CCOO logra las 35 horas para todo el personal de la AGE
A última hora Función Pública ha aceptado la propuesta de CCOO y se ha comprometido a implantar la jornada de 35 horas para TODO el personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración General del Estado, cuyas condiciones laborales se negocian en el ámbito de la MGNAGE Art. 36.3 del TREBEP.
35 horas en la AGE
La propuesta inicial de Función Pública era limitar la aplicación de las 35 horas semanales al personal que trabaja de lunes a viernes, y excluir al personal con jornadas especiales (de especial dedicación, con turnicidad, jornadas partidas), así como al personal de centros docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla.
CCOO no podía avalar que parte del personal de la Administración del Estado se quedase fuera. No existe ninguna norma legal que justifique que teniendo el mismo empleador que es el Estado, una parte de la platilla realizase 1.533 horas anuales y otra parte más de 1.642 horas anuales, generando una discriminación en el régimen estatutario y empeorando las condiciones laborales de los excluidos.
Con independencia del horario que tenga que realizarse para cubrir turnos de mañana y tarde o de 24 horas, la jornada en cómputo anual debe ser la misma para TODO el personal civil del Estado.
A última hora Función Pública ha aceptado la propuesta de CCOO y se ha comprometido a implantar la jornada de 35 horas paraTODO el personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración General del Estado, cuyas condiciones laborales se negocian en el ámbito de la MGNAGE Art. 36.3 del TREBEP.
Es una medida de la que se van a beneficiar más de 246.000 empleadas y empleados públicos, sirviendo de referencia de jornada para la Administración Local y que se acordó, en el “Acuerdo Marco para una administración del siglo XXI”, negociado y firmado por CCOO con el gobierno de España, recogiendo el compromiso de derogar la jornada del RD 20/2012 del gobierno de M. Rajoy.
La implantación tiene que ser progresiva debido a la heterogeneidad de los servicios públicos del Estado. En el plazo de 15 días la Secretaría de Estado de Función Pública modificará la Resolución general de jornadas y horarios de 28 de febrero de 2019, implantando la nueva jornada laboral de 35 horas y su distribución horaria.
Los horarios de especial dedicación del personal directivo también se adaptarán, reduciéndose a 37,5 horas semanales de promedio en cómputo anual.
Asimismo los departamentos ministeriales, organismos públicos, agencias y entidades públicas de la AGE con jornadas y horarios especiales, tendrán que adaptar la jornada de las 1.533 horas anuales en las Instrucciones específicas de jornadas y horarios, así como en los calendarios laborales previa negociación, con la representación del personal en la Mesa de Negociación Delegada correspondiente.
La jornada general de las 35 horas semanales va a implicar:
- Modernizar la organización del trabajo en la Administración del Estado.
- Constituye una medida para atraer y retener talento.
- Mejora la productividad en la Administración.
- Mayor conciliación de la vida personal, familiar y profesional.
- Mejorar la salud física y mental del personal.
Por último, la reducción de 2,5 horas semanales o del 7,1% del tiempo de trabajo ordinario que implica la nueva jornada laboral, exige tener que adoptar algunas medidas técnicas y organizativas como la revisión de la planificación actual de los recursos humanos, detectar las necesidades de personal en los servicios de atención a la ciudadanía y con horarios sujetos a turnicidad para poderlos atender con las nuevas ofertas de empleo público, de carácter plurianual.
CCOO estará vigilante para que la implantación de las 35 horas no sea una medida electoralista que ponga en riesgo los servicios públicos.
Desde CCOO defendemos la salvaguarda de los servicios públicos y nos mantendremos beligerantes ante el Gobierno, para exigir que la OEP 2026 se negocie a la mayor brevedad. Es imprescindible que esta oferta cubra las necesidades actuales y garantice el acceso de la ciudadanía a las coberturas del Estado social y de derecho, especialmente en un contexto donde la crisis se agrava por el conflicto bélico.
