Que no te engañen con el Acuerdo de convocatorias para cubrir la jubilación parcial firmado por CSIF y UGT

Que no te engañen

El pasado 1 de abril de 2025 entraba en vigor el Real Decreto-Ley 11/2024, de 23 de diciembre, que modificaba determinados aspectos de la jubilación parcial con contrato de relevo (como la reducción de jornada hasta el 75% o el adelantamiento de la misma hasta 3 años de la edad ordinaria de jubilación, estableciendo que los contratos de relevo tengan un carácter indefinido y a tiempo completo, en consonancia con la reforma laboral del año 2021 y el cumplimiento del compromiso con Europa de reducción de la temporalidad.

El 28 de marzo de 2025 la Secretaría de Estado de Función Pública aprobaba una resolución con criterios orientadores para realizar contrataciones de relevo, autorizando una tasa de reposición de efectivos específica, como “mecanismo urgente” para las plazas destinadas a los relevos de la jubilación parcial y que era independiente de la OEP ordinaria anual 2025. Se concedió un plazo de 7 días hábiles a los 22 Departamentos ministeriales para que enviaran sus estimaciones sobre el número de trabajadores y trabajadoras interesadas en solicitar la jubilación parcial, a pesar de que la Administración puede cuantificar el número porque conoce la edad y los años de cotización de su personal.

En el mes de junio y sin que estuviera todavía aprobada la OEP extraordinaria de las 1000 plazas que ha estimado la Administración nos convocan para negociar las convocatorias de las plazas de relevo, un proceso de negociación que termina sin tener garantías de cuántas plazas se van a convocar y cuándo, sin concretar el límite temporal de los procesos selectivos vinculados a esta tasa, y firmando “un descuelgue de Convenio” o inaplicación del Art. 27.2 del IV Convenio, por parte de las organizaciones CSIF y UGT.

CCOO no avala tantos despropósitos y NO firma este Acuerdo que sólo recorta derechos y empeora las condiciones de trabajo de TODO nuestro personal laboral fijo:

1.- Porque la Administración no está actuando con urgencia en la aprobación de esta tasa específica, ni concreta la financiación de los contratos de relevo, por lo que recortará empleo público.

2.- Porque el Acuerdo no garantiza el derecho a la jubilación parcial de nuestro personal laboral fijo. Primero porque permite que haya cupos para acceder a la jubilación parcial y segundo porque la Administración está dilatando todo el proceso intencionadamente para que la mayoría de los solicitantes no puedan ejercer este derecho (finaliza julio sin aprobar la tasa especifica a pesar de ser un instrumento urgente, no quisieron negociar aún las especialidades, no hay compromiso de agilizar las convocatorias y Función Público se reservó en el Acuerdo un plazo de 6 meses para realizar las contrataciones de relevo, cuando la normativa establece un plazo general de 3 meses que incluso puede reducir aún más).

3.- Sin garantías y con una Administración que suele incumplir lo que firma, CSIF y UGT firmaron “aumentar el número de perjudicados” a la falta de voluntad de la Administración de cumplir la jubilación parcial, eliminando para el resto del personal laboral fijo su derecho al ascenso, a la movilidad y conciliación de vida laboral y familiar,descolgándose del Convenio,como si el concurso abierto y permanente que permite convocar 4 resoluciones al año y que acumula cientos de plazas desiertas fuese a garantizar una jubilación parcial “en tiempo y forma”.

CCOO continúa trabajando para garantizar la jubilación parcial sin perder derechos.

 MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

CCOO exige una negociación real para la AGE

Laboratorios de Innovación Pública

Ayer se reunió la Mesa General de Negociación (MGNAGE), que ha presidido la Secretaria de Estado de Función Pública y a la que hemos asistido CCOO, CSIF, UGT y CIG con el único orden del día de informarnos de la próxima implantación de la Estrategia denominada "Consenso por una administración abierta", una hoja de ruta transformadora para tener una Administración Pública del Estado de altas capacidades.

La transformación digital de la Administración Pública es uno de los objetivos del componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021.

El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública y la Secretaria de Estado de Función Pública, lideran este proyecto-Estrategia que nace en los laboratorios de Innovación Pública del INAP Hazlab y GobTechLaby en el que han participado 18 grupos de trabajos que han elaborado una serie de propuestas y los tiempos de ejecución.

Todas estas reformas se sostienen en el Real-Decreto Ley 6/2023 y abordan la planificación estratégica de los RRHH, el acceso al empleo público, la evaluación del desempeño la carrera profesional o el régimen jurídico de la dirección Pública profesional.

