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jueves, 28 de mayo de 2020

Novena reunión del grupo de trabajo para el seguimiento de las medidas preventivas por la COVID-19 en la AGE


27/05/2020.
Datos transparencia

Datos transparencia

El viernes 22 mantuvimos la 9ª reunión del grupo de trabajo para el seguimiento de las medidas preventivas por la COVID-19 en la AGE. Enviamos la información que se nos entregó al respecto.

Nueve semanas después, reiteramos nuestra lista de exigencias:

  • No se aportan datos provincializados. Creemos que era un elemento esencial, junto con el desglose por sexos. Pero lo es mucho más cuando la reactivación del trabajo presencial se va a realizar de manera asimétrica en función de la evolución sanitaria de cada territorio. Tampoco en esta ocasión, con datos a fecha de 14 de mayo, cuando la mayor parte de provincias ha pasado el día 11 a la fase I, se facilita esta información. No entendemos los intentos de explicación, cuando este avance asimétrico una situación de sobra conocida, y no algo sobrevenido.
  • Seguimos sin datos sobre el personal estatutario en la AGE. Es más, la Administración parece que no conoce su existencia, y remite a ámbitos autonómicos.
  • Continúan aumentando las acciones formativas presenciales, sumamos 135. Es cierto que el incremento es de dos en la última semana, pero seguimos sin entender qué justifica esta actividad presencial.

Sin embargo, lo que empieza a preocuparnos sobremanera es el notable incremento del trabajo presencial, casi 6.000 personas entre el 8 y el 14 de mayo. Es cierto que la mayor parte de ámbitos territoriales habían pasado de la fase 0 a la fase I, pero los departamentos en que se produce este incremento tienen poca representación periférica.

Los datos coinciden, en este caso, con lo que venimos constatando empíricamente: se están abriendo oficinas con trabajo presencial, lo que supone un incumplimiento de lo acordado para la Resolución de la SEPTFP de 4 de mayo.

De la misma manera, venimos exigiendo información sobre las reuniones de las mesas delegadas y de los comités de seguridad y salud, recogidas en las Resoluciones de la SEPTFP. CCOO añadimos aquí la necesidad de que se facilite la información sobre los planes de contingencia y medidas preventivas. No obtenemos ni lo uno ni lo otro, la Administración entiende que las reuniones se han producido -sin aportar, como pedíamos, las convocatorias de las mismas; y lo más preocupante, sin una idea aproximada de los comités que pueden existir territorialmente o en los propios organismos- y ni le suena haberse comprometido hace dos semanas sobre la forma en que nos harían llegar los documentos solicitados en el segundo punto.

En este sentido, recordamos que CCOO hemos denunciado las instrucciones publicadas en la AEAT y la Dirección General de la Guardia Civil por vulneración de derechos fundamentales, al no haberse realizado la reunión de los órganos de representación de su personal.

Una vez más, nuestra conclusión es que estas reuniones solo suponen para la Administración una obligación para dar cumplimiento a un acuerdo, sin que les importe en absoluto la garantía de la seguridad y la salud de las empleadas públicas y los empleados públicos.

Insistimos, si no se nos aporta información sobre qué está pasando en los departamentos, en los territorios, con los datos que nos interesan y nos con los que la Administración quiere hacer publicidad, este grupo es una pérdida de tiempo.

