Una precipitada retirada de las mascarillas en los Centros de Trabajo de la AGE
Mascarillas, fin de la obligatoriedad.
CCOO consideramos que el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, no garantiza el derecho a la salud laboral del personal de la AGE.
Con 74.679 nuevos contagios de coronavirus en los últimos 7 días y una subida de la incidencia acumulada en mayores de 60 años, además de 187 muertes con respecto a la última semana, la COVID-19 sigue presente socialmente y en los centros de trabajo.
En la Administración General del Estado encontramos un importante porcentaje de personal por encima de los 60 años, a lo que habría que sumar la población laboral vulnerable, que tiene además un riesgo añadido, y que durante las anteriores fases de la pandemia se identificara un total de más de 31.000 empleadas públicas y empleados públicos especialmente sensible.
El RD elude las obligaciones que la Administración tiene con su personal de salvaguardar la salud laboral, al contemplar únicamente la posibilidad, que no obligatoriedad, de participación de los servicios de prevención de riesgos laborales, a través de la evaluación de la situación y en función de los puestos de trabajo y riesgos específicos de su personal, las medidas que se hayan de adoptar.
CCOO no compartimos que se pueda exponer al personal a un riesgo que, pese a la alta tasa de vacunación, sigue dejando numerosos casos, secuelas y muertes.
Por todo ello, reiteraremos a la Dirección General de la Función Pública la necesidad de que se garantice el derecho a la salud al personal de la AGE, e impulsaremos en todos los Comités de Seguridad y Salud medidas de protección, evaluación y salvaguarda de la salud de las empleadas públicas y los empleados públicos frente a la COVID-19.
Para CCOO, el derecho a la salud de los trabajadores y las trabajadoras debe de prevalecer por encima de decisiones de oportunidad política, que no protegen la salud y tampoco resuelven los graves problemas que afectan a unas plantillas que continúan defendiendo los servicios públicos en unas condiciones muy degradadas.
