Una chapuza más para terminar 2022; un problema más para 2023

BOEs

Durante los últimos quince días se vienen publicando en el BOE las convocatorias de los procesos selectivos de estabilización de la Administración General del Estado. La ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, daba de plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2022 para la su publicación, quedando clara la falta de interés de la Administración en la publicación in extremis y con unas convocatorias llenas de errores.

CCOO llevamos un año entero insistiendo a la Administración en la necesaria prioridad de la estabilización, para evitar la acumulación de toda la gestión al final del plazo, como finalmente ha sucedido.

También hemos exigido reiteradamente los listados de los puestos a estabilizar, diferenciados por departamentos ministeriales, centros, cuerpos, escalas o grupos de clasificación del IV CUAGE y especialidad, para poder identificar los puestos incluidos y comprobar que estaban todos. A la vista de los resultados de las convocatorias, es evidente que la Administración no había hecho su trabajo, y que ha sido a última hora y a la carrera cuando ha terminado de identificar los puestos.

Y así ha pasado que, una vez publicadas las convocatorias, estas se encuentran plagadas de errores que demuestran, una vez más, la falta de interés (o peor, de capacidad) que tiene la Administración para realizar su trabajo. Incomprensible cuando, además, se ha ignorado el ofrecimiento de colaboración de las organizaciones sindicales.

Para CCOO es inadmisible la situación generada por Función Pública en la estabilización. En la AGE, más de 4.000 personas están pendientes de unos procesos en que se juegan su empleo, con el estrés que esto supone. A ello hay que sumar la falta de información, la demora y los errores en las convocatorias, que están conllevando graves consecuencias psicológicas a un importante número de personas.

CCOO estamos recopilando los errores de todas las convocatorias para exigir a Función Pública su corrección inmediata.

Campaña por la mejora del sistemas de clases pasivas

El Sector de la Administración General del Estado de CCOO pone en marcha una recogida de firmas para promover una mejora sustancial en el Sistema de Clases Pasivas.

Póster por la mejora de las clases pasivas

Esta iniciativa, tiene por objeto garantizar que las prestaciones de los funcionarios y funcionarias de la Administración General del Estado incluidos en el sistema de CLASES PASIVAS no sufran una discriminación, frente al resto de empleados y empleadas públicas incluidas en el Sistema General de Pensiones de la Seguridad Social.

Así se recoge en la exposición de motivos de la normativa que regula ambos sistemas, sin que en ningún momento se haya adoptado por parte de la Administración, ningún tipo de iniciativa tendente a terminar con la misma.

Por todo ello, desde el Sector de la Administración General del Estado de CCOO, consideramos necesario que se adopten las siguientes medidas:

• Garantizar la revalorización de las pensiones de este sistema.
• Llevar a cabo las modificaciones legislativas oportunas, para que las cotizaciones y los haberes reguladores se vinculen a las retribuciones reales y no a los grupos de titulación.
• Garantizar que, para el cálculo de la pensión a percibir se tengan en cuenta los últimos 25 años cotizados, manteniendo la salvaguarda de que, si estos últimos veinticinco años no fueran los de mayor cotización se tomará como referencia los años de cotización más elevada.
• Permitir que de manera voluntaria se pueda incrementar la cotización al haber regulador, estableciendo varios tramos en función del grupo de clasificación.
• Establecer un incentivo de un 5% anual acumulable para todos aquellos funcionarios y funcionarias que, teniendo 35 años cotizados y 60 años de edad cumplidos prolonguen su carrera administrativa.
• Extender el derecho a percibir el complemento económico para la reducción de la brecha de género en las jubilaciones voluntarias.
• Integración en el Régimen General de la Seguridad Social, con carácter voluntario.

Listados definitivos de las personas que han superado por promoción interna las fases de oposición y concurso a los Cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado y pruebas selectivas para el acceso General Auxiliar de la AGE

02/01/2023.

BOE

En el BOE de hoy, lunes 2 de enero de 2022, se han publicado las siguientes Resoluciones con los listados definitivos de aspirantes que han aprobado las oposiciones, por el turno de promoción interna a los Cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado y del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.