Todo el modelo de transformación de la Administración del Estado gira en torno a la implantación y desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) y la robotización para entre otras cosas, agilizar trámites administrativos y liberar horas de trabajo en tareas repetitivas, ocupando a esas empleadas y empleados públicos en otras tareas. Pero también para tomar decisiones, implantar políticas públicas a partir de los datos. Los nuevos perfiles profesionales, el equipo directivo saldrán de los datos que analice la IA.

Todas las reformas están condicionadas por los presupuestos que existan, y a través de un proceso participativo, que ha dejado al margen a las organizaciones sindicales, se han obtenido diversas conclusiones que evidencian que, se debe priorizar la planificación y la asignación de recursos, fomentar la participación ciudadana, definir indicadores claros que permitan la evaluación de los resultados, asegurar una coordinación de proyectos, incorporar la perspectiva de género, diversidad y la accesibilidad, así como, una mayor transparencia y rendición de cuentas.

CCOO entendemos que se están abordando cuestiones muy importantes para el personal de la AGE y la eficiencia de los servicios públicos.

CCOO estamos a favor de la modernización de la Administración, pero todos estos cambios no se pueden hacer de espaldas a las trabajadoras y trabajadores públicos porque son el eje vertebrador que garantiza los servicios públicos. Hemos defendido que las cuestiones que plantea la Administración, afectan a las condiciones de trabajo y deben ser objeto de negociación colectiva, que no puede volver a pasar lo que pasó con el RD-Ley 6/2023, impuesto sin negociar.

Desde CCOO somos conscientes del calado estructural de las medidas que avanza la Administración y por ello, por derecho, queremos negociar entre otras cuestiones:

• Impacto en el acceso a la Función Pública de la inclusión del máster dentro del proceso selectivo para los grupos A1 yA2
• Garantías del mantenimiento de la universalidad de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el derecho de acceso a la Función Pública
• Impacto y control de algoritmos en la implantación de la IA generativa.
• Garantías de respeto a las funciones y destinos del personal de carrera afectado por la implementación de las áreas funcionales.
• Medidas de reforzamiento del empleo y los servicios públicos
• Garantías para el derecho al acceso personalmente a los servicios públicos de toda la ciudadanía, eliminando todas las brechas generadas por la digitalización

Nos encontramos ante un cambio de modelo de la Función Pública que debe de articular el consenso desde el respeto a un principio democrático fundamental como es el de la negociación colectiva.

Desde CCOO exigiremos que los pasos que la Administración dé a partir de ahora, se orienten en esta dirección, con un compromiso firme de defensa de los servicios públicos y del personal que los sostiene.

CCOO advierte de que la OEP para la Administración General del Estado hace peligrar la prestación de servicios públicos

El sindicato rechaza la propuesta del Gobierno porque apenas cubrirá las más de doce mil bajas del año pasado en la AGE y no permitirá garantizar mediante la promoción interna la adaptación a las necesidades de la ciudadanía de las funciones realizadas por el personal público que ya presta servicio. Señala la falta de soluciones para el alto número de plazas desiertas, casi cinco mil en 2024.

CCOO señala la incoherencia de la Oferta de Empleo Público para la Administración General del Estado aprobada ayer por el Consejo de Ministros y publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado. Apunta a que no se pueden establecer comparativas respecto a 2024 porque venimos de un número de bajas muy superior, y por tanto la relación de plazas ofertadas también debe serlo.

Denuncia que la mayor demanda de servicios públicos y el aumento de la población receptora de los mismos incrementa el reto de la Administración General del Estado para la prestación de estos servicios. En este sentido, la baja oferta de puestos para recuperar personal pone en riesgo la garantía de estos derechos de la ciudadanía.

Así, el sindicato venía apuntando durante el proceso de negociación en que para mantener el esfuerzo del año pasado, con algo más de 17.700 plazas para 8.000 bajas en 2023, tendría que plantearse una oferta de unas 26.400 para 12.015 bajas en 2024. Una relación proporcional que tendría que venir acompañada de otras medidas para garantizar la promoción interna de todo el personal o la cobertura de la totalidad de los puestos ofertados, entre otras.

Apunta a la necesidad de dotar de personal a los nuevos servicios públicos creados por la normativa, como recoge la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y que sería clave en servicios como Extranjería, con más de un millón de expedientes pendientes de resolución, o Justicia, donde deben dotarse de carácter estructural los 31 nuevos juzgados creados en este período. Señala también a organismos con alto número de vacantes o jubilaciones previstas, como la Seguridad Social, el SEPE, las Instituciones Penitenciarias, la Dirección General de Tráfico o la Agencia Tributaria, entre otras.

