Función Pública utiliza la nueva normalidad para eliminar derechos del personal público de la AGE

• CCOO rechaza la firma del acuerdo que sale adelante gracias al apoyo de UGT, CSIF y CIG

TEMAS

• COVID-19

Nota informativa

Esta noche hemos tenido la última reunión para abordar las medidas organizativas a adoptar en la nueva normalidad en la Administración General del Estado. Una negociación compleja, por la metodología que viene imponiendo la Administración, con reuniones e intercambios de borradores en tres días, y por el contenido restrictivo de derechos que se plantea.

CCOO hemos logrado incluir algunos aspectos que vienen a mejorar la propuesta inicial de la Administración.

• Flexibilidad horaria. Aunque no se recupera totalmente la Instrucción de jornada y horarios, queda bastante claro en la redacción que es la persona trabajadora quien adaptará el horario para evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas a los centros de trabajo.
• Turnos de trabajo. Se determina el consentimiento como elemento ante cualquier modificación con respecto al turno que se viniera desarrollando previamente.
• Necesidades del servicio. Se elimina su incidencia arbitraria en el total del documento, limitando su aplicación estrictamente a lo recogido en el EBEP.
• Teletrabajo. Se garantiza su carácter voluntario -que deberá constar por escrito- y reversible. Sin embargo, se pierde la oportunidad de establecer temporalmente unas características mínimas para su desempeño: no discriminación por razón de sexo, dotación de medios por la Administración o compensación económica, garantía de condiciones retributivas, jornada definida y sin disponibilidad, mecanismos para asegurar que se cumplen los requisitos de seguridad y salud, y comunicación con la representación sindical, entre otros.

En este sentido, hay múltiples elementos que añaden incertidumbre y que limitan los derechos de las empleadas públicas y los empleados públicos.

• No hay limitación de su vigencia. Se vincula a la declaración de pandemia, por lo que su duración puede ir desde semanas a años. CCOO entendemos que, visto lo cambiante de la situación sanitaria y epidemiológica, es esencial acotar su caducidad y revisar su contenido periódicamente.
• No garantiza la seguridad en los centros de trabajo de atención al público. Hemos insistido en la necesidad de garantizar la seguridad de las empleadas y empleados públicos ante la situación de incertidumbre en la apertura de estos centros, limitación de aforos y control de la cita previa, entre otros. El propio Gobierno sabe que existe problema de seguridad –especialmente en organismos como el SEPE o el INSS- cuando anuncian que pedirán a los ayuntamientos la colaboración de las policías locales y, sin embargo, se niegan a adoptar medidas. CCOO no puede ser cómplice de ese despropósito.
• No dota de medios para el teletrabajo, ni establece compensaciones económicas. CCOO hemos recordado que esto supone una pérdida salarial. Es indecente plantear que el personal perteneciente a grupos vulnerables y con menores, mayores, dependientes, personas con discapacidad a cargo -colectivos prioritarios para el teletrabajo- si quieren permanecer “voluntariamente” en situación de actividad no presencial tendrán que financiar los medios para trabajar, sin compensación, indefinidamente.
• No garantiza la recuperación de la negociación colectiva. Se establece para los trabajadores y trabajadoras la actividad presencial como ordinaria y, sin embargo, la Administración restringe la participación de las organizaciones sindicales a una persona representante, consolidando un modelo de reuniones de negociación en que se siente cómoda, y que redunda en una pérdida del derecho de representación del personal público.

Ante esta lista de elementos que entendemos inadmisibles, CCOO nos oponemos a esta resolución, que sale adelante con el apoyo de UGT - incluso lo ha manifestado en una nota previa a la última reunión- así como de CSIF y CIG. Entendemos que ha sido una oportunidad perdida para regular de manera excepcional, transitoria y temporal el teletrabajo; para garantizar la seguridad de los trabajadores y trabajadoras de las oficinas de atención al público y que dota a la Administración de un instrumento para perpetuar la pérdida de derechos laborales en la AGE sin fecha de caducidad.

CCOO denuncia que el Gobierno comienza con los recortes al personal público

El sindicato anuncia su rechazo y el inicio de movilizaciones, y lamenta que, más de un año después de la entrada en vigor del IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, el Gobierno niegue a 40.000 trabajadoras y trabajadores la actualización de sus nóminas y el abono de los atrasos acumulados, que supondrían unos 35 millones de euros.

.CCOO denuncia que el Gobierno está incumpliendo el IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado (AGE), que entró en vigor en mayo de 2019 tras tres años de negociación. Ni las mejoras retributivas, que venían a iniciar la recuperación después de una pérdida de poder adquisitivo superior al 14 % desde 2008, ni otras mejoras laborales comprometidas se están aplicando, lo que supone una grave vulneración de derechos del personal afectado, alrededor de 40.000 empleadas públicas y empleados públicos.

