CCOO exige la inmediata incorporación de la OEP de 2024

CCOO ha vuelto a insistir a la Dirección General de la Función Pública en la necesidad urgente de incorporar a las personas que han superado los procesos selectivos de la OEP de 2024 en la AGE. La constante falta de personal en la prestación del servicio público hace imprescindible la llegada de estos más de diez mil efectivos.

02/09/2025.

En los últimos años, en CCOO venimos insistiendo en la necesaria agilización de los procesos selectivos. Fruto de esta presión, se ha logrado comprometer la publicación de la convocatoria en el mismo año de la OEP y la resolución de la selección en un año desde la misma, así como la progresiva reducción de estos tiempos para permitir la incorporación del personal lo más cerca posible de la identificación de la necesidad.

Es más, los incumplimientos por parte de Función Pública y la negativa a continuar acortando estos plazos -ya prevista como parte de las exigencias de nuestro sindicato- entre otros, han tenido como resultado la no firma de CCOO del acuerdo de OEP 2025. Nuestra propuesta ha sido la de fijar la publicación de las convocatorias antes del 30 de noviembre de cada ejercicio y de disminuir el tiempo para la finalización de los procesos selectivos de 12 a 9 meses.

Cuando cualquier ciudadana o ciudadano puede comprobar la dificultad para obtener citas previas o ver resueltos sus expedientes, no parece que Función Pública se pueda permitir retrasar cuatro meses el curso selectivo de casi 2.600 personas aprobadas para el Cuerpo de Gestión. O que miles de opositoras y opositores lleven desde mayo esperando información sobre los procesos selectivos del Cuerpo General Administrativo, o desde junio y julio para los cuerpos de Técnicos Auxiliares de Informática y de Gestión de Sistemas e Informática o el Cuerpo General Auxiliar, respectivamente. O el irrisorio plazo de cuatro días para conocer las orientaciones en la valoración del cuarto ejercicio del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, del 28 de julio hasta las 15 horas del 1 de agosto.

Para CCOO es imprescindible dotar de celeridad y transparencia esta última fase de los procesos selectivos, publicando de manera inmediata la oferta de destinos y garantizando una rápida incorporación del personal. La ciudadanía, y la propia AGE, necesitan a este personal público cuanto antes.

CCOO ha exigido a la directora general de la Función Pública la reunión urgente de la comisión técnica de temporalidad y empleo, en la que tanto el INAP como Función Pública aclaren la situación actual a los sindicatos.

 Administración abierta, ¿para quien?

• No para las personas que han superado un proceso selectivo

Lamentamos nuevamente la mala praxis y falta de implicación por parte de la Dirección General de Función Pública con las personas que, tras superar un proceso selectivo de acceso a la Administración General del Estado, siguen manteniendo la incertidumbre y desinformación sobre la fecha de su posible incorporación y petición de destinos.

12/08/2025.

Exámenes

Miles de familias desesperadas ante las expectativas anunciadas por parte del Ministerio de Función Pública, en la resolución definitiva de toma de posesión prevista para el mes de julio, en el acceso al Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado.

Publicada la lista definitiva de personas que superaron las pruebas en el mes de marzo de 2025, y declarando inhábil el mes de agosto, estas personas continúan con la incertidumbre de cuándo, cómo y dónde accederán a sus puestos de trabajo, con las problemáticas personales que esta falta de implicación supone.

Desde CCOO dirigimos nuestra queja formal a la Dirección General de Función Pública, ante la falta de previsión sobre la elección de destinos y posterior toma de posesión, de los miles de personas que superaron el proceso selectivo para el Cuerpo General Administrativo de la AGE, con los daños colaterales que esta situación conlleva.

Solicitamos de manera urgente e inaplazable, que se adopten todas las medidas que se estimen necesarias para encauzar dicha situación, se publique información sobre la previsión cierta de solicitud de destinos e incorporación definitiva, que entendemos, debería situarse en la primera semana de septiembre, con el fin de evitar situaciones que redunden negativamente en la vida personal y familiar de miles de personas, que confiaron su futuro inmediato de acceso a un puesto de trabajo en la AGE, a una previsión fallida de resolución de dicho procedimiento en el mes de julio de 2025, anunciado por la DGFP.

 Que no te engañen con el Acuerdo de convocatorias para cubrir la jubilación parcial firmado por CSIF y UGT

Que no te engañen

El pasado 1 de abril de 2025 entraba en vigor el Real Decreto-Ley 11/2024, de 23 de diciembre, que modificaba determinados aspectos de la jubilación parcial con contrato de relevo (como la reducción de jornada hasta el 75% o el adelantamiento de la misma hasta 3 años de la edad ordinaria de jubilación, estableciendo que los contratos de relevo tengan un carácter indefinido y a tiempo completo, en consonancia con la reforma laboral del año 2021 y el cumplimiento del compromiso con Europa de reducción de la temporalidad.

