Primera reunión del III Plan de Igualdad de Género en la AGE (a pesar de lo que diga la ministra)

Nota reunión III plan de igualdad

Hace pocos meses desde el Sector de Administración del Estado de las CCOO, publicamos una nota manifestando nuestra preocupación por los derroteros que estaba tomando la actividad por parte de la Administración en relación al III Plan de Igualdad de Género en la AGE y en los organismos Públicos vinculados dependientes de ella acompañado de la total ausencia de negociación con las OOSS presentes en la MGNAGE. En la nota avisábamos de que, como habitualmente en estos temas, la administración parecía haber decidido ir por libre, hacerlo todo por su cuenta para darnos un plato ya cocinado que probablemente no se ajustaría a la receta establecida normativamente. Pues bien aunque no tenemos conexión con los oráculos, a nuestro pesar hemos de decir que nuevamente hemos acertado, hace apenas tres días nos han enviado el borrador del III Plan de Igualdad AGE, un borrador de un plan completo.

Curiosamente mientras la administración se enclaustraba para construir su documento, la Ministra Darías se paseaba por España adelante contando que el III Plan se estaba negociando , que la negociación estaba muy avanzada y hasta a las Canarias se llevo el mensaje de que el III plan de Igualdad de la AGE tendría como objetivo combatir los roles y estereotipos que están en la base de las desigualdades, eliminar brechas salariales y crear las condiciones para que la igualdad sea real, especialmente en los puestos directivos.

¿Sabrá la Ministra lo que están haciendo?

Hoy, tras dos años de inactividad, a pesar de las reiteradas exigencias del Sector de la Administración del Estado de CCOO, se ha celebrado la primera reunión de negociación del III Plan de Igualdad, en ella desde CCOO les hemos recordado que el Plan de Igualdad AGE está regulado en el art. 64 de la ley orgánica 3/2007 y que dado que la norma no define procedimiento ni contenidos específicos para nuestro ámbito siempre se ha entendido que el plan debe ajustarse a lo establecido con carácter general para los planes de igualdad en el capítulo III del título IV , de la misma norma , artículos 45 y siguientes. En el propio texto del este borrador de plan incluso la administración hace referencia al art. 45 para decir que se ajustan al mismo. También les hemos apuntado que, además este capítulo de la LOI ha sido perfeccionado en dos ocasiones, una en el RD 6/2019 y otra muy recientemente en el RD 901/2020, la negociación del nuevo Plan debería adaptarse a esta nueva normativa, en cuanto al procedimiento de elaboración del Plan y en cuanto los contenidos del mismo.

Curiosamente la administración ha decidido saltarse las normas y además de obviar, como ya comentamos, totalmente la participación de la representación de la plantilla, nos han enviado un Plan completamente cocinado, con un diagnostico ya realizado basado según nos cuentan en:

• El informe de evaluación del II Plan, que en su momento ya hemos criticado hasta la saciedad y para el que se inventaron hasta los indicadores porque habían aprobado un plan que no los tenía, el II Plan que CCOO no firmó.
• Un estudio de brecha salarial en la AGE realizado al parecer por la DGFP del que desconocemos absolutamente todo, incluidos los conceptos salariales sobre los que se ha realizado o las variables que se han tenido en cuenta para ajustarlo, si es que alguna se ha tenido en cuenta. Hemos pedido que nos lo pasen porque dudamos que hayan tenido en cuanto los salarios reales de la AGE. Les hemos dicho que no creemos que hayan tenido en cuenta las retribuciones periódicas que no aparecen el el BOE como las productividades de mayor dedicación o mayor vinculación, esas que prácticamente todos los puestos de NCD 26 y superiores perciben, tampoco otro tipo de productividades como las que perciben de Subdirecciones Generales en adelante y que suponen de 30.000 a más de 100.000 euros anuales,tampoco creemos que hayan tenido en cuenta las gratificaciones, ni los ingresos derivados de impartir cursos, ponencias y jornadas que suponen una cuantía significativa en determinados ámbitos, hay ponencias en eventos de la AGE que se pueden abonar a 600 euros cada una euros o tal vez más.
• La revisión documental y análisis comparado de planes de otras AAPP y normativa de referencia, tanto de la UE como de la ONU, que suponemos que habrán hecho para hacer el japonés porque en teoría no es necesario, es más los Planes de Igualdad deben ajustarse como un guante a la realidad en la que se deben aplicar, si no se hace así no sirven de nada como se ha demostrado con los dos últimos planes de la AGE.