lunes, 4 de mayo de 2020

CCOO alcanza un acuerdo para la protección de la salud del personal público de la Administración General del Estado
  • La reincorporación al trabajo presencial será gradual y progresiva, priorizando la protección de los grupos vulnerables, la conciliación y la modalidad no presencial.
  • La atención al público en las oficinas se iniciará a partir de la fase II, siempre con cita previa y con aforo limitad
04/05/2020.
TEMAS
Incorporación presencial en la AGE
Incorporación presencial en la AGE
CCOO ha firmado hoy un acuerdo con la ministra de Política Territorial y Función Pública para implementar un plan que permita la reincorporación progresiva a sus puestos de trabajo de las empleadas públicas y los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE). El acuerdo persigue avanzar por las distintas fases de desescalada determinadas por el Gobierno, de manera gradual y segura para la plantilla y la ciudadanía.
José Manuel Vera, secretario general de FSC-CCOO en el ámbito, ha destacado que “al incluir buena parte de nuestras propuestas, el texto mejora sensiblemente las medidas de prevención de riesgos laborales y protección de la salud”. Sin embargo, entiende que el trabajo sindical no concluye con esta firma y recuerda que “será necesario convocar con carácter previo las mesas delegadas para concretar y resolver algunas cuestiones que han quedado pendientes para adaptar la resolución a los ámbitos específicos”.
La negociación de este acuerdo parte de la necesidad que CCOO trasladó al Ministerio de Política Territorial y Función Pública al entender que, de manera previa a la puesta en marcha del Plan para la transición hacia una nueva normalidad definido por el Gobierno, resulta imprescindible concretar una serie de medidas sobre los aspectos organizativos. De esta manera, se establece un marco homogéneo que garantiza la protección de la seguridad y la salud del personal público, la progresividad y el carácter gradual de la reincorporación al trabajo presencial, al tiempo que permite la necesaria adaptación a través de la negociación concreta en cada ámbito.
Cabe destacar que este proceso se ha iniciado con la incorporación presencial de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales en la fase 0, de cara a elaborar los informes y evaluaciones determinados en la Instrucción de medidas de prevención dictada el 22 de abril. En este sentido, y de manera previa al regreso del personal a sus puestos presenciales, los centros de trabajo deberán implementar los protocolos, códigos de buenas prácticas y procedimientos de seguridad y salud pública dictados por el Ministerio de Sanidad.
A continuación, se procedería a la incorporación de aquellos sectores de actividad que resulten imprescindibles, en la fase I, quedando la apertura de centros al público en la fase II. Se establecen una serie de cautelas en cuanto a reuniones, viajes, actividades formativas y pruebas selectivas.
Protección de la salud, prioridad del trabajo no presencial y flexibilidad de jornada laboral
La resolución se fundamenta en la garantía del derecho a la seguridad y la salud de las empleadas y los empleados públicos. En este sentido, no podrán incorporarse al trabajo colectivos de riesgo, personas que tengan o hayan tenido sintomatología, y quienes hayan estado en contacto estrecho con personas afectadas por esta enfermedad. Asimismo, los grupos vulnerables para la COVID-19 no se incorporarán en las fases 0 y I, y posteriormente será precisa una evaluación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Por otro lado, destaca la priorización del trabajo en modalidades no presenciales, especialmente para estos grupos vulnerables y para quienes tengan a su cargo menores o mayores dependientes, y se vean afectados por el cierre de centros educativos o de mayores.
En este sentido, como exigió CCOO, el acuerdo recoge la creación de un grupo de trabajo específico para regular el teletrabajo en la AGE. El sindicato entiende que nos encontramos en una situación excepcional, en la que el trabajo no presencial ha pasado de ser una opción a una necesidad, máxime cuando los datos indican que 2 de cada 3 efectivos públicos lo están realizando. En un contexto como éste, se vuelve necesario sentar unas bases mínimas que permitan al personal seguir desarrollando sus funciones de cara a poder cumplir sus objetivos y tareas sin perjudicar su bienestar físico, cognitivo y emocional, sin ver mermadas sus retribuciones y garantizando la imprescindible comunicación con la representación sindical.
Finalmente, en los servicios de atención al público, previstos en la fase II, se priorizará la atención telefónica y telemática. Para el caso de atención presencial será precisa la cita previa, se limitará el aforo de las oficinas y se adoptarán las medidas necesarias para minimizar los posibles riesgos para la salud.
MUFACE lanza la receta electrónica concertada
    Logo de MUFACE