Respecto a la promoción interna, CCOO insiste en avanzar en la reducción de temarios y ejercicios en las pruebas selectivas, porque el personal ya ha demostrado esos conocimientos previamente, y en muchos casos ya desarrolla funciones del grupo al que aspira a promocionar. Exige, además, que se dé cumplimiento a las sentencias que obligan a reconocer la participación en la promoción interna al personal del Servicio Exterior, excluido desde 2019 por una decisión arbitraria del Gobierno.

El sindicato concluye lamentando la falta de compromiso en la agilización de los procesos selectivos, ya que ni siquiera se mantiene la celeridad fijada en 2024, y otras medidas imprescindibles como la inmediata puesta en marcha de medidas para la jubilación parcial. 

Publicada la Oferta de Empleo Público 2025

OEP 2025

Hoy se publica en el BOE el Real Decreto 651/2025, de 15 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público (OEP) correspondiente al ejercicio 2025. CCOO no firmó la OEP 2025 porque, entre otros motivos:

• No genera empleo público, en 2024 tuvimos más de 12.000 bajas, y solo se ofrecen 16.500.
• Reduce las plazas para promoción interna, cuando en la mayoría de casos ya se realiza ese trabajo.
• No garantiza la cobertura de todas las plazas ofertadas en libre y en promoción interna.
• No hay OEP adicionales para nuevos servicios públicos (como Extranjería) o ámbitos muy deficitarios (Seguridad Social, SEPE, Instituciones Penitenciarias, Tráfico o la AEAT, entre otros).
• No se permite al personal público del Servicio Exterior participar en la promoción interna.
• No se garantiza que las OEP para jubilación parcial tengan financiación propia y no consuman tasa de reposición.

La OEP 2025 publicada hoy viene a debilitar aún más los servicios públicos, que necesitan un refuerzo decidido para garantizar los derechos de la ciudadanía.

Publicación en BOE de la OEP.

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 COMISIÓN TÉCNICA DE TEMPORALIDAD Y EMPLEO

CCOO exige garantizar los derechos y la integración de las personas con discapacidad en la AGE

CCOO exige garantizar los derechos y la integración de las personas con discapacidad en la AGE

Como venimos avanzando, el Gobierno trabaja en un proyecto de real decreto para el acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, que venga a sustituir al vigente real decreto de 2004 y con mucho contenido ya superado socialmente. Las dos cuestiones que hasta el momento suponen mayor conflicto son la alteración en la prelación para la selección de destino y la adaptación del puesto de trabajo.

La alteración en la prelación para la selección de destino supone una concurrencia de derechos de la persona con discapacidad y de la persona que accede por el cupo general. Teniendo en cuenta el escaso número de solicitudes de esta modificación, CCOO proponemos que se dupliquen las plazas cuando pueda producirse esta circunstancia, quedando garantizados por igual los derechos de las dos personas concurrentes.

En lo que se refiere a la adaptación de los puestos de trabajo, aunque pudiera producirse algún caso puntual que requiera más tiempo para llevarla a cabo, CCOO planteamos que se fije un período máximo de tres meses, salvo causa justificada. Este plazo parece más que suficiente, ya que es más amplio que el tiempo habitual para resolver adaptaciones por los servicios de prevención de riesgos laborales.

Junto a estos, otro aspecto esencial será determinar la composición y funciones de las unidades de inclusión, para hacerlas realmente útiles en todo lo relativo a la incorporación de las personas con discapacidad. A través de nuestro trabajo con estas compañeras y estos compañeros, sus familias y asociaciones, CCOO entendemos que estos colectivos tienen que formar parte de las unidades de inclusión, o al menos tener un contacto estrecho y permanente con las mismas. Esto debe ser extensible a la representación sindical.

CCOO venimos aportando propuestas para mejorar el texto inicialmente propuesto por Función Pública, dirigidas a lograr el pleno desarrollo de su trabajo de las personas con discapacidad en la Administración General del Estado, la garantía de cumplimiento de sus derechos laborales y su integración en las plantillas y en la sociedad.

