CCOO reclama el crecimiento de los Servicios Públicos y la estabilización de sus plantillas

CCOO reclama que, de forma urgente, se retome la interlocución y se convoquen las mesas de negociación y las comisiones de seguimiento oportunas para abordar esta u otras cuestiones críticas.

La crisis en la que nos encontramos por la pandemia del Covid-19 ha puesto claramente de manifiesto la necesidad de los Servicios Públicos como única forma de asegurar los derechos y el bienestar de la ciudadanía y, por tanto, deben ser claramente reforzados y asegurar las buenas condiciones de sus profesionales. Los Servicios Públicos han demostrado ser más necesarios que nunca y también más eficaces y garantistas.

Para CCOO, el sindicato mayoritario en todas las administraciones públicas, en el proceso de reconstrucción y en las medidas que se tomen ante la crisis económica el sector público debe ser absolutamente central y, por tanto, tiene que ser reforzado con crecimiento en el empleo, buenas condiciones y recursos para sus trabajadoras y trabajadores, y estabilización de sus plantillas.

En este sentido, CCOO ya ha remitido varios escritos al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a lo largo de esta complicada etapa, para retomar la interlocución y la negociación para el seguimiento y mejora de los acuerdos suscritos, y para trabajar con los diferentes territorios y administraciones esta situación.

Los datos de los procesos de estabilización y consolidación del empleo previos al inicio de esta pandemia son alarmantes como se puede ver en el siguiente cuadro:

Situación de las ofertas de empleo público de los años 2017, 2018 y 2019 (incluidas Tasa Reposición, Estabilización/consolidación, Indefinido No fijo)

ORGANISMOS	OPE	2017	2018	2019	Total aprobado	Ejecutadas	Pendientes
Admón. G. Justicia	Reposición	3.074	3.116	1.368	7.558	0	7.558
	Estabilización			2.237	2.237	0	2.237
Admón. G. Estado	Reposición	10.806	17.676	11.338	39.820	0	39.820
	Estabilización		5.110	2.528	7.638	0	7.638
Fuerza/Cuerpo SE	Reposición	5.561			5.561	0	5.561
Fuerzas Armadas	Reposición	1.814			1.814	0	1.814
CCAA	Reposición	4.683	9.567	8.721	22.971	0	22.971
	Estabilización	12.529	10.942	7.250	30.721	0	30.721
	Consolidación	3.560	27		3.587	0	3.587
	Indefinido No Fijo	1.867	249	34	2.150	0	2.150
Admón. Local (*)	Reposición	2.591	3.386		5.977	0	5.977
	Estabilización	321	156		477	0	477
Enseñanza (no universitaria) (**)	Reposición				36.092	24.558	11.534
	Estabilización				56.946	30.654	26.292
Sanidad (***)	Totales (TS/E)				156.783	4.863	151.920
TOTALES	Reposición				119.793
	Estabilización				233.539
	Total				353.332	60.075	293.257

(*) Los datos de la Administración Local son los primeros datos que disponemos, con más de 8.000 municipios dificulta tener los datos por lo que estamos seguros de que estas cifras son de mínimos habiendo muchas más plazas ya ofertadas que esperemos poder ir completando. (**) Los datos de Educación son globales de las ofertas aprobadas. Del total de plazas aprobadas, 93.038, se han ejecutado ya un total de 55.212 (entre reposición, 24.558, y estabilización, 30.654), faltan por tanto por ejecutar 37.826. Los datos totales son exactos, pero el desglose entre reposición y estabilización es estimado al resolverse por el mismo procedimiento y no diferenciar entre los dos conceptos algunas CCAA en sus ofertas. (***) Los datos de Sanidad son totales, convocándose todas las plazas por el mismo procedimiento. El desglose de las cifras sería: 4.863 plazas ya resueltas, 66.143 en ejecución y 85.777 publicadas pero no iniciadas. Están todas incluidas en el total de estabilización/consolidación al ir por el mismo procedimiento.

Como se puede comprobar, en estos momentos tenemos contabilizadas 293.257 plazas publicadas en todo el Estado (correspondientes a las OEP 2017, 2018 y 2019) que están pendientes aún de resolverse, a las que habría que sumar las que aún están pendientes y que entendemos deberían publicarse en cuanto se pase esta situación de crisis sanitaria. Para CCOO resulta imprescindible tomar las medidas que sean necesarias para que puedan resolverse sin que se ponga en peligro la caducidad de ninguna de las ofertas de empleo público en ninguno de sus conceptos.