Después de más de un año, no se ha concluido la adaptación y encuadramiento de los puestos al nuevo sistema de clasificación profesional, algo que debería haber sido prácticamente automático”, manifiesta José Manuel Vera, secretario general de FSC-CCOO en la AGE. “Esta ha sido la excusa que ha esgrimido hasta ahora el Gobierno para no actualizar las tablas retributivas y abonar atrasos acumulados desde el 1 de enero de 2019”. El sindicato lamenta que, tras haber impulsado el avance de ese encuadramiento, se informe de la falta de disponibilidad presupuestaria y acusa al Gobierno de falta de lealtad con su personal.

La representación de Hacienda ha alegado en la reunión mantenida este martes que la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 y 2020 y la consiguiente prórroga por dos veces de los correspondientes a 2018, hacen imposible llevar a cabo las medidas económicas acordadas. CCOO reitera que el Gobierno ha tenido tiempo suficiente para habilitar una partida destinada a la mejora salarial plasmada en las tablas retributivas, como se ha hecho con otros colectivos, por lo que manifiesta su absoluto rechazo a este nuevo obstáculo.

El sindicato defiende los logros alcanzados con la firma del Convenio, y lamenta esta nueva muestra del desprecio del Gobierno por el personal laboral de su propia Administración. “Parece que hay empleadas públicas y empleados públicos que no son una prioridad, como tampoco lo son los servicios públicos que prestan. Se ha dejado pasar más de año para afirmar ahora que el dinero comprometido se ha usado para otras partidas”, denuncia Vera.

CCOO exige la inmediata recuperación de este presupuesto, para que el personal laboral vea actualizadas sus retribuciones. “En un momento como el actual, añadir incertidumbre sobre cuándo se pagarán los atrasos de más de un año es un varapalo para estas trabajadoras y trabajadores públicos, y supone una pérdida de confianza en las intenciones del Gobierno”, concluye Vera, que no descarta movilizaciones cuando finalice el estado de alarma.

CCOO reclama el crecimiento de los Servicios Públicos y la estabilización de sus plantillas

CCOO reclama que, de forma urgente, se retome la interlocución y se convoquen las mesas de negociación y las comisiones de seguimiento oportunas para abordar esta u otras cuestiones críticas.

La crisis en la que nos encontramos por la pandemia del Covid-19 ha puesto claramente de manifiesto la necesidad de los Servicios Públicos como única forma de asegurar los derechos y el bienestar de la ciudadanía y, por tanto, deben ser claramente reforzados y asegurar las buenas condiciones de sus profesionales. Los Servicios Públicos han demostrado ser más necesarios que nunca y también más eficaces y garantistas.

Para CCOO, el sindicato mayoritario en todas las administraciones públicas, en el proceso de reconstrucción y en las medidas que se tomen ante la crisis económica el sector público debe ser absolutamente central y, por tanto, tiene que ser reforzado con crecimiento en el empleo, buenas condiciones y recursos para sus trabajadoras y trabajadores, y estabilización de sus plantillas.

En este sentido, CCOO ya ha remitido varios escritos al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a lo largo de esta complicada etapa, para retomar la interlocución y la negociación para el seguimiento y mejora de los acuerdos suscritos, y para trabajar con los diferentes territorios y administraciones esta situación.

Los datos de los procesos de estabilización y consolidación del empleo previos al inicio de esta pandemia son alarmantes como se puede ver en el siguiente cuadro:

Situación de las ofertas de empleo público de los años 2017, 2018 y 2019 (incluidas Tasa Reposición, Estabilización/consolidación, Indefinido No fijo)

ORGANISMOS	OPE	2017	2018	2019	Total aprobado	Ejecutadas	Pendientes
Admón. G. Justicia	Reposición	3.074	3.116	1.368	7.558	0	7.558
	Estabilización			2.237	2.237	0	2.237
Admón. G. Estado	Reposición	10.806	17.676	11.338	39.820	0	39.820
	Estabilización		5.110	2.528	7.638	0	7.638
Fuerza/Cuerpo SE	Reposición	5.561			5.561	0	5.561
Fuerzas Armadas	Reposición	1.814			1.814	0	1.814
CCAA	Reposición	4.683	9.567	8.721	22.971	0	22.971
	Estabilización	12.529	10.942	7.250	30.721	0	30.721
	Consolidación	3.560	27		3.587	0	3.587
	Indefinido No Fijo	1.867	249	34	2.150	0	2.150
Admón. Local (*)	Reposición	2.591	3.386		5.977	0	5.977
	Estabilización	321	156		477	0	477
Enseñanza (no universitaria) (**)	Reposición				36.092	24.558	11.534
	Estabilización				56.946	30.654	26.292
Sanidad (***)	Totales (TS/E)				156.783	4.863	151.920
TOTALES	Reposición				119.793
	Estabilización				233.539
	Total				353.332	60.075	293.257