· Resolución de 27 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso de las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, para personal funcionario y personal laboral fijo, al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, convocadas por Resolución de 26 de mayo de 2021.

· Resolución de 23 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, para personal funcionario y personal laboral fijo, al Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, convocadas por Resolución de 26 de mayo de 2021.

 Prórroga del IV Convenio Único de la AGE

29/12/2022.

TEMAS

• CONVENIO ÚNICO

Prórroga del IV CUAGE

El 31 de diciembre de 2022 se cumple la primera prórroga del IV Convenio Único de la Administración General del Estado. CCOO, como sindicato firmante del Convenio, seguimos apoyando una normativa que consolida derechos del personal laboral y que impulsa la profesionalización en la AGE. La falta de una correcta gestión por parte de Función Pública, que sigue relegando a un colectivo esencial para la AGE, hace que las medidas comprometidas en el Convenio no se hayan implantado.

Enumeramos aquellas cuestiones que vuelven a ser objetivo fundamental para CCOO y que hemos exigido a Función Pública que deben estar cumplidas antes del primer semestre del año:

• Actualización salarial y pago de atrasos acumulados para todos los puestos de trabajo, con independencia de su relación contractual. Es primordial cerrar este asunto, pues son años los que llevan trabajadores y trabajadoras esperando, algo inadmisible y que se deriva del acuerdo de encuadramiento por fases, que CCOO no firmamos y sobre cuyas consecuencias advertimos.
• Resolución que obligue a los Departamentos a implementar las nuevas relaciones de puestos de trabajo en un plazo máximo de tres meses desde la publicación en el BOE del nuevo sistema de retribuciones complementarias. Como CCOO hicimos constar en el acta en la Comisión Paritaria de noviembre, la inexistencia de unos plazos que comprometan a la Administración nos puede llevar a situaciones semejantes a las referenciadas en el punto anterior.
• Aplicación normalizada de la jubilación parcial con contrato de relevo, garantizando el derecho (exigido por CCOO para la firma del Convenio) para el conjunto de trabajadores y trabajadoras que cumplan los requisitos establecidos en la norma, con independencia del tipo de puesto de trabajo que ocupen y si éste pertenece a un anexo u otro, solucionando de forma inmediata la situación del personal del INE.
• Realizar los trámites necesarios para que la primera de las convocatorias de cambio de régimen jurídico se pueda llevar a cabo en el primer trimestre del año.
• Solucionar los problemas de movilidad y provisión de puestos, de modo que se reduzca drásticamente el número de plazas que quedan desiertas en las convocatorias y se pueda garantizar la prestación del servicio público.
• Negociación e implementación de la carrera horizontal en el ámbito del Convenio, tal y como CCOO hemos estado meses exigiendo en el grupo de trabajo de complementos, así como todas las medidas que se deriven de la Ley de Función Pública para la Administración General del Estado, cuando entre en vigor.
• Solución inmediata para todas las reclasificaciones solicitadas por los departamentos, y que llevan años sin respuesta.
• Solución para el personal que ostenta las especialidades de atención en sala de museos y celador de prisiones (anexo V), y que accedieron a las mismas con anterioridad a la entrada en vigor del IV Convenio Único, pues se está cometiendo con estos colectivos una grave injusticia.
• Las condiciones laborales en las que se presta el servicio en el INAEM deben tener plena integración en el articulado del IV Convenio, cuestión pendiente desde años sin que haya habido avances.
• Desarrollo del grupo M4, exigido únicamente por CCOO en la negociación del IV Convenio, para la integración de personal investigador laboral con titulación de doctor o doctora de los Organismos Públicos de Investigación.
• Mejora de las condiciones de acceso a la movilidad por protección de la salud y por razones de conciliación, a través de la modificación de los artículos 42 y 43 del Convenio Único.