El 28 de marzo de 2025 la Secretaría de Estado de Función Pública aprobaba una resolución con criterios orientadores para realizar contrataciones de relevo, autorizando una tasa de reposición de efectivos específica, como “mecanismo urgente” para las plazas destinadas a los relevos de la jubilación parcial y que era independiente de la OEP ordinaria anual 2025. Se concedió un plazo de 7 días hábiles a los 22 Departamentos ministeriales para que enviaran sus estimaciones sobre el número de trabajadores y trabajadoras interesadas en solicitar la jubilación parcial, a pesar de que la Administración puede cuantificar el número porque conoce la edad y los años de cotización de su personal.

En el mes de junio y sin que estuviera todavía aprobada la OEP extraordinaria de las 1000 plazas que ha estimado la Administración nos convocan para negociar las convocatorias de las plazas de relevo, un proceso de negociación que termina sin tener garantías de cuántas plazas se van a convocar y cuándo, sin concretar el límite temporal de los procesos selectivos vinculados a esta tasa, y firmando “un descuelgue de Convenio” o inaplicación del Art. 27.2 del IV Convenio, por parte de las organizaciones CSIF y UGT.

CCOO no avala tantos despropósitos y NO firma este Acuerdo que sólo recorta derechos y empeora las condiciones de trabajo de TODO nuestro personal laboral fijo:

1.- Porque la Administración no está actuando con urgencia en la aprobación de esta tasa específica, ni concreta la financiación de los contratos de relevo, por lo que recortará empleo público.

2.- Porque el Acuerdo no garantiza el derecho a la jubilación parcial de nuestro personal laboral fijo. Primero porque permite que haya cupos para acceder a la jubilación parcial y segundo porque la Administración está dilatando todo el proceso intencionadamente para que la mayoría de los solicitantes no puedan ejercer este derecho (finaliza julio sin aprobar la tasa especifica a pesar de ser un instrumento urgente, no quisieron negociar aún las especialidades, no hay compromiso de agilizar las convocatorias y Función Público se reservó en el Acuerdo un plazo de 6 meses para realizar las contrataciones de relevo, cuando la normativa establece un plazo general de 3 meses que incluso puede reducir aún más).

3.- Sin garantías y con una Administración que suele incumplir lo que firma, CSIF y UGT firmaron “aumentar el número de perjudicados” a la falta de voluntad de la Administración de cumplir la jubilación parcial, eliminando para el resto del personal laboral fijo su derecho al ascenso, a la movilidad y conciliación de vida laboral y familiar,descolgándose del Convenio,como si el concurso abierto y permanente que permite convocar 4 resoluciones al año y que acumula cientos de plazas desiertas fuese a garantizar una jubilación parcial “en tiempo y forma”.

CCOO continúa trabajando para garantizar la jubilación parcial sin perder derechos.

 MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

CCOO exige una negociación real para la AGE

Laboratorios de Innovación Pública

Ayer se reunió la Mesa General de Negociación (MGNAGE), que ha presidido la Secretaria de Estado de Función Pública y a la que hemos asistido CCOO, CSIF, UGT y CIG con el único orden del día de informarnos de la próxima implantación de la Estrategia denominada "Consenso por una administración abierta", una hoja de ruta transformadora para tener una Administración Pública del Estado de altas capacidades.

La transformación digital de la Administración Pública es uno de los objetivos del componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021.

El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública y la Secretaria de Estado de Función Pública, lideran este proyecto-Estrategia que nace en los laboratorios de Innovación Pública del INAP Hazlab y GobTechLaby en el que han participado 18 grupos de trabajos que han elaborado una serie de propuestas y los tiempos de ejecución.

Todas estas reformas se sostienen en el Real-Decreto Ley 6/2023 y abordan la planificación estratégica de los RRHH, el acceso al empleo público, la evaluación del desempeño la carrera profesional o el régimen jurídico de la dirección Pública profesional.

Todo el modelo de transformación de la Administración del Estado gira en torno a la implantación y desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) y la robotización para entre otras cosas, agilizar trámites administrativos y liberar horas de trabajo en tareas repetitivas, ocupando a esas empleadas y empleados públicos en otras tareas. Pero también para tomar decisiones, implantar políticas públicas a partir de los datos. Los nuevos perfiles profesionales, el equipo directivo saldrán de los datos que analice la IA.

Todas las reformas están condicionadas por los presupuestos que existan, y a través de un proceso participativo, que ha dejado al margen a las organizaciones sindicales, se han obtenido diversas conclusiones que evidencian que, se debe priorizar la planificación y la asignación de recursos, fomentar la participación ciudadana, definir indicadores claros que permitan la evaluación de los resultados, asegurar una coordinación de proyectos, incorporar la perspectiva de género, diversidad y la accesibilidad, así como, una mayor transparencia y rendición de cuentas.

CCOO entendemos que se están abordando cuestiones muy importantes para el personal de la AGE y la eficiencia de los servicios públicos.

CCOO estamos a favor de la modernización de la Administración, pero todos estos cambios no se pueden hacer de espaldas a las trabajadoras y trabajadores públicos porque son el eje vertebrador que garantiza los servicios públicos. Hemos defendido que las cuestiones que plantea la Administración, afectan a las condiciones de trabajo y deben ser objeto de negociación colectiva, que no puede volver a pasar lo que pasó con el RD-Ley 6/2023, impuesto sin negociar.