(*) Los datos de la Administración Local son los primeros datos que disponemos, con más de 8.000 municipios dificulta tener los datos por lo que estamos seguros de que estas cifras son de mínimos habiendo muchas más plazas ya ofertadas que esperemos poder ir completando. (**) Los datos de Educación son globales de las ofertas aprobadas. Del total de plazas aprobadas, 93.038, se han ejecutado ya un total de 55.212 (entre reposición, 24.558, y estabilización, 30.654), faltan por tanto por ejecutar 37.826. Los datos totales son exactos, pero el desglose entre reposición y estabilización es estimado al resolverse por el mismo procedimiento y no diferenciar entre los dos conceptos algunas CCAA en sus ofertas. (***) Los datos de Sanidad son totales, convocándose todas las plazas por el mismo procedimiento. El desglose de las cifras sería: 4.863 plazas ya resueltas, 66.143 en ejecución y 85.777 publicadas pero no iniciadas. Están todas incluidas en el total de estabilización/consolidación al ir por el mismo procedimiento.

Como se puede comprobar, en estos momentos tenemos contabilizadas 293.257 plazas publicadas en todo el Estado (correspondientes a las OEP 2017, 2018 y 2019) que están pendientes aún de resolverse, a las que habría que sumar las que aún están pendientes y que entendemos deberían publicarse en cuanto se pase esta situación de crisis sanitaria. Para CCOO resulta imprescindible tomar las medidas que sean necesarias para que puedan resolverse sin que se ponga en peligro la caducidad de ninguna de las ofertas de empleo público en ninguno de sus conceptos.

Además, a estas plazas hay que sumar el incremento de efectivos que es necesario para afrontar la actual situación y las que están por venir en los diferentes sectores, especialmente en los sectores esenciales, en los que estamos hablando, al menos, de incrementos de entre un 20% y un 33% en relación con las plantillas actuales. Para poder abordarlo con garantías es necesario eliminar el concepto de tasa de reposición para poder hacer estructurales los incrementos de plantilla y no aumentar de nuevo, y aún más, la temporalidad y la precariedad en el sector público.

Esa temporalidad era ya alarmante en los datos oficiales del último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, publicado en julio de 2019. En dicho documento el número total de empleadas y empleados públicos se situaba en 2.595.575, de los cuales 500.615 estaban categorizados como temporales, funcionarias/os interinos y personal laboral temporal, lo que da al menos un 19,29% de temporalidad. Esta cifra podría ser mucho mayor, pues hay categorías de personal que no están especificadas y/o desglosadas. En cualquier caso las cifras estaban muy lejos, ya antes de esta crisis, del 8% máximo de temporalidad comprometido.

Es una evidencia que la crisis de la pandemia ha visibilizado la escasez de efectivos en servicios esenciales para la ciudadanía y que, por tanto, necesitan urgentemente un incremento en su volumen de plantillas, sobre todo para tener en cuenta el retorno a la actividad en la “nueva normalidad”, garantizando una atención adecuada a la población consuficiente seguridad. Por ello es inaplazable la decisión de eliminar la tasa de reposición para sectores esenciales.

Desde CCOO volvemos a reclamar que, de forma urgente, se retome la interlocución y se convoquen las mesas de negociación y las comisiones de seguimiento oportunas para abordar estas cuestiones críticas. También es necesario que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública tranquilice a todas las empleadas y empleados públicos en relación con sus condiciones laborales y retributivas, para que se ponga fin a todos los bulos e informaciones falsas y engañosas que se están difundiendo.

CCOO considera los Servicios Públicos como la única manera de garantizar los derechos de la ciudadanía, y son además pieza clave para dinamizar la economía y favorecer la cohesión social y territorial de nuestro país. Para ello resulta imprescindible dar también dar el impulso necesario en materia de infraestructuras, transporte, telecomunicaciones, medioambiente, desarrollo de nuevas tecnologías e invertir en ciencia, investigación, innovación y desarrollo, y propiciar un cambio en el modelo productivo.

Para CCOO, además, es necesario acometer un ambicioso proceso para devolver a la gestión directa pública los diferentes servicios, en especial en aquellos que más han sufrido la catástrofe de la privatización. Esta ha supuesto una mayor precarización del empleo y también una pésima prestación del servicio. El riesgo para las personas usuarias ha llegado a unos niveles intolerables en una sociedad democrática social y de derecho como es la nuestra, donde el caso de determinadas residencias de personas mayores es un claro ejemplo de ello.