Además, a estas plazas hay que sumar el incremento de efectivos que es necesario para afrontar la actual situación y las que están por venir en los diferentes sectores, especialmente en los sectores esenciales, en los que estamos hablando, al menos, de incrementos de entre un 20% y un 33% en relación con las plantillas actuales. Para poder abordarlo con garantías es necesario eliminar el concepto de tasa de reposición para poder hacer estructurales los incrementos de plantilla y no aumentar de nuevo, y aún más, la temporalidad y la precariedad en el sector público.

Esa temporalidad era ya alarmante en los datos oficiales del último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, publicado en julio de 2019. En dicho documento el número total de empleadas y empleados públicos se situaba en 2.595.575, de los cuales 500.615 estaban categorizados como temporales, funcionarias/os interinos y personal laboral temporal, lo que da al menos un 19,29% de temporalidad. Esta cifra podría ser mucho mayor, pues hay categorías de personal que no están especificadas y/o desglosadas. En cualquier caso las cifras estaban muy lejos, ya antes de esta crisis, del 8% máximo de temporalidad comprometido.

Es una evidencia que la crisis de la pandemia ha visibilizado la escasez de efectivos en servicios esenciales para la ciudadanía y que, por tanto, necesitan urgentemente un incremento en su volumen de plantillas, sobre todo para tener en cuenta el retorno a la actividad en la “nueva normalidad”, garantizando una atención adecuada a la población consuficiente seguridad. Por ello es inaplazable la decisión de eliminar la tasa de reposición para sectores esenciales.

Desde CCOO volvemos a reclamar que, de forma urgente, se retome la interlocución y se convoquen las mesas de negociación y las comisiones de seguimiento oportunas para abordar estas cuestiones críticas. También es necesario que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública tranquilice a todas las empleadas y empleados públicos en relación con sus condiciones laborales y retributivas, para que se ponga fin a todos los bulos e informaciones falsas y engañosas que se están difundiendo.

CCOO considera los Servicios Públicos como la única manera de garantizar los derechos de la ciudadanía, y son además pieza clave para dinamizar la economía y favorecer la cohesión social y territorial de nuestro país. Para ello resulta imprescindible dar también dar el impulso necesario en materia de infraestructuras, transporte, telecomunicaciones, medioambiente, desarrollo de nuevas tecnologías e invertir en ciencia, investigación, innovación y desarrollo, y propiciar un cambio en el modelo productivo.

Para CCOO, además, es necesario acometer un ambicioso proceso para devolver a la gestión directa pública los diferentes servicios, en especial en aquellos que más han sufrido la catástrofe de la privatización. Esta ha supuesto una mayor precarización del empleo y también una pésima prestación del servicio. El riesgo para las personas usuarias ha llegado a unos niveles intolerables en una sociedad democrática social y de derecho como es la nuestra, donde el caso de determinadas residencias de personas mayores es un claro ejemplo de ello.

Reunión del Grupo de Trabajo de Interpretación dependiente de la Comisión Paritaria del IV Convenio Único

• CONVENIO ÚNICO

Reunión telemática del Grupo de Trabajo del IV Convenio Único

El Grupo de Interpretación de la Comisión Paritaria ratifica la compatibilidad del permiso por nacimiento del Convenio con los permisos del TREBEP.

El día 5 de junio se reunió el Grupo de trabajo de Interpretación dependiente de la Comisión Paritaria del IV Convenio Único para estudiar discrepancias de interpretación del texto del Convenio ya presentadas en pasadas fechas e incluir cuestiones nuevas surgidas en los últimos meses.

Se ha aprobado finalmente la interpretación sobre el artículo 75, apartado b) del IV CU, relativo al disfrute de dos días de permiso por nacimiento de hija o hijo en el sentido de que este permiso es compatible con el art. 49.a) b) y c) del TREBEP. Por tanto, se reconoce el derecho del progenitor diferente a la madre biológica (contemplando igualmente casos de adopción, guarda y acogimiento) a disfrutar de este permiso además del establecido en el TREBEP de dieciséis semanas.

El texto del Acuerdo de interpretación concluye lo siguiente:

“En el ámbito de la aplicación del IV Convenio colectivo único y mientras se encuentre vigente, el disfrute de la suspensión de contrato por nacimiento del artículo 93.1 será compatible con el disfrute del permiso de dos días por nacimiento de hija o hijo del artículo 75.b), que deberá disfrutarse a continuación de la finalización de la suspensión del contrato”.

