado un proceso selectivo, cumpliendo así con los principios constitucionales y con el TREBEP.

La sentencia considera especialmente relevante que la trabajadora hubiera superado previamente un proceso selectivo para plazas fijas, aunque no obtuviera plaza en aquel momento, y que continuara desempeñando funciones permanentes mediante sucesivos contratos temporales.

Para CCOO, este pronunciamiento supone un reconocimiento expreso de que las Administraciones no pueden utilizar la temporalidad para cubrir de manera indefinida puestos estructurales mientras ignoran los principios de estabilidad y dignidad laboral.

Nueva doctrina: más protección y nuevas indemnizaciones

El Tribunal Supremo establece ahora una nueva doctrina que introduce importantes cambios.

La fijeza no se reconoce automáticamente a todas las personas afectadas por abuso de temporalidad, pero sí podrá concederse cuando concurran varios elementos:

1. Haber superado un proceso selectivo para plazas fijas.

2. Haber continuado prestando servicios mediante contratos temporales sucesivos.

3. Existir una duración excesiva de la relación temporal, especialmente más allá de tres años en interinidad.

Junto a ello, la gran novedad de la sentencia es la creación de una indemnización específica por abuso de temporalidad.

Se configura así un sistema de doble compensación:

1. La Indemnización tradicional de 20 días por año trabajado al extinguirse el contrato.

2. Una nueva indemnización por abuso, compatible incluso con la continuidad en el puesto de trabajo.

Esta nueva compensación busca reparar tanto los daños materiales como los daños morales sufridos por las personas trabajadoras que han padecido años de incertidumbre, precariedad y vulneración de derechos.

El Tribunal Supremo toma como referencia la LISOS (Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social), fijando cuantías que pueden oscilar entre los 1.000 y los 10.000 euros, e incluso superiores si se acreditan perjuicios mayores.

Además, y un dato muy importante, se abre la puerta a sanciones administrativas contra las Administraciones empleadoras mediante actuaciones de la Inspección de Trabajo, reforzando así el carácter disuasorio exigido por Europa.

CCOO: “La temporalidad abusiva no puede seguir saliendo gratis”

“Desde CCOO consideramos que esta sentencia representa un avance relevante, pero también insuficiente mientras no exista una reforma integral que garantice estabilidad real para el personal público en abuso de temporalidad”.

Para el sindicato, no puede aceptarse que las Administraciones Públicas, que deben ser ejemplo de legalidad y respeto a los derechos laborales, hayan utilizado durante años mecanismos de contratación precaria para sostener servicios esenciales como la sanidad, la educación, los servicios sociales o la Administración general.

Miles de trabajadoras y trabajadores han desarrollado su vida profesional en condiciones de absoluta inseguridad, sufriendo la incertidumbre permanente sobre su futuro laboral pese a desempeñar funciones estructurales y permanentes.

No obstante habrá que esperar qué decide la Sala de lo Contencioso Administrativo, que afecta al personal funcionario estatutario interino, que hasta ahora no se ha pronunciado y está siendo más conservadora en estos casos.

CCOO seguirá defendiendo: el cumplimiento íntegro de la normativa europea; medidas verdaderamente disuasorias contra el abuso; procesos de estabilización justos y garantistas; el reconocimiento efectivo de derechos para el personal temporal en fraude de ley; y el fin de la precariedad estructural en el empleo público.

Un aviso claro a las Administraciones

La STS 475/2026 evidencia que el modelo español de temporalidad masiva en el sector público ha entrado en crisis jurídica y política.

El Tribunal Supremo intenta adaptar la doctrina nacional a las exigencias europeas y evitar nuevos choques con el TJUE, pero incluso el voto particular incluido en la sentencia advierte de que las nuevas medidas podrían seguir siendo insuficientes para garantizar la verdadera disuasión que exige la Unión Europea.

Nos encontramos, por tanto, ante una resolución de enorme trascendencia que lanza un mensaje inequívoco: el abuso de la temporalidad ya no puede quedar impune.

Desde CCOO continuaremos impulsando la defensa jurídica, sindical y social de todas las personas trabajadoras afectadas, exigiendo estabilidad, dignidad y empleo público de calidad.