Entre otras cuestiones la reunión ha servido para valorar la Memoria de Prevención de Riesgos Laborales correspondiente a 2019, así como la información facilitada respecto a las actuaciones realizadas por la AGE frente a la COVID-19.
El pasado 20 de noviembre se ha reunido la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales de la Mesa General de Negociación AGE para valorar, entre otras cuestiones, la Memoria de Prevención de Riesgos Laborales correspondiente a 2019.
De la misma se desprende lo siguiente:
- Se han creado 13 nuevos Servicios de Prevención Propios, debido a la adecuación de la nueva estructura Ministerial realizada el año anterior, y que se ha llevado a cabo en 2019.
- Se ha aprobado por parte de la CECIR, una Resolución donde se recoge las Instrucciones sobre puestos de trabajo de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de las relaciones de puestos de trabajo de la AGE, según las cuales se debe de hacer efectiva la incorporación del personal laboral a los puestos destinados a la prevención en la AGE. Hoy todavía continúa la escasa disponibilidad de la especialidad de Medicina del Trabajo que no sobrepasa (entre médicos especialistas en medicina de trabajo y ATS/DUES) el 6% del total de las especialidades. Sin embargo, Función Pública desconoce cómo llevar a cabo el ingreso de este personal a las plazas de los Servicios de Prevención, desde CCOO hemos exigido una respuesta con carácter urgente, debido a la situación de precariedad en la que se encuentran muchos Servicios de Prevención.
- Igualmente se aprobó, la Resolución general de aplicación de la medida para el incremento del CE de los puestos de trabajo de los servicios de prevención y del complemento de los puestos con clave EPD, prevista en el Acuerdo de 4 de marzo de 2019 sobre la Aplicación de los Fondos Adicionales previstos en el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y de las Condiciones de Trabajo de 9 de marzo de 2018. CCOO denuncia que esta medida no ha sido aplicada en su totalidad.
- El coste total de las actividades preventivas contratadas asciende a 8.705.908, donde la cantidad destinada a la vigilancia de la salud asciende un año más a 5.561.041 euros, suponiendo un 63% del total de los recursos.
- Los Comités de Seguridad y Salud constituidos y nombrados son 124, frente a los 333 que ya debieran de estar en funcionamiento, y el número de delegadas y delegados de Prevención asciende a 452, cuando su número real debiera de ser de 1.139. Durante el año 2020 se ha paralizado este proceso debido al estado de alarma producido por la pandemia del COVID- 19.
- Se observa un aumento de las denuncias a la ITSS, mayoritariamente presentadas por los representantes sindicales, apartado que merecería un desglose mayor y específico de estos datos.
- Durante este año, se han creado 2 grupos de trabajo coordinados por Función Pública y el INSST, uno para establecer recomendaciones en la elaboración de los conciertos con los servicios de prevención ajenos, y otro para diseñar una metodología para la implantación de las auditorías internas.
- En lo relativo a las situaciones de Acoso Laboral, siguen aumentando las denuncias por esta causa, así como el archivo de estas, por parte de los Departamentos y Organismos. CCOO sigue demandando tal y como comprometió la administración, un grupo de trabajo para el estudio y modificación del actual Protocolo de Acoso Laboral, así como los datos correspondientes a las denuncias producidas por Acoso Sexual y Acoso por razón de sexo que, de manera inexplicable, no son facilitados a pesar de ser comunicados por los Departamentos y Organismos.
- Respecto a las situaciones de violencia en el trabajo, aumenta el número de denuncias por violencia verbal y física en inspección/vigilancia normativa, así como en atención personal, aumentando igualmente, las denuncias por violencia física grave.
- Los Traslados por razones de Salud disminuyen, algo que no nos sorprende, debido ala complejidad y aumento de los trámites que se recogen en la actual instrucción que los regula.
La Administración, nos facilita información respecto a las actuaciones realizadas por la AGE frente a la COVID-19. A este respecto, se han ido emitiendo Resoluciones e Instrucciones, desde el 10 de marzo hasta llegar a la Resolución del 17 de junio, del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública de “Medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado, con motivo de la nueva normalidad” y que CCOO no firmó.
CCOO ha requerido información, respecto a la reunión mantenida por el Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública con las Subsecretarias de los departamentos ministeriales, donde establecieron criterios homogéneos en la aplicación de la Resolución de 17 de junio. CCOO no ha tenido ningún conocimiento de esta reunión y se nos se nos ha ocultado la información sobre la misma. Aunque, según el criterio de la administración, estos nuevos criterios no harían necesaria una nueva negociación en los Departamentos y Organismos al aplicar la Resolución de 17 de junio, lo cierto es que son cuestiones afectan a las condiciones de trabajo del personal y si deberían ser objeto de esa nueva negociación. CCOO estamos analizando si esta actuación de la administración puede significar una vulneración de los derechos colectivos del personal para iniciar las correspondientes acciones.
En todo caso, desde nuestro punto de vista, el escenario sanitario es radicalmente diferente al que existía cuando se dictó la Resolución del 17 de junio, haciendo imprescindible la revisión de estas medidas en las Mesas Delegadas de los departamentos y organismos, para volver a adaptar las instrucciones que se hayan dictado respecto a medidas organizativas y preventivas, a la situación real.
