Comisión paritaria y Negociadora del IV Convenio Único

La Oferta de Empleo Público acumulada 2023/2024 se publicará más tarde de lo previsto

Se nos dijo que sería antes de finalizar el mes de junio y, finalmente, la publicación en BOE será la próxima semana, en cualquier caso, tenemos que llamar la atención al hecho de que la oferta correspondiente al año 2023, se convoca en 2026, siendo patente el muy notable desfase entre la aprobación del Real Decreto y las necesidades ahí plasmadas.

01/07/2026.

La OEP 2023/24

El desfase referido no es solo frente al momento en el que se proceda a convocar, sino que, también, con respecto a la adjudicación de destinos que ya será en otro momento muy posterior.

Recordemos que los procesos de turno libre contendrán, con carácter general, una fase de oposición y el concurso-oposición será para los procesos de promoción interna.

En la reunión de Comisión Paritaria, celebrada ayer, se nos han facilitado datos de distribución por grupos profesionales a partir de las plazas ya recogidas en los Reales Decretos tanto del año 2023 como del año 2024 que incorporamos a esta hoja informativa.

El porcentaje de éxito que alcanzará la promoción interna se prevé, de seguir la tónica de los últimos años, ínfimo y la Administración, pese a todo, no ha ofrecido alternativas que hagan más atractiva la oferta y las opciones de participación, recordemos que, desde CCOO, propusimos que se resolviera, con carácter general, únicamente mediante fase de concurso y, finalmente, no fue posible.

No obstante, creemos firmemente que son necesarios cambios en la provisión de puestos y, por ello, insistimos en dar continuidad al acuerdo de promoción interna alcanzado años atrás para impulsar esta vía de desarrollo profesional e, insistiremos que sea mediante fase de concurso.

Hubo, sin embargo, una mejora lograda por CCOO para los anteriores procesos de promoción interna que queremos destacar en los procesos de promoción interna y es que el trabajador o trabajadora pueda quedarse en su mismo centro de trabajo si se dan las condiciones en lugar de optar por los puestos ofertados en la convocatoria, pero también, es necesario hacer atractiva la participación y ello nos lleva, nuevamente, al tema de los salarios que, a la vista de la escasa diferencia entre grupos profesionales, hace que el personal laboral en casos desista de participar pues no existe una correspondencia lógica entre las nuevas funciones y responsabilidades asumidas y la mejora económica que debiera reportar.

Adjuntamos nota en pdf con cuadro de plazas.

 CCOO exige un salario mínimo para la Administración General del Estado

El sindicato reclama 1.500 euros como punto de partida de las horquillas salariales del personal público, de manera que se pueda garantizar la prestación de los servicios públicos en la totalidad del territorio. Señala también la necesidad de incrementar las plantillas y consolidar derechos laborales como el teletrabajo.

01/07/2026.

Concentración del Sector de la Administración del Estado en Madrid el 30 de junio de 2026

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CCOO ha vuelto a movilizarse este martes ante el Ministerio de Hacienda para exigir, entre otras medidas, un salario mínimo de 1.500 euros mensuales en la Administración General del Estado y una dotación de personal suficiente para todos los servicios públicos, de manera que se logren los objetivos europeos de atracción y retención del talento, y se garanticen los derechos de la ciudadanía asociados al estado de bienestar.

El sindicato apunta a los bajos salarios como una de las principales quejas del personal público. Los grupos E y C2 de personal funcionario y los grupos E0 y E1 de personal laboral quedan apenas 100 euros por encima del SMI. El G5 de personal no encuadrado del III Convenio Único supera por dos euros este salario mínimo. Unos sueldos que en la mayoría de casos quedan por debajo de otras Administraciones Públicas y del sector privado, suponiendo un desincentivo a la participación en las oposiciones para la AGE.

El Sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO reclama medidas como la garantía de un salario mínimo de 1.500 euros mensuales o el desarrollo de la carrera profesional y la evaluación del desempeño. Además, recuerda la necesidad de concretar la financiación para el desarrollo del V Convenio Único para el personal laboral. Apunta también a complementos existentes en otras Administraciones Públicas, bajo criterios como la participación en la formación continua, la permanencia en el ámbito o la atención al público.

Por otro lado, incide en las insuficientes ofertas de empleo público para la Administración General del Estado, que no permiten cubrir las necesidades para prestar el servicio público a la ciudadanía, y que no incluyen medidas para garantizar la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas. Esto provoca situaciones incomprensibles, como que más de 300 puestos de los que no se ha tomado posesión no se oferten mediante listas complementarias a las personas que han aprobado sin plaza estas oposiciones.

Desde CCOO insisten en la necesidad de poner en marcha medidas ya comprometidas con el Gobierno, como la implantación real de la jornada de 35 horas semanales, el teletrabajo, la simplificación de la promoción interna o el estudio de la brecha salarial de género. Apuntan también a objetivos futuros, como la recuperación de los presupuestos de formación y acción social, la creación de ayudas para pago de alquiler o compra de vivienda, la restitución del 100 % de las pagas extraordinarias o la puesta en marcha de la jornada semanal de 4 días, entre otras.

El sindicato señala que las bajas retribuciones, las escasas plantillas y la falta de incentivos en las condiciones de trabajo hacen poco atractivo el servicio público, desmotivan a quienes preparan oposiciones y no logran retener el talento. Esto supone una pérdida de garantía para los derechos de la ciudadanía, ya que termina suponiendo la privatización de los servicios, generando mayor coste —según los sucesivos informes del Tribunal de Cuentas— y transformando las decisiones objetivas por interés público hacia decisiones arbitrarias y basadas en criterios económicos del interés empresarial.

CCOO incide en que la Administración General del Estado es parte esencial del estado de bienestar, de la que dependen pensiones, ingreso mínimo vital, prestaciones y subsidios de desempleo, la AEAT, centros penitenciarios, museos estatales, expedición de DNI, pasaportes y TIE, o confederaciones hidrográficas, entre otros. Servicios públicos que, en gran medida, se encuentran saturados, con semanas de espera para conseguir una cita o con largas colas.