La excepcional situación en que nos encontramos, de forma más significativa tras las duras medidas adoptadas para tratar de contener la propagación del coronavirus CODIV-19, están suponiendo un tremendo reto para la gestión de los recursos humanos, la protección de la salud de las personas trabajadoras y la garantía de la prestación de los servicios públicos.
Desde ese punto de vista hemos insistido en diferentes ocasiones en la necesidad de conformar un foro con la participación de las organizaciones sindicales en la Administración General del Estado que permitiese tanto compartir información como tratar de dar respuesta a las situaciones que se produciendo como consecuencia de esta crisis en nuestro ámbito.
Finalmente, tras la petición conjunta de CCOO y UGT, hoy 25 de marzo se ha constituido y mantenido la primera reunión de forma telemática, un grupo de trabajo dependiente de la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales de la MGNAGE para el seguimiento del COVID-19 en este ámbito.
Este grupo de trabajo está conformado por un representante de los sindicatos presentes en la MGNAGE y por la representación de los Ministerios de Política Territorial y Función Pública (Dirección General de Función Pública); de Interior; de Sanidad; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana así como el de Defensa.
Este grupo de trabajo está conformado por un representante de los sindicatos presentes en la MGNAGE y por la representación de los Ministerios de Política Territorial y Función Pública (Dirección General de Función Pública); de Interior; de Sanidad; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana así como el de Defensa.
Por parte de CCOO hicimos llegar a los miembros de este grupo los planteamientos que entendíamos debían abordarse en esa primera reunión, que fundamentalmente hacían referencia a tres bloques de cuestiones:
Por parte de CCOO hicimos llegar a los miembros de este grupo los planteamientos que entendíamos debían abordarse en esa primera reunión, que fundamentalmente hacían referencia a tres bloques de cuestiones:
- La necesidad de contar con información para tener el dibujo más completo posible de la situación actual en la Administración del Estado en relación a la situación del personal tanto en lo relativo a la afectación por el COVID-19 como a la prestación de los servicios públicos encomendados (personal afectado, personal en cuarentena; situación de la prestación de servicios públicos presencial, teletrabajo o turnos; situación del personal de empresas externas, etc.)
- Abordar la problemática que se estaba produciendo en diferentes ámbitos tanto en lo referido a la ausencia de medios de protección para el personal que continúa prestando servicios de forma presencial como por la diferencia de criterios en la aplicación de las resoluciones de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública así como del los distintos Departamentos y organismos.
La necesaria homogeneización de criterios planteada por CCOO tiene especial importancia respecto al tratamiento de la prestación de servicios de forma presencial de los grupos de mayor riesgo frente al COVID-19. Igualmente sucede en relación a la interpretación –principalmente en relación a la edad del menor- sobre las posibilidades de flexibilizar jornada o permanecer en el domicilio, con la consideración de deber inexcusable. - Fomentar la participación de las organizaciones sindicales en los diferentes departamentos y organismos impulsado la creación de grupos similares al conformado a nivel AGE así como la participación en las Comisiones de Seguimiento que se estaban constituyendo en algunos de ellos.
No podemos decir que la reunión sirviese para dar respuesta a nuestros planteamientos. Un informe general sobre las medidas y actuaciones desarrolladas en materia de prevención de riesgos laborales por la AGE en relación al COVID-19 y algún detalle en ese mismo sentido por parte del IMSERSO o de los Servicios Centrales en el Ministerio del Interior ha sido la única información presentada.
La imprescindible homogeneización de criterios en cuestiones básicas como las actuaciones respecto de los grupos de mayor riesgo, la determinación de las actividades críticas o incluso en relación a la edad del menor que permite la ausencia al trabajo con la consideración de deber inexcusable, ha chocado con la disculpa de la diversidad de la AGE para hacer recaer sobre los ámbitos concretos la interpretación de los criterios generales, permitiendo que se generen tremendas desigualdades.
Tampoco ha tenido respuesta la denuncia de falta medios de protección para el personal que continua trabajando presencialmente para garantizar los servicios públicos que prestan. Las oficinas del DNI y extranjería que mantienen la atención al públicos, los centros del IMSERSO que siguen en funcionamiento o, de manera muy especialmente los Centros Penitenciarios donde la situación se complica cada vez más como consecuencia de la falta de esos medios de protección, son algunos de esos servicios.
Continuaremos exigiendo solución para la dotación de medios de protección al personal que continúan prestando servicios de forma presencial sin ellos.
Reiteraremos nuestros planteamientos, incluyendo la petición de impulsar grupos de seguimiento en los ámbitos departamentales que, igualmente quedó sin respuesta, de cara a la próxima reunión. Por quedarnos con lo positivo, ha sido la primera reunión –ha costado conseguir convencer de la necesidad de establecer esta comunicación- el grupo tiene continuidad y el próximo miércoles tendrá lugar un nuevo encuentro y ha existido un compromiso de trasladar a los ámbitos departamentales nuestras peticiones para tratar de dar respuesta. Confiemos en que sea así, aunque la grave situación en la que nos encontramos, sin duda, requeriría una mayor agilidad y capacidad de actuación por parte de esta Administración.