Como se ve nada que ver con el análisis de la realidad laboral que se establece en la legislación vigente. Pero además:

• Se olvidan completamente de la diversidad de la AGE, conformada por una multiplicidad de Ministerios y Organismos con objeto y características sensiblemente diferentes.
• El análisis se realiza con datos agregados y resultados expresados en porcentajes, algo que está claro que no se hace de forma casual sino con el claro objetivo de evitar la identificación de los nichos de desigualdad y/o discriminación.

• Olvidan que si nuestro objetivo es la igualdad entre hombres y mujeres, es importante analizar las situaciones para descubrir en las que se da esa discriminación con detalle, estudiar los datos, ver en dónde existe verdaderamente y cuáles son sus causas.

  Se hablo también del Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo, que acordado en 2011 y publicado entonces en el BOE está pendiente de publicación como Real Decreto, requisito que la Ley Orgánica 3/2007 establece como imprescindible para que sea de aplicación en su disposición final sexta.Después de 9 años nos dicen que existen razones jurídicas argumentabas por al Abogacía del Estado y las inspecciones de Servicios para no elevarlo a RD. Pediremos formalmente esos informes, En este tema les hemos recordado la PNL de Unidas Podemos en relación al desarrollo y publicación del protocolo acordado, aprobada el 23/9/2020.

  No entramos en el análisis de Ejes ni medidas, pero desde CCOO si apuntamos que:

  • No compartíamos la inclusión de las personas LGTBIQ+ como parte de un eje y además de un eje cojo porque, desconocemos las razones, pero han decidido mutilar al colectivo y le han quitado a Gays, a Queer y todo lo recogido en el +, así que se queda en LTBI ¡y no es un error !. Desde el SAE de CCOO queremos que las personas LGTBIQ+ se ubiquen en el Plan pero como ámbito propio, completo, desde diagnóstico a medida hasta protocolos. Un plan con dos ámbitos claramente diferenciados. O mejor que tengan uno propio.
  • Que las obligaciones legales que recogen como medidas no deben serlo, la ley hay que cumplirla y no considerarla una concesión graciable. ¿Harían esto con la regulación de Tráfico o la ley de IRPF?
  • Que los elemento de gestión encomendada a la administración como la transposición de una directiva comunitaria o el trabajo necesario para dar cumplimiento a unos artículos de una ley no pueden incluirse como medida. A este paso meten en el eje de violencia la aprobación de la RAI homónima en el SEPE ¡y se congratularan de lo bien que se cumple la medida porque reconocemos muchas!

  Se ha decidido comenzar el proceso de negociación sobre SU documento, nos dan escasamente un mes , ¡un mes para negociar el plan de igualdad de una empresa que probablemente será la mayor del país!. El próximo miércoles 28 será la primera reunión de grupo de trabajo, os contaremos coma va la cosa.

 CCOO exige a Darias que garantice la negociación y la recuperación de poder adquisitivo de más de tres millones de empleadas y empleados públicos

Nos hemos dirigido por escrito a la ministra de Política Territorial y Función Pública reclamando la apertura inmediata de la negociación de un tercer acuerdo que garantice entre otros, la recuperación del poder adquisitivo y la creación de empleo público para erradicar los déficits estructurales en las plantillas de las administraciones públicas.

CCOO, UGT y CSIF, los tres sindicatos mayoritarios de la Función Pública, demandan el cumplimiento íntegro de los Acuerdos suscritos en el 2017 y 2018 en materia de empleo, estabilización y consolidación, planes de igualdad, retribuciones, jornada y resto de materias contenidas en los mismos.