    Los 14.557 mutualistas de Cantabria adscritos a las entidades concertadas serán los primeros en beneficiarse de la receta electrónica concertada puesta en marcha por MUFACE.
    Desde este lunes, 4 de mayo, tras un intenso trabajo de ejecución del Plan de Impulso 2017-2020, ya se aplica en la comunidad cántabra el denominado Sistema de Receta Electrónica de MUFACE (SIREM), y paulatinamente se irá implantando por las demás entidades concertadas.
    La Mutualidad es pionera en España en la implantación de la receta electrónica en un ámbito de colaboración público-privada. Cabe destacar la singularidad y la complejidad del proyecto, que supone un verdadero cambio de cultura en el que el valor compartido es la mejora continua, para beneficio de todos los mutualistas.
    SIREM es una aplicación accesible desde cualquier navegador que permite a los médicos de las distintas entidades aseguradoras incluidas en el concierto sanitario suscrito con la Mutualidad, la prescripción electrónica de tratamientos farmacológicos a los mutualistas de opción concertada. En una primera fase, SIREM solo será utilizado por los médicos del Igualatorio Cantabria (IC). En un primer momento convivirá la receta en papel con la receta electrónica.
    Cómo identificarse
    El sistema de identificación de los mutualistas, tanto en el médico como en la farmacia, se realiza con el llamado CIP-SNS (Código de Identificación Personal del Sistema Nacional de Salud), que aparece impreso en la tarjeta de cada entidad sanitaria. Para la dispensación de los medicamentos, SIREM se conecta con medios totalmente seguros con los sistemas de cualquier farmacia a nivel nacional gracias a su integración en Nodofarma, la plataforma que da soporte electrónico a la red de farmacias españolas.El sistema se ha puesto a disposición de las entidades concertadas.

    En el desarrollo de SIREM han participado, además del equipo directivo y técnico de MUFACE (Unidad Informática), la Secretaría General de Administración Digital, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), la Organización Médica Colegial (OCM) y las entidades concertadas, principalmente el Igualatorio Cantabria.
    Receta electrónica pública: entra Navarra
    Por lo que respecta a los mutualistas adscritos al Servicio Público de Salud, los 8.061 titulares y beneficiarios residentes en Navarra que reciben asistencia sanitaria a través del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, ya pueden hacer uso desde hoy de la receta electrónica.

    Con esta incorporación, ya son 14 las comunidades autónomas en las que los mutualistas de opción pública se benefician de la prescripción no presencial de recetas.Andalucía también inicia hoy su piloto para la implantación de receta electrónica de los mutualistas de opción pública y en Castilla-La Mancha su implantación es inminente.
    Con estos importantes avances, MUFACE amplia estas medidas al resto de los mutualistas. El de receta electrónica es el proyecto estrella del Plan de Impulso 2017-2020 de la Mutualidad, cuyos objetivos estratégicos son mejorar el servicio prestado a los mutualistas y modernizar la gestión interna del organismo. La ejecución del Plan se está acelerando durante el estado de alarma gracias a dicho impulso estratégico y a un intenso esfuerzo, anterior y presente, por el bienestar de todos los mutualistas.