 CCOO exige soluciones al amianto en los centros de trabajo de la Administración General del Estado

El sindicato alerta de la falta de interés en la identificación de instalaciones con presencia de este producto altamente cancerígeno, y advierte de la necesidad de su retirada para evitar exposiciones al mismo por parte del personal.

29/12/2022.

Amianto

CCOO ha denunciado en la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración General del Estado la falta de medidas de evaluación y prevención frente a los graves problemas del amianto en los centros de trabajo.

El sindicato alerta de que la ausencia de una política preventiva rigurosa está provocando que el personal pueda estar expuesto a los efectos nocivos del amianto, con absoluto desconocimiento y total ausencia de medidas preventivas.

CCOO lleva años denunciando estas graves situaciones de riesgo para el personal en determinados centros de trabajo, especialmente en el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Cultura y Deporte, donde el amianto ha sido descubierto de una forma casual y accidental por obras o reparaciones, y no fruto de una evaluación en profundidad de las instalaciones por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales.

A pesar de las campañas de divulgación, información y demanda de medidas preventivas desarrolladas por CCOO, la Administración del Estado no se ha tomado en serio la salud de su personal y no ha puesto en marcha medidas para prevenir los riesgos.

Esta situación es particularmente grave en el caso del amianto, en que el sindicato ha exigido la inmediata puesta en marcha de un plan de evaluación de todos los centros de trabajo, para localizar instalaciones o medios que contengan amianto, establecer medidas de protección para las trabajadoras y los trabajadores, y llevar a cabo el desamiantado de las instalaciones.

CCOO señala la necesidad de una actuación intensiva en el Ministerio de Defensa, donde se ha encontrado este material en instalaciones, tuberías, aislamientos y talleres, y exige su retirada de estos centros de trabajo y de la sede central del Ministerio de Cultura y Deporte.

El sindicato recuerda la necesidad de efectuar una vigilancia de la salud de todo el personal que haya estado expuesto al amianto en su actividad laboral, al ser un producto altamente nocivo que produce enfermedades graves, siendo imprescindible mayor rigor preventivo para el personal que trabaja en la Administración General del Estado.

CCOO exige al Gobierno una Ley de Función Pública que cumpla las expectativas del personal público y la ciudadanía

Considera que la aprobación del Anteproyecto de Ley de Función Pública para la Administración General del Estado en el Consejo de Ministros se ha llevado a cabo con prisas y sin la necesaria negociación colectiva, comprometida en el Acuerdo marco firmado en octubre con las organizaciones sindicales. Destacan la imprescindible mejora en materias tan esenciales como retribuciones, carrera profesional, igualdad, transparencia o jornada, entre otras.

21/12/2022.

Rueda de prensa de hoy donde CCOO (Elisa Fernández) y UGT (Carlos Álvarez) han exigido al Gobierno la negociación completa del Anteproyecto de Ley de Función Pública de la AGE

 CCOO ha exigido al Gobierno la negociación completa del Anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, al entender que limita los derechos de la plantilla. En su valoración sobre el texto recogen más de una decena de propuestas a incorporar al mismo (ver informe conjunto).

Las organizaciones sindicales han recordado que el desbloqueo de la norma se produjo en la firma del Acuerdo marco para una Administración del siglo XXI, tras 15 años esperando el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado. Lamentan que el contenido aprobado se parezca más a un manual de gestión de recursos humanos que a una ley que tiene que recoger y garantizar los derechos de las empleadas públicas y los empleados públicos.

Entre los aspectos más destacados, mencionan la inclusión de los complementos de carrera y de evaluación del desempeño, a pesar del retraso en su implantación en la Administración General del Estado y las consecuencias en las retribuciones que viene suponiendo la falta de estos en las nóminas del personal. Consideran, sin embargo, que es imprescindible consolidar las horquillas de niveles de complementos específicos y complementos de destino comprometidas en el Acuerdo de fondos adicionales 2018-2020, además de recuperar la estructura de las pagas extraordinarias previa a 2010.