Igualmente exigen abrir de manera inmediata la negociación de un Nuevo Acuerdo que garantice la recuperación del poder adquisitivo y seguir mejorando las condiciones de las trabajadoras y trabajadores de los servicios públicos, desterrar definitivamente la precariedad, incrementar las plantillas y eliminar las limitaciones generadas por la tasa de reposición.

En este sentido igualmente resulta imprescindible un mayor compromiso con el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, y el resto de materias, tales como la carrera y clasificación profesional, jubilación anticipada, planes de igualdad o la formación en clave digital.

Por ello los sindicatos firmantes hemos requerido a la Sra. Ministra que abra el diálogo de forma permanente y en correspondencia con el desempeño de los cometidos a los que su cargo en el Gobierno le obliga. Así como ponga fecha de manera inmediata a la preceptiva negociación de los PGE 2021 y la negociación de un nuevo acuerdo de la función pública tal y como se comprometió en el mes de junio.

CCOO no firmará la actual propuesta de OEP 2020 en la Administración General del Estado

No compartimos ni el volumen ni la distribución. Consideramos que Función Pública vacía el Convenio Único y abandona a los sectores más críticos de la Administración General del Estado (AGE), impulsando un modelo de administración alejado de los problemas de la ciudadanía.

TEMAS

• EMPLEO PÚBLICO

Oferta de Empleo Público

CCOO no va a firmar la actual propuesta de Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente a 2020, porque no compartimos ni el volumen de plazas ofertadas ni su distribución. Consideramos que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública vacía de contenido el Convenio Único y abandona los sectores más críticos de la AGE impulsando un modelo de administración alejado de los problemas reales de la ciudadanía.

En 2019 se produjeron 8.708 bajas, fundamentalmente por jubilaciones. La OEP propuesta es de 9.270 puestos. Entendemos que se pierde intensidad en la recuperación del empleo público, con un incremento sobre las bajas de solamente un 6 %. Exigimos una OEP libre que no quede pordebajo de los 10.150 puestos, que resultaría de la aplicación del coeficiente de incremento de 2019 (un 26 % sobre la tasa de reposición).

Con respecto a la distribución en grupos, la propuesta descapitaliza el cuerpo auxiliar y el personal laboral, unas plantillas que, en un volumen importante, prestan el servicio público de atención directa a la ciudadanía.

Desde CCOO proponemos dos elementos. En primer lugar, evaluar las necesidades del servicio público y de la ciudadanía, y en base a estos dos análisis, desarrollar un modelo de administración y adecuar la OEP a estas necesidades. En segundo lugar, impulsar una OEP extraordinaria que aporte un mensaje de coherencia, reconociendo los déficit de personal en determinados ámbitos demandados por la ciudadanía, como SEPE, Seguridad Social, investigación, AEMPS, extranjería y documentación, Instituciones Penitenciarias...

La posición cerrada de Función Pública dinamita la posibilidad de acuerdo, y da por finalizada la negociación. En CCOO entendemos que el Gobierno tiene margen para desarrollar una OEP que refuerce los servicios públicos y que dé respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía.

 CCOO exige al gobierno la revisión de las medidas organizativas y preventivas en los centros de trabajo de la AGE ante la evolución negativa de la pandemia

07/10/2020.

Oficina del SEPE en Madrid

La situación de la crisis sanitaria, ocasionada por la COVID-19 en todo el territorio, está evolucionada negativamente detectándose, a partir de principios del mes de agosto, un incremento de la incidencia de la enfermedad en todas las comunidades y ciudades autónomas. Este escenario está suponiendo que se adopten medidas de control para responder a la situación de especial riesgo, derivada del incremento de casos positivos por COVID-19, medidas recogidas, entre otras, en la Resolución de la Secretaría de Estado de Sanidad, para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por SARS-Cov-2, de 30 de septiembre.