    domingo, 3 de mayo de 2020

    Grupo de Seguimiento del COVID-19 en la AGE

    Seguimiento del COVID-19 en la AGE

    Ayer se ha celebrado la sexta reunión del Grupo de Seguimiento del COVID-19 en la AGE. Enviamos los datos que nos han remitido para esta reunión respecto de la situación del personal de la AGE.
    Continúa faltando buena parte de la información que demandamos y volvemos a reiterar su solicitud: mayor desglose respecto al personal en aislamiento; detalles respecto a ámbitos específicos como sanitarios o servicios sociales y otros que hemos planteado en diversos escritos.
    Nuevamente insistimos en la dudosa calidad de los datos. A parte de un volumen significativo de personal que siguen sin explicar en qué situación están llama la atención que en esta semana la actividad presencial en el Ministerio de Defensa se reduce en casi un 20% sin explicación.
    También siguen sin poder justificar que la ausencia de información en algunos ámbitos. Hemos vuelto a solicitar los datos de personal civil correspondiente a la Dirección General de la Policía, que tras dos meses de reuniones no han podido todavía aportar, y también se comprometen a facilitarlos la próxima semana.
    La Administración se ha comprometido en informarnos para la siguiente reunión del número de Comités de Seguridad y Salud que se han realizado, tras la publicación de la Instrucción de la Dirección General de Función Pública del pasado 22 de abril.
    Destacar que si surgiera algún impedimento en las convocatorias de los Comités de Seguridad y Salud, que con carácter previo a la reincorporación han debido de celebrarse, se lo traslademos para su posible solución.

    jueves, 30 de abril de 2020

    CCOO solicita al Ministerio de Transportes la creación de un grupo de trabajo para abordar el proceso de desescalada
      Es necesario realizar todos los esfuerzos para que se realice de la mejor forma posible y sin poner en riesgo la seguridad de los trabajadores y trabajadoras y del conjunto de la ciudadanía.
      Ferroviario, Aéreo, Carretera y Mar, los sectores del transporte
      Las organizaciones CCOO y UGT, ante la situación que vive la sociedad española como consecuencia de la pandemia provocada por el virus covid-19 y la previsible vuelta paulatina a una normalización de la actividad, le hemos hecho llegar al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, una carta en la que le planean la necesidad de realizar todos los esfuerzos para que ese proceso se realice de la mejor forma posible sin poner en riesgo la salud tanto de los trabajadores y trabajadoras del transporte en todos sus ámbitos como del conjunto de la población, usuaria de un modo u otro de los servicios que estos sectores prestan a la ciudadanía.
      En anteriores comunicaciones, se solicitó que se garantizasen equipos de protección para las trabajadoras y trabajadores de los medios de transporte, de lo que recibimos oportuna respuesta en la carta que el ministro nos remitió el pasado 31 de marzo y en la que hacía referencia a diferentes órdenes ministeriales al respecto.
      A la vista de la evolución de la pandemia, consideramos conveniente seguir avanzando en un diálogo que aborde nuevas medidas que regulen la adaptación de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de los diferentes modos de transporte, pues sobre estas personas descansa la viabilidad del país.
      Por todo ello, solicitamos la creación de un grupo de trabajo en el que, con la participación de ese Ministerio y de los agentes sociales, se establezcan las medidas oportunas para llevar a cabo este proceso con las mayores garantías y celeridad posibles, aunando esfuerzos para retomar la actividad de la forma más favorable tanto para quienes trabajan en estos ámbitos como para el conjunto de la población.
      La intervención de las organizaciones sindicales representativas es clave en este proceso y no puede ser obviada por su Ministerio, por lo que nos preocupa que hoy no ha haya hecho referencia a ello en su comparecencia en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados. Nos ponemos a su disposición para abordar estos temas.

      miércoles, 29 de abril de 2020

      1º de Mayo: Trabajo y servicios públicos. Otro modelo social y económico es necesario
        CCOO celebra un 1º de Mayo dedicado a las personas trabajadoras que están en primera línea frente al COVID-19 y para reivindicar "Trabajo y servicios públicos. Otro modelo social y económico es posible".
        Cartel 1 de mayo
        Un 1º de Mayo, en medio del confinamiento motivado por el COVID19, es la mejor ocasión para reivindicar un nuevo orden mundial más justo y solidario que sitúe a las personas y su bienestar por delante de los intereses económicos de unos pocos.
        Puedes leer el manifiesto pinchando en el siguiente link:

        martes, 28 de abril de 2020

        CCOO y UGT exigen al Gobierno negociar la regulación del teletrabajo
          Ambos sindicatos han solicitado conjuntamente a Función Pública la constitución urgente de un grupo en el ámbito de la Mesa General para abordar el tema y homogeneizar criterios.
          27/04/2020.
          TEMAS
          Empleada pública de la AGE teletrabajando en casa
          Empleada pública de la AGE teletrabajando en casa
          Enviamos el escrito remitido hoy, 27 de abrilde forma conjunta por CCOO y UGT a la Directora General de Función Pública para solicitar la creación de un grupo en el marco de la Mesa General AGE que permita abordar y regularizar la situación del teletrabajo con criterios homogéneos en nuestro ámbito.
          Por parte de CCOO hemos destacado en reiteradas ocasiones, la ausencia de regulación de esta modalidad de prestación de servicios y la excepcionalidad de la situación provocada por la crisis sanitaria que vivimos que, en modo alguno puede consolidarse.
          Por eso es imprescindible abordar esta negociación de forma inmediata. Para CCOO es esencial garantizar la igualdad de derechos de las personas trabajadoras al margen de la fórmula de prestación de servicios que se utilice. Por eso es un objetivo básico que este sistema de trabajo a distancia se implante con carácter excepcional en nuestra Administración y responda a unas características y contenido mínimo que hemos planteado en múltiples ocasiones y que, entre otros, debe contemplar;:
          • Debe de ser voluntario y/o servicio crítico, con posibilidad de retorno al puesto de trabajo.
          • Igualdad de derecho legales y convencionales con las personas que trabajan en la sede del Departamento y/u Organismo.
          • No debe de modificar la vinculación jurídica de la persona teletrabajadora.
          • Las condiciones salariales deben de ser las mismas en el trabajo a distancia como en la sede del Departamento, tanto el salario como cualquier otra compensación de carácter económico.
          • El tiempo de trabajo debe de estar claramente definido para propiciar una adecuada separación entre vida personal y laboral, debe de quedar reflejado el derecho a la desconexión digital.
          • Los gastos e inversiones deben de ser abonados por el organismo, se tiene que dotar adecuadamente el puesto de trabajo o financiar su dotación, así como compensar los gastos del desarrollo del teletrabajo (electricidad, conexión a internet…).
          • Hay que establecer canales de contacto con el resto de trabajadores y trabajadoras, a fin de evitar el aislamiento.
          • Articular mecanismos para hacer posible todos los requerimientos en materia de seguridad y salud, incluyendo la evaluación del puesto de trabajo en domicilio, así como la evaluación de los riesgos psicosociales de la persona teletrabajadora.
          • Habilitar cauces de comunicación entre las personas que teletrabajan y la representación sindical.

          lunes, 27 de abril de 2020

          28 de abril, un homenaje a las víctimas del Covid-19 y a la labor de los trabajadores de los servicios esenciales
            CCOO y UGT, con motivo del 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, destacan que la pandemia ha evidenciado la asociación indisoluble de la salud laboral y la salud pública, y la debilidad de la prevención de riesgos laborales en España.
            21/04/2020.
            Nuestra gente, nuestro orgullo
            Nuestra gente, nuestro orgullo
            CCOO y UGT han elaborado un manifiesto en el que afirman que este 28 de abril no puede ser como el de otros años, pues nos enfrentamos a una crisis sanitaria mundial, como no se recordaba desde hace más de un siglo, que ha llevado a los sistemas sanitarios más allá de sus límites, ha paralizado gran parte de la actividad económica y, lo que es más grave y doloroso, se ha llevado decenas de miles de vidas solo en España.

