CCOO exige un salario mínimo para la Administración General del Estado
El sindicato reclama 1.500 euros como punto de partida de las horquillas salariales del personal público, de manera que se pueda garantizar la prestación de los servicios públicos en la totalidad del territorio. Señala también la necesidad de incrementar las plantillas y consolidar derechos laborales como el teletrabajo.
Concentración del Sector de la Administración del Estado en Madrid el 30 de junio de 2026
CCOO ha vuelto a movilizarse este martes ante el Ministerio de Hacienda para exigir, entre otras medidas, un salario mínimo de 1.500 euros mensuales en la Administración General del Estado y una dotación de personal suficiente para todos los servicios públicos, de manera que se logren los objetivos europeos de atracción y retención del talento, y se garanticen los derechos de la ciudadanía asociados al estado de bienestar.
El sindicato apunta a los bajos salarios como una de las principales quejas del personal público. Los grupos E y C2 de personal funcionario y los grupos E0 y E1 de personal laboral quedan apenas 100 euros por encima del SMI. El G5 de personal no encuadrado del III Convenio Único supera por dos euros este salario mínimo. Unos sueldos que en la mayoría de casos quedan por debajo de otras Administraciones Públicas y del sector privado, suponiendo un desincentivo a la participación en las oposiciones para la AGE.
El Sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO reclama medidas como la garantía de un salario mínimo de 1.500 euros mensuales o el desarrollo de la carrera profesional y la evaluación del desempeño. Además, recuerda la necesidad de concretar la financiación para el desarrollo del V Convenio Único para el personal laboral. Apunta también a complementos existentes en otras Administraciones Públicas, bajo criterios como la participación en la formación continua, la permanencia en el ámbito o la atención al público.
Por otro lado, incide en las insuficientes ofertas de empleo público para la Administración General del Estado, que no permiten cubrir las necesidades para prestar el servicio público a la ciudadanía, y que no incluyen medidas para garantizar la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas. Esto provoca situaciones incomprensibles, como que más de 300 puestos de los que no se ha tomado posesión no se oferten mediante listas complementarias a las personas que han aprobado sin plaza estas oposiciones.
Desde CCOO insisten en la necesidad de poner en marcha medidas ya comprometidas con el Gobierno, como la implantación real de la jornada de 35 horas semanales, el teletrabajo, la simplificación de la promoción interna o el estudio de la brecha salarial de género. Apuntan también a objetivos futuros, como la recuperación de los presupuestos de formación y acción social, la creación de ayudas para pago de alquiler o compra de vivienda, la restitución del 100 % de las pagas extraordinarias o la puesta en marcha de la jornada semanal de 4 días, entre otras.
El sindicato señala que las bajas retribuciones, las escasas plantillas y la falta de incentivos en las condiciones de trabajo hacen poco atractivo el servicio público, desmotivan a quienes preparan oposiciones y no logran retener el talento. Esto supone una pérdida de garantía para los derechos de la ciudadanía, ya que termina suponiendo la privatización de los servicios, generando mayor coste —según los sucesivos informes del Tribunal de Cuentas— y transformando las decisiones objetivas por interés público hacia decisiones arbitrarias y basadas en criterios económicos del interés empresarial.
CCOO incide en que la Administración General del Estado es parte esencial del estado de bienestar, de la que dependen pensiones, ingreso mínimo vital, prestaciones y subsidios de desempleo, la AEAT, centros penitenciarios, museos estatales, expedición de DNI, pasaportes y TIE, o confederaciones hidrográficas, entre otros. Servicios públicos que, en gran medida, se encuentran saturados, con semanas de espera para conseguir una cita o con largas colas.