 CCOO y UGT se concentran para exigir al Gobierno el cumplimiento íntegro de los acuerdos suscritos en la Función Pública

Cerca de 2.000 personas trabajadoras del ámbito de lo público se han concentrado ante el Ministerio de Hacienda, en Madrid, para exigir que se complete la ejecución del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI y del plan de choque para reducir la temporalidad. Han demandado asimismo la subida salarial correspondiente a este año y el establecimiento de la jubilación parcial para el personal laboral, así como su plena implantación para el funcionario y estatutario.

08/07/2025.

CCOO y UGT se concentran para exigir al Gobierno el cumplimiento íntegro de los acuerdos suscritos en la Función Pública

Bajo el lema ‘Es la hora. #CumpleLoPactado’, el Área Pública de CCOO y UGT Servicios Públicos han concentrado a cerca de 2.000 empleadas y empleados públicos en la puerta del Ministerio de Hacienda, en Madrid, para exigir al Gobierno el cumplimiento íntegro de los acuerdos suscritos en la Función Pública. En esta movilización, han demandado también que se inicie ya la negociación de la subida salarial para las empleadas y empleados públicos correspondiente a este año 2025.

En el transcurso de la protesta, las personas concentradas han hecho sonar las alarmas de sus teléfonos móviles y han coreado consignas para hacerle saber al Ejecutivo que a las empleadas y empleados públicos de este país les están sonando todas las alarmas, y que es la hora de empezar a avanzar en salario y derechos, porque ni la compleja aritmética parlamentaria ni el hecho de que no haya Presupuestos Generales del Estado para 2026 justifican la parálisis del Gobierno, que está en deuda con las plantillas públicas y no solo en lo estrictamente económico, que también. Al finalizar la concentración, ambas organizaciones han entregado el manifiesto en el Ministerio.

Según ha recalcado la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, “ya no caben más excusas” para no cumplir ya lo que está comprometido tanto en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, cuya vigencia finalizó en diciembre de 2024, como en el plan de choque para reducir la temporalidad, una lacra que, en el ámbito público, prácticamente duplica la del sector privado y supera el 28%. “La jubilación parcial anticipada de los laborales está bloqueada; es perentoria una transitoriedad que la haga posible”, ha añadido.

Por su parte, el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, ha recordado que la semana pasada se aprobó el abono del 0,5% pendiente de la subida salarial de 2024, que se cobrará con efectos retroactivos desde enero de ese año, pero ha subrayado que ese abono llegó tarde. “Esta concentración de hoy marca el inicio de unas movilizaciones que se sostendrán en el tiempo si no se atienden nuestras reivindicaciones. No descartamos ningún escenario: lo que queremos es conseguir lo que tenemos pactado”, ha subrayado.

Ambos han recordado, además, que estamos en julio y aún no se ha empezado a negociar el incremento salarial correspondiente a este 2025, lo que, a efectos prácticos, supone la congelación del sueldo de más de tres millones y medio de trabajadoras y trabajadores del ámbito público en todas las administraciones.

En lo relativo a empleo, el Gobierno central debe exigir que se cumplan los procesos de estabilización en todas las administraciones, y, en caso de que no se produzcan, establecer sanciones ejemplares a las administraciones, instituciones o empresas públicas que no lo hagan. Estos procesos de estabilización junto al establecimiento de la jubilación parcial contribuirán, destacan ambos sindicatos, a un imprescindible rejuvenecimiento de las plantillas públicas.

Además, se ha de implantar plenamente la carrera profesional en todas las administraciones públicas, garantizar el acceso a la promoción interna y a la movilidad y desbloquear la jubilación parcial del personal laboral y facilitar la plena implantación para el personal funcionario y estatutario. Asimismo, hay que mejorar los haberes reguladores del personal acogido al régimen de clases pasivas y solucionar de forma definitiva las pensiones del personal funcionario de este régimen.

Del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI aún quedan otras materias que no se han cumplido, como la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado, los compromisos adquiridos con el personal del Servicio Exterior o la plena implantación del modelo de clasificación profesional conforme al actual Marco de Cualificaciones Profesionales.

La transformación digital y medioambiental junto a la modernización de las administraciones públicas y las políticas de igualdad, son asignaturas pendientes de este país, y tienen un impacto directo en el empleo público, y, por ende, en la prestación de los servicios públicos, por lo que son materias que tienen que formar parte de un nuevo acuerdo.

Por ello, las dos organizaciones instan al Gobierno a culminar los acuerdos alcanzados con CCOO y UGT y a iniciar la negociación de uno nuevo, plurianual, que garantice un empleo de calidad y unas dignas condiciones salariales y de trabajo para los más de tres millones y medio de empleadas y empleados públicos.