Desde CCOO somos conscientes del calado estructural de las medidas que avanza la Administración y por ello, por derecho, queremos negociar entre otras cuestiones:

• Impacto en el acceso a la Función Pública de la inclusión del máster dentro del proceso selectivo para los grupos A1 yA2
• Garantías del mantenimiento de la universalidad de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el derecho de acceso a la Función Pública
• Impacto y control de algoritmos en la implantación de la IA generativa.
• Garantías de respeto a las funciones y destinos del personal de carrera afectado por la implementación de las áreas funcionales.
• Medidas de reforzamiento del empleo y los servicios públicos
• Garantías para el derecho al acceso personalmente a los servicios públicos de toda la ciudadanía, eliminando todas las brechas generadas por la digitalización

Nos encontramos ante un cambio de modelo de la Función Pública que debe de articular el consenso desde el respeto a un principio democrático fundamental como es el de la negociación colectiva.

Desde CCOO exigiremos que los pasos que la Administración dé a partir de ahora, se orienten en esta dirección, con un compromiso firme de defensa de los servicios públicos y del personal que los sostiene.

CCOO advierte de que la OEP para la Administración General del Estado hace peligrar la prestación de servicios públicos

El sindicato rechaza la propuesta del Gobierno porque apenas cubrirá las más de doce mil bajas del año pasado en la AGE y no permitirá garantizar mediante la promoción interna la adaptación a las necesidades de la ciudadanía de las funciones realizadas por el personal público que ya presta servicio. Señala la falta de soluciones para el alto número de plazas desiertas, casi cinco mil en 2024.

CCOO señala la incoherencia de la Oferta de Empleo Público para la Administración General del Estado aprobada ayer por el Consejo de Ministros y publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado. Apunta a que no se pueden establecer comparativas respecto a 2024 porque venimos de un número de bajas muy superior, y por tanto la relación de plazas ofertadas también debe serlo.

Denuncia que la mayor demanda de servicios públicos y el aumento de la población receptora de los mismos incrementa el reto de la Administración General del Estado para la prestación de estos servicios. En este sentido, la baja oferta de puestos para recuperar personal pone en riesgo la garantía de estos derechos de la ciudadanía.

Así, el sindicato venía apuntando durante el proceso de negociación en que para mantener el esfuerzo del año pasado, con algo más de 17.700 plazas para 8.000 bajas en 2023, tendría que plantearse una oferta de unas 26.400 para 12.015 bajas en 2024. Una relación proporcional que tendría que venir acompañada de otras medidas para garantizar la promoción interna de todo el personal o la cobertura de la totalidad de los puestos ofertados, entre otras.

Apunta a la necesidad de dotar de personal a los nuevos servicios públicos creados por la normativa, como recoge la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y que sería clave en servicios como Extranjería, con más de un millón de expedientes pendientes de resolución, o Justicia, donde deben dotarse de carácter estructural los 31 nuevos juzgados creados en este período. Señala también a organismos con alto número de vacantes o jubilaciones previstas, como la Seguridad Social, el SEPE, las Instituciones Penitenciarias, la Dirección General de Tráfico o la Agencia Tributaria, entre otras.

Respecto a la promoción interna, CCOO insiste en avanzar en la reducción de temarios y ejercicios en las pruebas selectivas, porque el personal ya ha demostrado esos conocimientos previamente, y en muchos casos ya desarrolla funciones del grupo al que aspira a promocionar. Exige, además, que se dé cumplimiento a las sentencias que obligan a reconocer la participación en la promoción interna al personal del Servicio Exterior, excluido desde 2019 por una decisión arbitraria del Gobierno.

El sindicato concluye lamentando la falta de compromiso en la agilización de los procesos selectivos, ya que ni siquiera se mantiene la celeridad fijada en 2024, y otras medidas imprescindibles como la inmediata puesta en marcha de medidas para la jubilación parcial. 

Publicada la Oferta de Empleo Público 2025

OEP 2025

Hoy se publica en el BOE el Real Decreto 651/2025, de 15 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público (OEP) correspondiente al ejercicio 2025. CCOO no firmó la OEP 2025 porque, entre otros motivos:

• No genera empleo público, en 2024 tuvimos más de 12.000 bajas, y solo se ofrecen 16.500.
• Reduce las plazas para promoción interna, cuando en la mayoría de casos ya se realiza ese trabajo.
• No garantiza la cobertura de todas las plazas ofertadas en libre y en promoción interna.
• No hay OEP adicionales para nuevos servicios públicos (como Extranjería) o ámbitos muy deficitarios (Seguridad Social, SEPE, Instituciones Penitenciarias, Tráfico o la AEAT, entre otros).
• No se permite al personal público del Servicio Exterior participar en la promoción interna.
• No se garantiza que las OEP para jubilación parcial tengan financiación propia y no consuman tasa de reposición.

La OEP 2025 publicada hoy viene a debilitar aún más los servicios públicos, que necesitan un refuerzo decidido para garantizar los derechos de la ciudadanía.

Publicación en BOE de la OEP.

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