Desde CCOO nos hemos dirigido nuevamente a la Dirección General de la Función Pública, solicitando la revisión -como consecuencia de esta nueva situación- de las resoluciones, instrucciones o planes de contingencia dictados en su día. Directrices para la reanudación de la actividad que, a pesar del nuevo contexto configurado por la evolución de la enfermedad, no se han visto modificados para los centros de trabajo de la Administración del Estado, manteniéndose condiciones respecto a jornadas, turnos, atención presencial, capacidad de aforo y cita previa, que podrían no corresponderse con las medidas a aplicar en la situación actual, según los criterios técnicos y sanitarios publicados por el Ministerio de Sanidad, debiendo ser revisadas y adaptadas hasta la comunicación del fin de la crisis sanitaria, en los términos previstos en el artículo 2 del Real Decreto- Ley 21/2020, de 9 de junio.

No se pueden seguir obviando las circunstancias que se están viviendo, se requieren decisiones rápidas, flexibles y sensatas, que se adapten a una realidad cambiante, no es posible mantener como únicas medidas, las recogidas en Instrucciones y Resoluciones dictadas en el mes de junio, y que por sí solas, no están dando los resultados esperados en la contención y freno de esta segunda ola de coronavirus, revisión que sin duda, debiera ser fruto del diálogo en el marco de la Mesa General de Negociación AGE.

Se ha de abordar la revisión de las medidas organizativas y preventivas en relación con el COVID19 para los centros de trabajo de nuestra administración, bien mediante la constitución de un grupo al efecto en la Mesa General de Negociación AGE o utilizando la comisión de seguimiento constituida al amparo del Acuerdo de 4 de mayo, tarea que no puede demorarse, si se quiere proteger adecuadamente del riesgo que existe para la salud de las empleadas y empleados públicos, sus familias y la ciudadanía a la debemos prestar los servicios públicos encomendados.

 La Administración atiza un fuerte varapalo a los firmantes de un Acuerdo de Encuadramiento que para CCOO fue desde el principio incompleto e injusto

En primera sesión tras el Acuerdo de Encuadramiento la Administración presenta unas propuestas inasumibles que entre otras consecuencias, dejan en situación de “debilidad” a quiénes aún están pendientes de ser encuadrados. Según el Acuerdo, toca ahora abordar el encuadramiento de las actividades que se dejaron “a estudio”, y que afectan a 175 personas.

• CONVENIO ÚNICO

Cartel III Encuadramiento Convenio Único en la AGE

Ayer, día 6 de octubre, se reunió el Grupo de trabajo de Encuadramiento, primera sesión tras el Acuerdo de Encuadramiento que CCOO no firmamos porque deja fuera a 4.000 trabajadores y trabajadoras. Según el Acuerdo, toca ahora abordar el encuadramiento de las actividades que se dejaron “a estudio”, y que afectan a 175 personas.

La Administración presenta unas propuestas inasumibles que desdeñan el trabajo que desempeñan los trabajadores y trabajadoras de los dos primeros colectivos en esta situación: Delineantes (60 puestos) y personal de salas de coordinación y técnico de Protección Civil (49 puestos).

CCOO ya advertimos de que la firma del Acuerdo iba a suponer, entre otras consecuencias, dejar en situación de “debilidad” a quiénes aún están pendientes de ser encuadrados. Ahora la Administración ignora con argumentos diversos y disparatados las soluciones que el Convenio otorga, que ya estaban más que estudiadas, y que defendemos para el encuadramiento de estos colectivos.

DELINEANTES (60 puestos): La Administración no acepta ahora que el encuadramiento de estos 60 trabajadores y trabajadoras, del Grupo 4 en el III CU, ha de ser en el grupo M1, que es el equivalente a las titulaciones y cualificaciones de referencia dentro del sistema educativo y del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuando esto estaba claro y acordado desde el principio del proceso de encuadramiento. Quiere imponer que queden en el E2 e incluso que sean puestos a extinguir.

PROTECCIÓN CIVIL (49 puestos): La Administración no reconoce la actividad de coordinación de protección civil (grupo 2 del III Convenio) como una especialidad; incluso llega a decir que no requiere “cualificación”, y quiere asignar a cada uno de los 49 puestos ocupados (en Ministerio del Interior y Ministerio de Política Territorial y Función Pública) la especialidad conforme a la titulación con la que accedió cada persona, y que en aquel momento era cualquiera de nivel de Grado o antigua Diplomatura.