            Por eso, el recuerdo este 28 de abril es para esas víctimas, para sus familiares, y amigos y compañeros y compañeras de trabajo, pero también para las personas trabajadoras, que aún a riesgo de su salud, han dado la batalla a esta enfermedad en primera línea.
            Son los trabajadores y trabajadoras de los servicios esenciales como, por ejemplo: sanitarios, transportistas, trabajadores del campo, dependientes, trabajadores y trabajadoras de la limpieza, cuidadores y cuidadoras, personal de los cuerpos del orden y seguridad del Estado. Todos ellos, han demostrado la importancia de la clase trabajadora para garantizar el funcionamiento de nuestra sociedad.
            Ambos sindicatos consideran que la pandemia ha puesto de manifiesto una realidad: la salud laboral es indisociable de la salud pública. De hecho, los contagios en el ámbito laboral y en los desplazamientos vinculados han sido importantes vectores de propagación del virus.
            Han quedado en evidencia, las políticas que pretenden priorizar los beneficios empresariales sobre otros derechos prioritarios como es son la salud y el trabajo, en unas condiciones dignas. Así, las políticas de austeridad impuestas para abordar la crisis de 2008 arrasaron los derechos sociales y laborales. Fruto de estos recortes se diezmaron los servicios públicos, que ahora se revelan imprescindibles, como la sanidad pública. También se redujeron las inversiones en prevención de riesgos laborales en las empresas y de financiación de políticas públicas activas en materia preventiva.
            La consecuencia fue clara: peores condiciones de trabajo, mayor precariedad laboral, y un repunte, en la última década de los accidentes de trabajo, y de las enfermedades profesionales, aunque sigue existiendo una infradeclaración de las mismas.
            La prevención es un derecho, no un negocio
            En el manifiesto las organizaciones sindicales destacan que, desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, hace 25 años, se ha desvirtuado la prevención y, en muchos casos, se ha contemplado como un negocio, no como un derecho, al externalizarse su gestión. Además, se han evidenciado también los vacíos institucionales y la escasa actuación pública para regular mínimamente “el mercado de la prevención” y acabar con su mercantilización.
            Así, aunque los servicios de prevención, son indispensables para la organización de las actividades preventivas en las empresas, en muchos casos, han mostrado limitaciones para minimizar las exposiciones al virus. El papel de los servicios de prevención ajenos ha sido escandaloso, ya que no han desarrollado, ni antes, ni por supuesto ahora, una verdadera prevención en las empresas, sino que se han limitado a tramitar la documentación requerida con el fin de cumplir, a efectos meramente formales, con la normativa.
            Algunas demandas:
            Tanto CCOO como UGT consideran que para lograr la plena integración de la salud laboral en la salud pública es precisa una mayor coordinación entre los departamentos de sanidad y de trabajo tanto en la Administración General del Estado, como en las CCAA. Sin embargo, en lugar de reforzar las instituciones que deberían liderar ese proceso, como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ha reducido su plantilla.
            Además, la escasez de inspectores de trabajo, España tiene una de las ratios más baja de Europa, ha dificultado sobremanera la atención a las denuncias que personas trabajadoras y sindicatos hemos presentado.
            A esto se añade otro obstáculo: el criterio seguido por el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que ha renunciado a paralizar actividades por riesgo grave e inminente de contagio ante el coronavirus o a proponer sanciones en una mayoría de situaciones.
            Pese a todas estas barreras ambos sindicatos seguirán trabajando para afrontar esta crisis sanitaria y continuarán denunciando donde sea preciso y exigiendo el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. En este sentido, ponen en valor la acción de los miles de delegados y delegadas de prevención y los comités de seguridad y salud.
            Por último, señalan que tras el Covid-19 la salud y la seguridad de las personas trabajadoras debe convertirse en un eje central en las relaciones laborales y en las políticas económicas. Para ello, es necesaria la capacidad de movilización del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. No podemos consentir que el sistema económico se contraponga a lo importante, que es la salud y la vida de las personas trabajadoras.

            Nueva edición del curso de preparación para Agente de Hacienda Pública Ya está abierta la preinscripción para la preparación de las oposicio...