Otra de las cuestiones que figuraba en el orden del día fue la correspondiente a permisos del artículo 75 del Convenio y su interpretación sobre el inicio del cómputo del permiso por hospitalización y fallecimiento. Sin embargo, dado que el texto propuesto por la Administración no respondía con precisión al problema objeto de debate, se pospone la decisión final a la espera de una nueva propuesta que se hará llegar a la parte social para su revisión y posible acuerdo en la próxima reunión de la Comisión Paritaria.

Otras cuestiones que también se plantearon para su estudio fueron:

• Interpretación del artículo 48 IV CUAGE, Desempeño de puestos de trabajo distinto grupo profesional. CCOO planteó discrepancia sobre la forma de aplicación de esta forma de provisión de puestos por parte de TURESPAÑA (Industria), al no haber considerado este organismo la exigencia de contar con el título correspondiente para acceder a un puesto de Grupo 2 (III Convenio) ni haber procedido a la comunicación previa a la Subcomisión correspondiente.
• Jornada intensiva de verano y su aplicación a personal con contrato eventual en el IMSERSO.

Sobre estos dos temas, la Administración hará gestiones con los departamentos afectados para, como se exigió por parte de CCOO, dar una solución cuanto antes dada la inmediatez de las consecuencias que repercuten negativamente sobre los derechos de los empleados y las empleadas públicos.

 

Novena reunión del grupo de trabajo para el seguimiento de las medidas preventivas por la COVID-19 en la AGE

27/05/2020.

TEMAS

• COVID-19

Datos transparencia

El viernes 22 mantuvimos la 9ª reunión del grupo de trabajo para el seguimiento de las medidas preventivas por la COVID-19 en la AGE. Enviamos la información que se nos entregó al respecto.

Nueve semanas después, reiteramos nuestra lista de exigencias:

• No se aportan datos provincializados. Creemos que era un elemento esencial, junto con el desglose por sexos. Pero lo es mucho más cuando la reactivación del trabajo presencial se va a realizar de manera asimétrica en función de la evolución sanitaria de cada territorio. Tampoco en esta ocasión, con datos a fecha de 14 de mayo, cuando la mayor parte de provincias ha pasado el día 11 a la fase I, se facilita esta información. No entendemos los intentos de explicación, cuando este avance asimétrico una situación de sobra conocida, y no algo sobrevenido.
• Seguimos sin datos sobre el personal estatutario en la AGE. Es más, la Administración parece que no conoce su existencia, y remite a ámbitos autonómicos.
• Continúan aumentando las acciones formativas presenciales, sumamos 135. Es cierto que el incremento es de dos en la última semana, pero seguimos sin entender qué justifica esta actividad presencial.

Sin embargo, lo que empieza a preocuparnos sobremanera es el notable incremento del trabajo presencial, casi 6.000 personas entre el 8 y el 14 de mayo. Es cierto que la mayor parte de ámbitos territoriales habían pasado de la fase 0 a la fase I, pero los departamentos en que se produce este incremento tienen poca representación periférica.

Los datos coinciden, en este caso, con lo que venimos constatando empíricamente: se están abriendo oficinas con trabajo presencial, lo que supone un incumplimiento de lo acordado para la Resolución de la SEPTFP de 4 de mayo.

De la misma manera, venimos exigiendo información sobre las reuniones de las mesas delegadas y de los comités de seguridad y salud, recogidas en las Resoluciones de la SEPTFP. CCOO añadimos aquí la necesidad de que se facilite la información sobre los planes de contingencia y medidas preventivas. No obtenemos ni lo uno ni lo otro, la Administración entiende que las reuniones se han producido -sin aportar, como pedíamos, las convocatorias de las mismas; y lo más preocupante, sin una idea aproximada de los comités que pueden existir territorialmente o en los propios organismos- y ni le suena haberse comprometido hace dos semanas sobre la forma en que nos harían llegar los documentos solicitados en el segundo punto.

En este sentido, recordamos que CCOO hemos denunciado las instrucciones publicadas en la AEAT y la Dirección General de la Guardia Civil por vulneración de derechos fundamentales, al no haberse realizado la reunión de los órganos de representación de su personal.

Una vez más, nuestra conclusión es que estas reuniones solo suponen para la Administración una obligación para dar cumplimiento a un acuerdo, sin que les importe en absoluto la garantía de la seguridad y la salud de las empleadas públicas y los empleados públicos.

Insistimos, si no se nos aporta información sobre qué está pasando en los departamentos, en los territorios, con los datos que nos interesan y nos con los que la Administración quiere hacer publicidad, este grupo es una pérdida de tiempo.