Esto puede llevar a que estos puestos queden encuadrados en las especialidades más variopintas, y que casi haya tantas especialidades como puestos. Y quien accedió al puesto hace 25 años con una titulación de Magisterio (por poner un ejemplo), tendrá ahora una especialidad de Docencia, actividad que probablemente nunca ha ejercido, y que marcará su movilidad y su posible promoción.

¿Y cómo se convocarán estos puestos cuando queden vacantes? Parece que la “jugada” es que se convoquen como grupo M1, “cargándose” así los puestos de grupo superior, con un claro menosprecio por parte de la Administración de la labor que se ejerce en ellos.

En próximas reuniones se abordará el encuadramiento del personal de museos. Pero con este talante, ¿qué solución se puede esperar para estos colectivos “a estudio”? ¿Y del encuadramiento de los cerca de 4.000 trabajadores y trabajadoras más que los firmantes del Acuerdo no quieren ver?

Quiénes firmaron el Acuerdo creían, ¿ingenuamente?, que estaría todo resuelto en el plazo de un mes. Nada más lejos de la realidad pues, ahora, no pueden obviar las negativas consecuencias de ese Acuerdo viniendo a decir aquello de que “de haberlo sabido...”.

Comisión Paritaria Extraordinaria IV Convenio Único: CCOO rechaza la firma a un acuerdo de encuadramiento incompleto

• Se abandona a más de mil personas que no percibirán los beneficios del Convenio

Hoy, 28 septiembre, ha continuado la reunión de la Comisión Paritaria Extraordinaria que quedó interrumpida a mediados de junio para pronunciarse sobre la propuesta de encuadramiento de la Administración. Una propuesta que CCOO ha rechazado porque no recoge a todo el personal del Convenio Único.

Tras año y medio desde la firma del convenio, se retrasa aún más la decisión final para más de 1.000 trabajadores y trabajadoras que quedarán pendientes de su futura clasificación tras meses de espera y ello sin causa justificada.

Los trabajadores y trabajadoras afectados han sido ignorados por los firmantes, tratados como números y segregados del resto, añadiendo más incertidumbre a su situación y el hartazgo lógico. La Administración no quiere aclarar sicobrarán los atrasos al tiempo que el resto del personal laboral, no hay garantías de que esta nueva espera sirva para un encuadramiento mejor del que pueda resultar, no hay garantías de que puedan ejercer otros derechos en igualdad de condiciones que el resto y al mismo tiempo.

No hay argumentos a favor para creer que la Administración vaya a ser ágil en su compromiso de resolver esta situación cuanto antes y ello porque ha hecho méritos más que suficientes para restar la credibilidad de sus compromisos.

Además, algunos de los puestos encuadrados tampoco lo son conforme a las propuestas de CCOO, para éstos, defendemos un encuadramiento en grupo profesional distinto coincidiendo o mejorando los Acuerdos de las Subcomisiones Paritarias de los Departamentos Ministeriales, ya que fueron propuestos “a la baja”.

Pero no son estas las únicas deficiencias del encuadramiento. Los puestos vacantes o los ocupados por personal temporal no han sido objeto de encuadramiento. ¿Qué significa esto? Ni más ni menos que la Administración, cuando convoque esos puestos, podrá hacerlo con la especialidad que considere conveniente.

No se puede alardear de firmar un Acuerdo justificado en el hecho de que Hacienda cumpla con lo que debiera haber hecho hace tiempo. No es ningún logro que nos den lo que es nuestro, lo que ya estaba pactado. El abono de las retribuciones y atrasos acumulados tenía que haberse hecho efectivo en el año 2019, poco después de la entrada en vigor del IV Convenio Único, pero, por lo expuesto, no podemos asegurar nada hasta que el dinero esté en los bolsillos de todos y todas. “Presuntamente” será, según la Administración, antes de la finalización del año 2020.

No podemos compartir, en definitiva, una demora en un Acuerdo que, en calidad, no responde a su elevada tardanza ni compensa el freno que ha supuesto en la aplicación del Convenio Único. Sin duda el retraso en la aplicación de las retribuciones pactadas es uno de estos elementos, pero no el único. La puesta en marcha del concurso de traslados abierto y permanente; la revisión del sistema de retribuciones complementarias; los cambios a personal funcionario o, muy especialmente, la falta de noticias y garantías sobre la aplicación de la jubilación anticipada parcial, son tan importantes o más y dejan claras las pretensiones dela Administración.