CCOO y UGT valoran positivamente la configuración de la carrera profesional, aunque entienden que es necesario avanzar en el establecimiento de escalones y cuantías, en línea con lo que se viene produciendo solo para determinados cuerpos y escalas de la Administración del Estado.

En la misma línea, consideran esencial concretar los contenidos del título sobre igualdad, comprometido en el Acuerdo marco, pero que queda diluido por tratarse de recomendaciones y por no fijar para las empleadas públicas y los empleados públicos los mismos contenidos de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva. Exigen, además, la modificación de régimen disciplinario para permitir la sanción administrativa en casos de acoso sexual y por razón de sexo.

Finalmente, lamentan la omisión del carácter máximo de la jornada semanal en 35 horas, un aspecto recogido en el Acuerdo marco y que entienden que debe tener reflejo en este Anteproyecto, junto a la mención de otros derechos como la jornada flexible, los períodos mínimos de descanso o la conciliación, entre otros.

UGT y CCOO piden al Gobierno un mayor compromiso con el personal público más cercano a su actividad, y que depende directamente de su acción, que debe concretarse en una Ley contundente y garantista, y que evite la actual referencia a desarrollos reglamentarios, hasta cuarenta en el texto aprobado.

Los sindicatos concluyen recordando otros aspectos que será necesario incluir en el Anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, como la aplicación al personal laboral, los sistemas de provisión y movilidad, la garantía de cobertura de plazas publicadas en ofertas de empleo público, la jubilación parcial y la prolongación del servicio activo, la modificación del régimen de clases pasivas, la constitución del grupo B y la definición de áreas funcionales de los actuales cuerpos, escalas y grupos de clasificación profesional, la consolidación del acuerdo de promoción interna, el incremento de la indemnización por residencia en los territorios no peninsulares, la evaluación del desempeño, la participación sindical y la negociación colectiva y la eliminación de aquellos artículos que restringen derechos adquiridos.

Apertura de la negociación de la Ley de Función Pública de la AGE

13/12/2022.

Nota informativa conjunta.

Este martes hemos mantenido la primera reunión para abordar el desarrollo de la Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado, dentro del grupo de trabajo acordado entre el Gobierno, UGT y CCOO en el Acuerdo marco para una Administración del siglo XXI.

Tras 15 años de retraso en el desarrollo del EBEP dentro de la AGE, solo nuestra firma en el Acuerdo marco y la exigencia de la apertura del grupo de trabajo la semana pasada ha logrado que se abra el espacio de la negociación de esta Ley. Ambas organizaciones sindicales celebramos que por fin un equipo ministerial al cargo de la función pública ponga en valor la necesidad de sacar adelante la ley más importante y esencial que regulará las condiciones laborales del personal al servicio de la administración del estado.

En esta primera reunión se nos ha presentado un primer borrador del texto articulado íntegro, y hemos podido llevar a cabo un análisis del contenido, así como avanzar una primera discusión y debate sobre el mismo. Ambas organizaciones sindicales, queremos tomar el texto presentado, que sin duda rechazaríamos si fuera el definitivo, como un primer borrador que tendrá cambios importantes en el proceso de negociación. Esta revisión inicial revela la necesidad de un trabajo profundo de diálogo social y negociación colectiva, fundamentalmente en aspectos tan esenciales como la carrera profesional, retribuciones, planificación de los recursos humanos, la movilidad, igualdad o el complemento retributivo vinculado a la evaluación del desempeño.

CCOO y UGT consideramos que queda mucha negociación por delante en el seno de este grupo de trabajo, en los términos comprometidos en el Acuerdo marco para una Administración del siglo XXI. En el próximo año, el personal de la AGE debería poder estar disfrutando de los derechos que habrán de estar recogidos en esta ley. Por ello, ambas organizaciones sindicales hemos exigido a la administración que esta negociación se acometa sin más demora. Es fundamental poner en valor las medidas firmadas en el Acuerdo marco, que deben establecerse y aparecer en el contenido de la Ley para no comprometer su integridad, y la visión compartida de este Gobierno progresista de poner en el foco los servicios públicos de calidad que merece la ciudadanía.