CCOO alcanza un acuerdo para la protección de la salud del personal público de la Administración General del Estado

• La reincorporación al trabajo presencial será gradual y progresiva, priorizando la protección de los grupos vulnerables, la conciliación y la modalidad no presencial.
• La atención al público en las oficinas se iniciará a partir de la fase II, siempre con cita previa y con aforo limitad

04/05/2020.

TEMAS

• COVID-19

Incorporación presencial en la AGE

CCOO ha firmado hoy un acuerdo con la ministra de Política Territorial y Función Pública para implementar un plan que permita la reincorporación progresiva a sus puestos de trabajo de las empleadas públicas y los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE). El acuerdo persigue avanzar por las distintas fases de desescalada determinadas por el Gobierno, de manera gradual y segura para la plantilla y la ciudadanía.
José Manuel Vera, secretario general de FSC-CCOO en el ámbito, ha destacado que “al incluir buena parte de nuestras propuestas, el texto mejora sensiblemente las medidas de prevención de riesgos laborales y protección de la salud”. Sin embargo, entiende que el trabajo sindical no concluye con esta firma y recuerda que “será necesario convocar con carácter previo las mesas delegadas para concretar y resolver algunas cuestiones que han quedado pendientes para adaptar la resolución a los ámbitos específicos”.

La negociación de este acuerdo parte de la necesidad que CCOO trasladó al Ministerio de Política Territorial y Función Pública al entender que, de manera previa a la puesta en marcha del Plan para la transición hacia una nueva normalidad definido por el Gobierno, resulta imprescindible concretar una serie de medidas sobre los aspectos organizativos. De esta manera, se establece un marco homogéneo que garantiza la protección de la seguridad y la salud del personal público, la progresividad y el carácter gradual de la reincorporación al trabajo presencial, al tiempo que permite la necesaria adaptación a través de la negociación concreta en cada ámbito.

Cabe destacar que este proceso se ha iniciado con la incorporación presencial de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales en la fase 0, de cara a elaborar los informes y evaluaciones determinados en la Instrucción de medidas de prevención dictada el 22 de abril. En este sentido, y de manera previa al regreso del personal a sus puestos presenciales, los centros de trabajo deberán implementar los protocolos, códigos de buenas prácticas y procedimientos de seguridad y salud pública dictados por el Ministerio de Sanidad.

A continuación, se procedería a la incorporación de aquellos sectores de actividad que resulten imprescindibles, en la fase I, quedando la apertura de centros al público en la fase II. Se establecen una serie de cautelas en cuanto a reuniones, viajes, actividades formativas y pruebas selectivas.

Protección de la salud, prioridad del trabajo no presencial y flexibilidad de jornada laboral

La resolución se fundamenta en la garantía del derecho a la seguridad y la salud de las empleadas y los empleados públicos. En este sentido, no podrán incorporarse al trabajo colectivos de riesgo, personas que tengan o hayan tenido sintomatología, y quienes hayan estado en contacto estrecho con personas afectadas por esta enfermedad. Asimismo, los grupos vulnerables para la COVID-19 no se incorporarán en las fases 0 y I, y posteriormente será precisa una evaluación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

Por otro lado, destaca la priorización del trabajo en modalidades no presenciales, especialmente para estos grupos vulnerables y para quienes tengan a su cargo menores o mayores dependientes, y se vean afectados por el cierre de centros educativos o de mayores.

En este sentido, como exigió CCOO, el acuerdo recoge la creación de un grupo de trabajo específico para regular el teletrabajo en la AGE. El sindicato entiende que nos encontramos en una situación excepcional, en la que el trabajo no presencial ha pasado de ser una opción a una necesidad, máxime cuando los datos indican que 2 de cada 3 efectivos públicos lo están realizando. En un contexto como éste, se vuelve necesario sentar unas bases mínimas que permitan al personal seguir desarrollando sus funciones de cara a poder cumplir sus objetivos y tareas sin perjudicar su bienestar físico, cognitivo y emocional, sin ver mermadas sus retribuciones y garantizando la imprescindible comunicación con la representación sindical.

Finalmente, en los servicios de atención al público, previstos en la fase II, se priorizará la atención telefónica y telemática. Para el caso de atención presencial será precisa la cita previa, se limitará el aforo de las oficinas y se adoptarán las medidas necesarias para minimizar los posibles riesgos para la salud.

MUFACE lanza la receta electrónica concertada

Los 14.557 mutualistas de Cantabria adscritos a las entidades concertadas serán los primeros en beneficiarse de la receta electrónica concertada puesta en marcha por MUFACE.