CCOO hemos anunciado un voto particular que se anexará al acta de la reunión explicando los motivos. Un Acuerdo muy cuestionado que representantes de la Administración en algunos Departamentos no comparten y tampoco el sindicato CIG. Pero, como venimos denunciando, el nivel de incumplimiento de los Acuerdos en la AGE es extremo y, por ello, CCOO, llevamos meses movilizándonos y realizando concentraciones en numerosas provincias.

Ahora otros sindicatos han anunciado también movilizaciones para “teatralizar” su interés por los trabajadores y trabajadoras; sin embargo, está por ver en qué quedan esos anuncios tras la firma de hoy.

Desde CCOO seguimos exigiendo el cumplimiento del Convenio Único en todos sus aspectos y hay cuestiones que no admiten más demora: el personal que el 1 de enero de 2021 cumpla los requisitos puede solicitar la jubilación parcial desde el día 1 de octubre y la Administración se niega a negociar cómo se hace efectivo este derecho. Igualmente seguimos reclamando el cumplimiento de todos los acuerdos firmados para el personal de la AGE y, por eso continuamos con las movilizaciones.

 CCOO denuncia graves retrasos en la incorporación de 20.000 trabajadores y trabajadoras en la Administración del Estado

El sindicato exige la inmediata negociación de la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2020 y reclama al Gobierno celeridad a la hora de desarrollar las convocatorias, que se demoran más de dos años desde la firma del acuerdo a la toma de posesión, con un grave riesgo de colapso de los servicios públicos.

CCOO denuncia la paralización que sufren las Ofertas de Empleo Público (OEP) aprobadas por el Gobierno para la Administración General del Estado, y que supondrían la incorporación de casi 20.000 trabajadores y trabajadoras, la estabilización de más de 5.000 puestos temporales y la promoción de más de 14.000. El sindicato advierte del riesgo de colapso que se está produciendo en los servicios públicos, que ha perdido 43.000 empleadas y empleados públicos en los últimos 10 años.

“La destrucción de empleo en la Administración del Estado se acerca al 20 %, una situación agravada por las nulas OEP entre 2010 y 2014, y el establecimiento de las tasas de reposición, que han frenado el mantenimiento de una plantilla que ahora se demuestra como indispensable para tramitar el IMV, los ERTE y los subsidios de empleo del hogar, vigilar y cuidar de reclusos y reclusas en centros penitenciarios, o investigar vacunas y nuevos test para la detección de la COVID-19, entre otros servicios públicos esenciales”, recuerda José Manuel Vera, secretario general del sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO. “Esto afecta directamente a la garantía de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos”.

CCOO advierte de que se están produciendo multitud de casos “terribles” cuando parte de las personas que han superado los procesos selectivos se encuentra en situación de desempleo, con una oposición aprobada desde hace meses y sin percibir ingresos de ningún tipo. “El Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Arqueología es un ejemplo escandaloso, porque deriva de la OEP de 2017. Hasta marzo de 2020, casi tres años después, no se publicó la lista de aspirantes que han superado las pruebas, y desde entonces estas 13 personas están a la espera de elegir destino e incorporarse a la Administración”.

Una situación similar se produce en lo referente a los cuerpos administrativo y auxiliar. “La convocatoria de las ofertas de 2018 y 2019 se acumuló para, supuestamente, agilizar los procesos. Ha pasado casi un año desde la realización del primer ejercicio, y estos 4.000 aspirantes aprobados siguen esperando para su incorporación, cuando en este momento serían indispensables en el SEPE o la Seguridad Social, entre otros”.

El sindicato lamenta que el Gobierno opte por privatizar servicios públicos en lugar de desarrollar en un plazo razonable las OEP e incorporar a personal público. “En este momento hay 19.792 plazas de ingreso libre comprometidas entre 2018 y 2019 que no avanzan, cuando alrededor de la mitad de los procesos ya cuenta con aspirantes que han superado las pruebas selectivas, y llevan meses esperando la selección de destinos y la publicación de sus nombramientos”, recuerda Vera.

Pero los problemas del empleo público en la Administración del Estado no quedan ahí. CCOO recuerda que los procesos de promoción interna y estabilización del empleo público de carácter temporal también continúan frenados. “Cuando aprobamos 14.131 plazas de promoción interna es porque detectamos una necesidad de personal con mayor cualificación para realizar tareas concretas. No es de recibo que el personal, que ya trabaja en la Administración, ha superado las pruebas selectivas y en su mayor parte no tiene que elegir destino, sufra aún más demora que los procesos de ingreso libre”, evidencia Vera.

En cuanto a la estabilización, “a la que nos obliga la Unión Europea por la alta temporalidad”, el retraso es tan grave que existe riesgo de caducidad de las ofertas, que suman 5.390 puestos. “El propio Gobierno se ha visto obligado a ampliar el plazo de tres años para evitar esta situación”.

Esta denuncia se enmarca en la campaña de movilizaciones que CCOO inició en junio para exigir al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos firmados en la Administración General del Estado. El sindicato considera injustificables los retrasos, en muchos casos superiores al año y medio, y mantiene un calendario de concentraciones que, tras las de Madrid y Granada, se replicarán en Ferrol, Cádiz, Málaga, Albacete, Sevilla y, de nuevo, Madrid. Entre otros, aluden a los recortes salariales por la no aplicación del IV Convenio Único para el personal laboral, la ausencia de avances respecto a la jubilación anticipada parcial, la paralización de la negociación del III Plan de Igualdad, la no publicación del protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, las deficiencias en la ejecución de la distribución de los Fondos Adicionales 2018-2020 o el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público mediante la Ley de Función Pública AGE.

 CCOO consigue un acuerdo de teletrabajo que asegura los derechos de 3 millones de empleadas/os públicos y garantiza la prestación presencial de los servicios

El acuerdo se ratificará el próximo lunes en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.

El sindicato ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, tras intensas jornadas de negociación, para la modificación del EBEP que regula el teletrabajo en las administraciones públicas. El acuerdo será ratificado el lunes 21 de septiembre en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas..

El texto final incluye muchas de los puntos fundamentales para el sindicato, que ha defendido que la modalidad de teletrabajo nunca puede suponer la no prestación presencial de los servicios públicos o una limitación en el acceso a ellos por parte de la ciudadanía. Para CCOO era absolutamente imprescindible que el teletrabajo no pudiera suponer, en ningún caso, una merma en los derechos (individuales o colectivos) de las empleadas y empleados públicos, una reducción en el empleo o pudiera dar lugar a privatizaciones o externalizaciones. Además, debían quedar salvaguardadas las garantías en materia de salud laboral, protección de datos y derecho a la desconexión digital.

Todas estas cuestiones se contemplan en la propuesta de nuevo artículo, junto con la voluntariedad y reversibilidad, los criterios objetivos en el acceso y la necesidad de salvaguardar la igualdad entre hombres y mujeres.

CCOO considera un gran logro del sindicato en la negociación que se explicite que los medios tecnológicos y su mantenimiento deben correr a cargo de la administración.

También queda recogida en el texto final la necesidad de que la regulación de esta modalidad para un sector concreto debe ser fruto de una negociación colectiva específica. El sindicato ha pedido al Ministerio de Política Territorial y Función Pública que inste al resto de administraciones, tanto estatales como autonómicas, a que inicien inmediatamente las negociaciones sobre esta cuestión en sus respectivos ámbitos.

Para CCOO, no obstante, quedan aspectos que clarificar y trabajar, como la regulación negociada de las circunstancias excepcionales.

El sindicato considera imprescindible que se ponga encima de la mesa un calendario y se inicie inmediatamente la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado y de un III Acuerdo para la mejora del empleo y las condiciones de trabajo de las empleadas y empleados públicos que permita avanzar en temas como el empleo, la estabilidad de las plantillas, los derechos laborales y la recuperación del poder adquisitivo perdido en estos años.