Desde este lunes, 4 de mayo, tras un intenso trabajo de ejecución del Plan de Impulso 2017-2020, ya se aplica en la comunidad cántabra el denominado Sistema de Receta Electrónica de MUFACE (SIREM), y paulatinamente se irá implantando por las demás entidades concertadas.

La Mutualidad es pionera en España en la implantación de la receta electrónica en un ámbito de colaboración público-privada. Cabe destacar la singularidad y la complejidad del proyecto, que supone un verdadero cambio de cultura en el que el valor compartido es la mejora continua, para beneficio de todos los mutualistas.

SIREM es una aplicación accesible desde cualquier navegador que permite a los médicos de las distintas entidades aseguradoras incluidas en el concierto sanitario suscrito con la Mutualidad, la prescripción electrónica de tratamientos farmacológicos a los mutualistas de opción concertada. En una primera fase, SIREM solo será utilizado por los médicos del Igualatorio Cantabria (IC). En un primer momento convivirá la receta en papel con la receta electrónica.

Cómo identificarse

El sistema de identificación de los mutualistas, tanto en el médico como en la farmacia, se realiza con el llamado CIP-SNS (Código de Identificación Personal del Sistema Nacional de Salud), que aparece impreso en la tarjeta de cada entidad sanitaria. Para la dispensación de los medicamentos, SIREM se conecta con medios totalmente seguros con los sistemas de cualquier farmacia a nivel nacional gracias a su integración en Nodofarma, la plataforma que da soporte electrónico a la red de farmacias españolas.El sistema se ha puesto a disposición de las entidades concertadas.

En el desarrollo de SIREM han participado, además del equipo directivo y técnico de MUFACE (Unidad Informática), la Secretaría General de Administración Digital, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), la Organización Médica Colegial (OCM) y las entidades concertadas, principalmente el Igualatorio Cantabria.

Receta electrónica pública: entra Navarra

Por lo que respecta a los mutualistas adscritos al Servicio Público de Salud, los 8.061 titulares y beneficiarios residentes en Navarra que reciben asistencia sanitaria a través del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, ya pueden hacer uso desde hoy de la receta electrónica.

Con esta incorporación, ya son 14 las comunidades autónomas en las que los mutualistas de opción pública se benefician de la prescripción no presencial de recetas.Andalucía también inicia hoy su piloto para la implantación de receta electrónica de los mutualistas de opción pública y en Castilla-La Mancha su implantación es inminente.

Con estos importantes avances, MUFACE amplia estas medidas al resto de los mutualistas. El de receta electrónica es el proyecto estrella del Plan de Impulso 2017-2020 de la Mutualidad, cuyos objetivos estratégicos son mejorar el servicio prestado a los mutualistas y modernizar la gestión interna del organismo. La ejecución del Plan se está acelerando durante el estado de alarma gracias a dicho impulso estratégico y a un intenso esfuerzo, anterior y presente, por el bienestar de todos los mutualistas.

Grupo de Seguimiento del COVID-19 en la AGE

Ayer se ha celebrado la sexta reunión del Grupo de Seguimiento del COVID-19 en la AGE. Enviamos los datos que nos han remitido para esta reunión respecto de la situación del personal de la AGE.

Continúa faltando buena parte de la información que demandamos y volvemos a reiterar su solicitud: mayor desglose respecto al personal en aislamiento; detalles respecto a ámbitos específicos como sanitarios o servicios sociales y otros que hemos planteado en diversos escritos.

Nuevamente insistimos en la dudosa calidad de los datos. A parte de un volumen significativo de personal que siguen sin explicar en qué situación están llama la atención que en esta semana la actividad presencial en el Ministerio de Defensa se reduce en casi un 20% sin explicación.

También siguen sin poder justificar que la ausencia de información en algunos ámbitos. Hemos vuelto a solicitar los datos de personal civil correspondiente a la Dirección General de la Policía, que tras dos meses de reuniones no han podido todavía aportar, y también se comprometen a facilitarlos la próxima semana.

La Administración se ha comprometido en informarnos para la siguiente reunión del número de Comités de Seguridad y Salud que se han realizado, tras la publicación de la Instrucción de la Dirección General de Función Pública del pasado 22 de abril.

Destacar que si surgiera algún impedimento en las convocatorias de los Comités de Seguridad y Salud, que con carácter previo a la reincorporación han debido de celebrarse, se lo traslademos para su posible solución.